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Fuente: Ricardo Ragendorfer | Revista Zoom Fecha 22 de FEB 2018 La política de comunicación del macrismo se basa en los mágicos principios de la “posverdad”, que privilegia el impacto emotivo de una información en desmedro de su veracidad. Fiel a esa tesitura –y con aproximadamente 400 mil personas movilizadas en la avenida 9 de Julio–, el Poder Ejecutivo hizo de cuenta que el miércoles nada había ocurrido. Para acentuar tal impostura hasta envió a sus principales funcionarios a recorrer los canales de TV. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue uno de los más activos. “La sociedad no quiere marchas, no quiere paros. Y necesita que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien a la Argentina”, supo decir ante todo micrófono que tuvo a tiro. El nieto pródigo del ideólogo desarrollista no era el de siempre. Venía de una semana difícil. El domingo había tenido que huir precipitadamente del Monumental, en medio del encuentro entre River y Godoy Cruz,  justo cuando miles de gargantas homenajeaban a la señora Alicia Blanco Villegas, madre del Presidente de la Nación. Y el lunes, durante la inauguración del restaurante instalado en un vagón en desuso por la luchadora social del PRO, Margarita Barrientos, el deck se derrumbó bajo sus pies y fue a parar al suelo junto con su protegida. Este episodio fue descripto por algunos analistas como una metáfora de la situación que en la actualidad atraviesa el oficialismo. Ya no es novedoso decir que la alianza Cambiemos dilapidó la fortaleza pública que supo exhibir en las elecciones legislativas de octubre a raíz de decisiones tan desgraciadas como la reforma previsional –con el consiguiente desborde represivo durante su escandalosa aprobación parlamentaria– y contingencias de la magnitud del affaire protagonizado por el ministro Jorge Triaca con su ex casera familiar. Pero a semejante panorama ahora se suma otra señal: el quiebre progresivo de su frente interno. Algo alarmante para un régimen basado en la coalición entre los medios monopólicos, los partidos de derecha, los sectores más poderosos del Poder Judicial y los capitanes de la economía concentrada. Absolución en tono de falsete Apenas cinco meses transcurrieron desde el 17 de agosto, cuando una obscena maniobra efectuada por operadores del PRO en el Consejo de la Magistratura –que incluyó la eyección previa de un miembro opositor y la calculada demora del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en tomarle juramento a su reemplazo– bastó para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler. El hecho en sí fue un aviso a sus pares y, por ende, una demostración del control gubernamental sobre los otros poderes del Estado. Sin embargo, algo cambió: en las últimas semanas los tribunales fueron un semillero de fallos adversos a los deseos presidenciales. Jueces de primera instancia, camaristas e integrantes del fuero federal se plegaron a esta oleada. Y hasta la ultraconservadora Asociación de Magistrados se atrevió a reprochar ciertas ansias jurídico-políticas de la Casa Rosada. Cabe destacar que algunos de tales caprichos también fueron contrariados por referentes del oficialismo y por comunicadores alineados al Gobierno. Una tendencia critica que comienza a extenderse como una mancha venenosa. El primer signo de este fenómeno sucedió durante la primera mañana de febrero al convertirse Mauricio Macri en el primer presidente constitucional que recibe en su despacho a un policía acusado de “homicidio por exceso de la legítima defensa”. En aquella ocasión bendijo al suboficial Luis Chocobar con las siguientes palabras: “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”. El aludido se sonrojó. Patricia Bullrich lo observaba con una expresión entre cariñosa y comprensiva. Ella sabía que el asunto causaría el beneplácito de un notable segmento del espíritu público. Y que las palabras del mandatario eran un mensaje para el juez Enrique Velázquez, quien había procesado al matador. Un duro golpe para las pulsiones punitivas de Macri fue que la Sala IV de la Cámara del Crimen –integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Mariano González Palazzo y Marcelo Lucini– dispusieran un cambio en la calificación legal: el efectivo quedó procesado por “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento del deber”. Algo atónito, el Presidente entonces sólo dijo: “Como ciudadano, no entiendo cómo la Justicia dice que se excedió”. A esa altura Bullrich ya había instalado el tema de la “nueva doctrina”, un eufemismo que alude a la licencia policial para matar. Y fue nada menos que el dirigente radical –y miembro de Cambiemos–, Ricardo Gil Lavedra, quien salió al cruce de tan peligrosos disparates: “Hay que tener en claro que una mayor represión no trae seguridad sino violencia e inseguridad el conjunto de la gente”. Esa fue la opinión que vertió en varias entrevistas radiales y en una columna publicada por el diario La Nación. El asunto también mereció críticas por parte de columnistas orgánicos del macrismo, como Marcos Novaro y Pablo Duggan. De modo que la “insubordinación” de los mencionados integrantes de la Cámara del Crimen –quienes no se caracterizan por sus fallos “garantistas”– y la opinión de Gil Lavedra, junto a los cuestionamientos de ambos periodistas, iniciaron la corriente de disidencias conceptuales en una estructura partidaria hasta entonces asentada en el verticalismo impuesto por su líder. Los pasos perdidos A partir de entonces las fricciones internas comenzaron a sucederse con una inusitada frecuencia. Uno de sus ejes fue el bochornoso pedido de absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, además del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, en el alegato del abogado José Console, que representaba al Poder Ejecutivo en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA. Este salvataje –ordenado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, por deseo de Macri y la supervisión de la vicepresidente Gabriela Michetti– se explica por la cercanía de dicho trío con el PRO, al punto de que, por ejemplo –según reveló Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la Luna–, la señora Silvina Rivarola O’Connor, casada con Barbaccia, es una íntima colaboradora de Garavano en el organigrama ministerial. Los efectos

Fuente: José Cornejo y Daniel Galvagno | APU Fecha: 20 de FEB 2018 El constitucionalista Eduardo Barcesat analizó las declaraciones del ex presidente de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien dijo «quería que este gobierno se fuera lo antes posible». Al respecto, reflexionó sobre el estado de las instituciones nacionales. AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina de las recientes declaraciones de Raúl Zaffaroni? Eduardo Barcesat: Hay que hacer un diagnóstico económico y otro político institucional. En lo económico se advierte que el plan ineluctablemente ha fracasado. No hay crecimiento ni “pobreza cero”. Estamos endeudados en una cifra ya superior al 50% del PBI. Recordemos que cuando se provocó la crisis en 2001 era el 46 %. Se achica el déficit fiscal pero contrayendo deuda en condiciones ruinosas con una entrega de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional y renunciando a toda forma de reclamo. ¿Y en el aspecto institucional? La parte institucional no le va en saga en cuanto a derrumbe del estado de derecho. Desde el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) (que quiso imponer dos jueces de la Corte Suprema) ya se demuestra que este gobierno iba a manejase de manera autocrática. Además de los DNU están los decretos simples. ¿Por qué? Es la picardía de las cacatúas togadas que asesoran al gobierno. Los decretos han abordado las cuatro materias que están taxativamente prohibidas por la Constitución: lo penal y procesal penal; lo tributario; el régimen de partidos políticos y el régimen electoral. Lo hacen por decreto simple para evitarse el control del Congreso. ¿Los decretos simples también exceden las temáticas vedadas? Peor, exceden y ni siquiera tienen intervención del Congreso. Pongo como ejemplo paradigmático el decreto en emergencia de la seguridad pública, de 2016, que modifica figuras y procedimientos penales, reinstala la pena de muerte a través de la Ley del Derribo. El bautismo de fuego fue el hundimiento de aquel pesquero chino, lo mandaron a pique con 38 personas a bordo. Cuatro fueron rescatados por el destructor que lo hundió y 34 por otro pesquero chino. Pudo haber sido un incidente internacional de lo peor. El 10 de enero, el gobierno firmó un DNU llamado megadecreto de 192 artículos. Deroga y modifica leyes vigentes. Al respecto, la Constitución señala en el artículo 99 inciso 3: «El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo». Uno hubiera deseado que algún fiscal hiciera la denuncia. ¿Usted hizo la denuncia? El Dr. Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados y yo. El 1 de febrero la denuncia empezó a moverse, dado que el fiscal Ramiro González pidió medidas antes de ver si acusa. Además el ministro de Justicia Germán Garavano y su equipo incurrieron en prevaricato, es decir, han firmado el decreto a sabiendas que está en contra de la Constitución. Bueno este quiebre de la división de poderes significa que hemos abandonado el Estado de derecho. ¿No hay Estado de derecho en Argentina? No. La piedra fundamental del Estado de derecho, desde los padres de la Constitución de EE.UU. para acá es la división y el respeto del sistema de contrapesos entre los poderes. Esto está en la obra de Montesquieu. Lamentablemente la división de poderes ha sido afectada y también está afectado el Poder Judicial. Esto está confeso por el presidente (Mauricio Macri) cuando dice «necesitamos jueces que nos representen». Es decir, pide que sean hombres que trabajen para este gobierno. Ahora mire la ley 27, por el número se dará cuenta que fue sancionada casi inmediatamente posterior a la reforma de 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Esa ley establece taxativamente que el deber primero de los jueces es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los actos de los otros poderes. Los tres primeros artículos de esa ley siguen vigentes. Entonces los que critican al gobierno, o piden que se vaya, no son destituyentes o sediciosos, lo que hacen es denunciar la conducta destituyente del propio gobierno. Porque quien ha generado la perdida de funcionalidad constitucional es el gobierno. Observe también el artículo 36 del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, uno de cuyos párrafos dice: “todos los habitantes de la Nación argentina tienen derecho a resistir los actos de violencia institucional de gobierno”. El argumento del gobierno es “dado que a nosotros nos votaron, ustedes no pueden criticarnos, de lo contrario son golpistas”. También votamos diputados y senadores y otras autoridades locales pero a todos ellos les exigimos con la misma vara es decir cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Caracterizaría esto como una dictadura? Esto lo puse en los escritos que presentamos en sede judicial: si me gobiernan de una forma distinta a la que establece la Constitución, tengo que decir esto es un Estado de excepción. Recordemos además que las dictaduras más temibles llegaron con voto popular, el nazismo, a Mussolini. Otro de los argumentos mediáticos es que “los kirchneristas que violaban la Republica ahora exigen observancia”. Los tres gobiernos kirchneristas han sido respetuosos a la observancia de la división de poderes. Pecaron de déficit, de no introducir una reforma para controlar uno de los poderes que no es representativo ni republicano, el Poder Judicial. Mi crítica es que hay que pensar primero en la Constitución Nacional, no hacer parches. Por ejemplo, se introdujo un nuevo Código Civil y Comercial, cuya parte civil es bastante buena en lo que hace a la persona y cuestiones de familia. Pero en lo que hace a la parte económica, es deplorable, la postura de (Dalmacio) Vélez Sarsfield es de patriota frente al texto actual. No se pueden revisar los laudos arbitrales, ya sean nacionales o de organismos internacionales, entre los que está el CIADI, la Bolsa de Comercio de Londres o de Nueva York. Lo desvío: ¿qué opina de esos organismos? Yo fui asesor de la Procuración del Tesoro de 2011 a 2015. Fui a la mayoría de las

Fuente: Enrique de la Calle | Ag. Paco Urondo Fecha: 07 de FEB 2018 El antropólogo Alejandro Grimson dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la situación de la oposición al macrismo. «La unidad es posible si quienes participen aceptan que la discusión programática está antes que el debate por la conducción política». APU: ¿Cómo ve el debate en torno a la unidad de la oposición al macrismo? Alejandro Grimson: Desde que asumió Mauricio Macri veo un gran proceso de movilización social por diferentes temas: violencia contra las mujeres, trabajo, reforma previsional, derechos humanos, contra los tarifazos, etc. Han habido movilizaciones muy importantes protagonizadas por sectores muy diversos de la sociedad. Ninguna de esas movilizaciones fue de un solo sector político. Tampoco en el caso de las últimas, contra la reforma previsional. Confluyeron allí muchos actores que van más allá del peronismo, sea de la izquierda clásica o popular, y también «independientes», que no se definen políticamente. APU: En principio, ¿todos se definen opositores al macrismo? AG: Lo defino como oposición al neoliberalismo, sea la variante macrista o cualquier otra. Son movilizaciones contrarias a cualquier intento de restauración en ese sentido y buscan garantizar derechos. Ahí hubo unidad. Uno de los cantos más impresionantes en las últimas marchas fue «unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode». Ese fue un cantito que estuvo muy presente y tiene que ver con un deseo extendido: la idea de que la unidad que está en las calles tenga una representación política. Pasa que por ahora ningún sector político puede representar esa diversidad. Ahí aparece el primer problema: ¿es posible representar políticamente a la unidad que hay en las calles? Creo que es posible pero todo el mundo que participe de esa unidad debe aceptar que la discusión programática está antes que el debate por la conducción política. Primero debe haber unidad programática, que exprese la diversidad de reclamos que hay en las calles. APU: ¿Cree que el macrismo también leyó ese nivel de movilización existente en la sociedad, y por eso se inclinó por el «gradualismo» antes que por ajuste más ortodoxo? AG: Sí, porque el macrismo antepone la política a la economía. Por eso está tan preocupado ahora por las encuestas que circulan. Tienen en claro sus objetivos económicos pero también quiere ganar elecciones. Eso se le complicó en diciembre pasado. Hasta el momento funcionó así Cambiemos. APU: Hay que ver hasta cuándo puede anteponer la política a la economía… AG: Claro, porque eso depende de factores internos y externos, vinculados a las tasas y a la situación financiera internacional. De cualquier modo, se trata de procesos que están abiertos, hay que ver qué pasa con las paritarias de este año, donde la respuesta de la opinión pública también va a ser dispar a ese proceso. Por eso digo que la situación está abierta. El Gobierno salió golpeado del debate previsional y ahora sumó otros temas como lo de Triaca, el ARA San Juan, Etchevehere. APU: Vuelvo a la pregunta por la unidad: ¿Usted piensa en una unidad que trascienda al peronismo? AG: Hay que construir un gran frente contra el neoliberalismo. En ese marco, puede haber sectores minoritarios del peronismo que queden afuera o subordinados a ese programa. Es muy difícil que sectores tradicionales de la izquierda se integren por su propia concepción política. Eso lo sabemos. Eso es así. Pero es importante invitar a todos los sectores. APU: Analizó recién las movilizaciones de resistencia contra el neoliberalismo. ¿Por qué cree que ese programa neoliberal mantiene importantes niveles de adhesión?  AG: Hay varios elementos para explicar por qué el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015. Por un lado, está la explicación más clásica, que tiene que ver con los factores de poder. La restricción externa, el poder de los medios, la Justicia, etc. Más allá de esos análisis hay otros elementos. En 2013, escribí en Página 12 que de seguir así en términos políticos se podía perder. Porque entendí que no se puede gobernar sin construir hegemonía, sin articular alianzas, sin ampararse en una base social más heterogénea. A todos los poderes reales que ya conocemos hay que sumarle esos errores políticos. Si eso no se entiende caemos en el problema de volver a repetirlos. No se pueden discutir las diferencias políticas en términos morales. El otro que piensa diferente no es un traidor. Eso tiene que ver con el bajo nivel de muchos cuadros políticos. APU: ¿Ese quiebre político es responsabilidad de los cuadros políticos o por detrás hay una fractura social que explica esas diferencias? AG: Si nos quedamos solo con el análisis de los liderazgos políticos no entendimos nada. Lo digo mirando para adelante: la unidad se construye no tanto sumando dirigentes diversos como construyendo una alternativa de gobierno. Para eso hay que recorrer un largo camino. Mirado hacia atrás surge ese balance: si no era Sergio Massa hubiese sido otro, como lo fue Francisco de Narváez. Los procesos siempre son más profundos, no tienen que ver con un nombre. El kirchnerismo terminó perdiendo en muchas ciudades de todo el país. Y tampoco tiene que ver solo con el kirchnerismo: eso pasó en toda la región. Como sea, me parece que 2011 fue un año clave, porque el error de caracterización del 54% fue devastador para la gestión política del Frente para la Victoria. Fue un error interpretar ese 54% como voto kirchnerista. Por definición, si uno saca ese porcentaje siempre se trata de un voto diverso. Ahí abajo hay muchas cosas. Pasa lo mismo con el 51% que sacó el macrismo. Ningún proyecto político construye una mayoría homogénea. APU: Como cierre: ¿usted coincide con aquellos que sostienen que la unidad se va a dar antes en las calles que en la superestructura política? AG: La unidad en las calles va a seguir. Hay que ver si la dirigencia política logra representar esa unidad que se da en las calles y que es diversa, o será que esa unidad busca sus propios representantes políticos. Lo mejor que