Fuente: Daniel Politi | The New York Times
Fecha: 30 de NOV 2018
Cuando se planeó que Argentina fuera el país anfitrión de los jefes de Estado de las principales economías del mundo en la cumbre del G20, el gobierno vio la reunión como una oportunidad de oro para mostrar a la nación como estable y próspera
No obstante, cuando los líderes mundiales lleguen a Buenos Aires el 30 de noviembre, encontrarán un país que atraviesa una severa recesión y que ha sido sacudido por una racha de incidentes relacionados con la seguridad.
Entre ellos el ataque a los futbolistas de Boca Juniors, por parte de un grupo de hinchas violentos de River Plate, que sucedió el fin de semana pasado, una amenaza de bomba hecha por activistas veganos y el reciente arresto de un par de hermanos en Buenos Aires por ser sospechosos de tener nexos con Hezbolá, el movimiento libanés.
Mientras tanto, las huelgas de empleados públicos han ocasionado la cancelación de varios vuelos esta semana y han complicado la transportación en gran parte del país.
Así que mientras los funcionarios del gobierno buscan reforzar la seguridad en la mayor parte de la capital antes de la cumbre, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, les aconsejó a los casi 2,9 millones de residentes de Buenos Aires “que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”.
Esa recomendación fue incongruente con la gran esperanza que el gobierno argentino expresó hace un año cuando asumió la presidencia del G20. “Un mundo donde inspiramos confianza porque estamos en el camino correcto”, dijo en ese entonces el presidente Mauricio Macri.
Después de los doce años de gobiernos de izquierda liderados por los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, Argentina cayó en el impago de su deuda externa, lo que ahuyentó a los inversionistas y cultivó vínculos cercanos con China y Rusia conforme se distanciaron las relaciones con Estados Unidos.
Desde su elección en 2015, Macri, un político de centroderecha, ha buscado restaurar la confianza de los inversionistas al controlar el gasto público. También ha cambiado el curso de la política exterior de Argentina al retomar las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Además, se ha esforzado para posicionar a Argentina como un país prominente en debates globales en temas como el cambio climático, la migración y la política comercial.
“Pasamos de estar fuera del mundo” a tener la responsabilidad de planear el G20, dijo Macri el año pasado. “Hay que convertir todo esto en nuevas oportunidades para el país”.
En cambio, los líderes de las economías más grandes del mundo llegarán a un país que enfrenta muchas dificultades, particularmente con su economía, las cuales han contribuido a un desplome de los índices de aprobación de Macri.
Conforme la moneda argentina se devaluó estrepitosamente hace unos meses, Macri tomó la difícil decisión de solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, tan solo meses después, ese préstamo tuvo que ser aumentado.
Todavía, sin muchas buenas noticias que presumir, los funcionarios argentinos realizan grandes esfuerzos para lograr una cumbre ordenada.
El gobierno está desplegando a veintidós mil integrantes de las fuerzas de seguridad y cierra grandes áreas de la capital para proteger a los jefes de Estado visitantes y a sus delegaciones. La ciudad de Buenos Aires declaró el viernes como día festivo para disminuir el tráfico y alentar a la gente a salir de la ciudad.
Los funcionarios están conscientes de los disturbios que estropearon la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado. Los grupos críticos de la globalización y el capitalismo incendiaron autos, saquearon negocios y se enfrentaron a la policía en confrontaciones que dejaron cientos de heridos y que ocasionaron la detención de más de cuatrocientas personas.
La reunión de este año ocurre durante un periodo de considerable descontento social en Buenos Aires, donde los manifestantes y los bloqueos callejeros se han convertido en un hecho cotidiano. Además, diciembre ha sido históricamente un mes en el que este tipo de protestas se tornan violentas, particularmente en momentos de problemas económicos.
La recomendación de salir de la ciudad durante el evento fue recibida con indignación por los argentinos, que luchan para hacer rendir el dinero en medio de una creciente inflación.
“¿Apenas tengo suficiente dinero para alimentos y ella quiere que salga de la ciudad?”, dijo Paula Valladares, de 46 años, una especialista en el cuidado de personas mayores. “Necesito trabajar. Si no trabajo, no como”.
Quienes intentaron acatar la recomendación encontraron algunos problemas el 26 de noviembre porque todos los vuelos de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas fueron cancelados debido a una huelga de los trabajadores.
La mañana del 27 de noviembre, todo el transporte público paró sus actividades durante tres horas debido a otra huelga.
Incluso antes del ataque del fin de semana al autobús que transportaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio —en el que varios futbolistas resultaron heridos, lo que llevó a la suspensión de una final muy esperada que ahora tendrá que realizarse fuera del país— la ciudad estaba intranquila después de que amenazas de bomba condujeran al desalojo de la Embajada de Estados Unidos, el Senado, un banco, un hospital y el aeropuerto regional.
Todas resultaron ser falsas alarmas.
No obstante, hace unas semanas, un grupo de anarquistas veganos fueron acusados de dejar un artefacto explosivo en el cementerio de la Recoleta, donde se encuentran sepultadas varias figuras importantes de la historia argentina, incluida la ex primera dama Eva Perón.
Una de las personas implicadas resultó herida cuando el dispositivo aparentemente detonó de manera prematura. El gobierno también culpó a un grupo anarquista por una bomba casera fue lanzada al hogar de un juez.
Otro episodio inusual que llegó a los encabezados fue el arresto a mediados de noviembre de dos ciudadanos argentinos acusados de tener vínculos con Hezbolá. Sus familiares negaron que ambos hombres, de 23 y 25 años, fueran terroristas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de derechos humanos de Argentina, afirma que el gobierno ha usado la cumbre del G20 como una “excusa para endurecer aún más su discurso contra la protesta social y las manifestaciones callejeras y para exagerar su guerra contra el terrorismo“.
Organizaciones que planean la protesta principal contra el G20, que se realizará el 30 de noviembre, afirman que están seguros que las medidas para resguardar la ciudad afectarán la participación. Sin embargo, aún esperan una gran asistencia en una marcha que terminará en el Congreso —ubicado a casi 5 kilómetros de donde los líderes más poderosos del mundo estarán reunidos—.
En la ciudad, muchas personas ya desean que todo el asunto se acabe.
“Tenemos un país tan grande, ¿por qué tenían que venir aquí?”, se preguntó Esteban Torres, un empleado minorista de 31 años. “Como si la vida en esta ciudad no fuera lo suficientemente difícil”.