Fuente: Tali Goldman | Nuestras Voces
Fecha: 19 de MAYO 2017
Un grupo de especialistas de Naciones Unidas recorrió el país para analizar los casos de detenciones injustificadas. Denunciaron la persecución de minorías, la represión policial en las marchas de pueblos originarios y la detención arbitraria de Milagro Sala. Ayer presentaron el informe preliminar.
El Gobierno nacional tuvo otro trago amargo en materia de Derechos Humanos. Todavía masticando la masiva marcha, consecuencia del polémico fallo de la Corte por el 2×1, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria se mostró “preocupado” por la situación de privación de la libertad en Argentina. Es paradójico, porque es el propio gobierno de Mauricio Macri el que invitó a este grupo de expertos de la ONU, que estuvo diez días recorriendo el país y se llevó nada menos que una pésima evaluación.
Si bien el informe preliminar que se presentó ayer en una conferencia de prensa no hace mención explícita a la situación particular de Milagro Sala, casi el cien por cien de las preguntas de los medios nacionales e internacionales hicieron foco en eso. Sin dejar la diplomacia de lado, y sabiendo que todos los cañones apuntarían a ese caso, los especialistas en derechos humanos Sètondji Roland Adjovi, de Beni y Elina Steinerte, de Letonia ratificaron que la Opinión 31 emitida en octubre de 2016 según la cual el Estado Nacional debe liberar en forma inmediata a Milagro Sala no está sujeta a revisión y debe ser cumplida. Y aclaró que en el caso de que eso no suceda se va a reflejar en el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“El Grupo de Trabajo tiene la intención de continuar el diálogo constructivo con el Gobierno respecto de los temas presentados en el informe”, advirtieron. Es decir, si bien lo que recomienda este grupo no es de carácter vinculante, se espera que si el país ofició de anfitrión, es porque le otorga la envergadura que le merece.
Por eso, los expertos remarcaron constantemente durante la conferencia de prensa que dieron ante medios nacionales e internacionales, que no tienen dudas de que el Gobierno tomará nota del informe.
El Informe preliminar
Las observaciones que se presentaron ayer —y que también se entregaron al Gobierno— constituyen los hallazgos preliminares ya que el informe propiamente dicho se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en su período de sesiones en septiembre de 2018.
Del 8 al 18 de mayo ambos expertos mantuvieron reuniones con autoridades federales y provinciales y además con un amplio espectro de representantes de la sociedad civil. Pasaron por la Capital Federal, la Provincia de Buenos, Chubut y Jujuy. Fueron a diecinueve centros de privación de la libertad y se entrevistaron con 200 personas alojadas en las cárceles: una de ellas fue Milagro Sala.
En primer lugar, sostuvieron que “aquellos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad como los niños, el colectivo LGTBI, los pueblos indígenas y los migrantes tienen mayor probabilidad de ser detenidos por la policía por la sospecha de haber cometido un delito o ‘demorados’ para verificar su identidad”. Y agregaron: “Resulta particularmente alarmante la respuesta desproporcionada de las fuerzas del orden, ante las manifestaiones realizadas por los pueblos indígenas”.
Por otro lado, y este es otro de los puntos en el que hicieron el mayor hincapié es en el “exceso de prisión preventiva, con un 60 por ciento de los detenidos en esta categoría”. Por caso, en el informe preliminar explican incluso que “la cifra es superior en algunas de las instituciones visitadas por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, el 75% de las personas detenidas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza lo estaba en calidad de prisión preventiva”.
Además, el Grupo de Trabajo notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años en prisión preventiva, incluso hasta diez años.
Otra observación tuvo que ver con la cantidad de menores de edad en las cárceles: “Recibimos testimonios de casos de privación de la libertad y maltrato de menores de 16 años por parte de las fuerzas de seguridad”. En se sentido, al Grupo de Trabajo le resultó alarmante recibir manifestaciones sobre el supuesto uso de celdas de aislamiento o castigo en algunos establecimientos carcelarios. Durante una de las visitas in situ realizadas, encontraron una celda pequeña, sin ventanas y barrotes en la puerta.
También les llamó la atención la privación de la libertad en el contexto de protestas sociales y públicas por parte de miembros de distintas comunidades, entre las que se incluyen pueblos indígenas, sindicatos y movimientos políticos y sociales.
En relación con la detención de migrantes, el Grupo lamentó la “adopción» del DNU 70/2017 que modificó las disposiciones de la Ley sobre Política Migratoria Argentina y eliminó salvaguardas importantes. “La detención de migrantes debe ser excepcional y puede justificarse únicamente si persigue un fin legítimo, es proporcional además de necesaria y cuenta con el control judicial apropiado”, concluyeron.
Las consecuencias
“Por un lado el derecho internacional se desarrolla no a partir de una sanción sino que se construye a partir de una relación de buena fe. Y el dato que destaca el Grupo de Trabajo es que es Argentina quien los invita”, explicó a Nuestras Voces Diego Morales, director del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Eso es muy importante porque no es una comisión que llega de la nada y decide criticar la Argentina. Fue el propio Estado el que pide que se que le haga una evaluación. Entonces es muy difícil que Argentina no cumpla con las recomendaciones que hicieron”.
Por su parte, la abogada de Mialgro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, indicó a este portal que “las consecuencias de no cumplir son en términos diplomáticos, es decir que el Estado Argentino sea considerado un país que incumple compromisos internacionales. Cada vez que un representante de Argentina participe de un foro puede ser interpelado por el resto de los estados y por el sistema universal”. Y agregó: “En la última década Argentina ha sido vanguardia en el respeto por los Derechos Humanos en relación a los compromisos tanto al sistema universal como al sistema interamericano de Derechos Humanos, por eso preocupa este grave retroceso que estamos viviendo en el último año y medio».
