Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino
Fecha: 19 de julio de 2020
El país atraviesa una situación de emergencias y lo que domina es la coyuntura, aunque no hay que dejar de pensar en políticas que posibiliten una recuperación más rápida en la pospandemia.
En la semana se empezó a tratar en comisión en la Cámara de Diputados, a partir de la situación generada por el Covid-19, el proyecto de ampliación de la moratoria establecida en diciembre del año pasado. Es una medida absolutamente necesaria tanto para aliviar la situación de hogares y empresas, fundamentalmente PyMEs, como del fisco, en un marco en el que los recursos no abundan. Es poner los “relojes tributarios en cero”.
La moratoria va en la línea con otras herramientas que se están implementando para relajar las restricciones de liquidez de las empresas y los hogares, como el congelamiento de tarifas, el IFE o el ATP. Es necesario verla dentro de un contexto determinado, para no perder la perspectiva y no caer en discusiones que buscan apartar el foco de lo que es importante. Son medidas frente al reconocimiento de una situación de emergencia, en la que no se avizora aún el final a nivel global, al menos hasta que se encuentre y distribuya una vacuna, algo que bajo las reglas actuales de mercado no está garantizado.
Según la CEPAL, la caída de la actividad económica es tan significativa que llevará a que el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en 2010. En particular, la CEPAL señala que en América Latina podrían cerrar cerca de 2,7 millones de empresas formales, siendo las MiPyMEs las más afectadas. También prevé un aumento mayor del desempleo, que incrementará los niveles de pobreza y desigualdad.
Naturalmente los países más afectados son aquellos que arrastraban importantes vulnerabilidades previas. Argentina es uno de ellos. Parece que fuera algo lejano en el tiempo, pero sólo fue en diciembre que el Congreso declaró las nueve emergencias. Una herencia que dejó a las arcas públicas en una situación crítica, como así también al empleo, a la ciencia y la tecnología, y a la salud. Muy diferente sería hoy la historia para enfrentar la pandemia si no se arrastrara esa pesada mochila. Una muestra más de cómo las decisiones y las políticas pasadas tienen impactos en el presente.
Los problemas de financiamiento de los Estados tienen que ver con la pandemia, pero también con temas estructurales que requieren ser abordados. Entre ellos está el tema del endeudamiento y sus intereses, que han crecido exponencialmente en nuestro país. Por eso el gobierno está firme en su idea de alcanzar un acuerdo sostenible con los bonistas bajo ley extranjera.
Por otro lado, a nivel global, cada vez se alzan más voces pidiendo por impuestos que graven la riqueza, que recaigan también sobre las empresas tecnológicas, las contaminantes, o que se termine con las guaridas fiscales. Una de estas voces parte de la CEPAL, que como forma de aprovechar los espacios que permitan aumentar la recaudación fiscal llama a “combatir la evasión y la elusión fiscales” ya que antes de la crisis la región perdía en promedio el equivalente al 6,1% del PIB (325.000 millones de dólares) debido al incumplimiento tributario. Estas operatorias están a la vista, aunque son validadas por un sistema que premia el lucro máximo a como dé lugar y termina dejando sin financiamiento a los Estados. Un ejemplo de ello es la reciente noticia de que los tribunales europeos anularon la decisión del Ejecutivo del bloque, que obligó a la empresa Apple a pagar unos 15 mil millones de dólares por impuestos atrasados, aprovechando las ventajas fiscales otorgadas por Irlanda.
Aunque los márgenes de acción varíen significativamente, el papel activo del Estado hoy no se discute. Suena paradójico, pero muchos de los que hoy se ponen en la fila de los que piden el apoyo estatal, son quienes poco antes propiciaban la idea de un Estado canchero, que entre otras cuestiones reduzca impuestos. Habrá que recordarlo para las discusiones que seguramente vendrán más adelante.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dejó en la semana un par de definiciones a destacar sobre estos temas. Resaltó “las medidas excepcionales adoptadas por muchos países”, y afirmó que “los países de mercados emergentes y en desarrollo serán los más afectados (…), y necesitarán más apoyo durante un período más prolongado”. En particular, sin el apoyo a las empresas, en el grupo de países del G20 las quiebras de PyMEs se podrían triplicar, sostiene la funcionaria, desde un promedio del 4% antes de la pandemia hasta un 12% en 2020. Un impacto sobre el empleo y las capacidades productivas que es necesario evitar.
Si bien Georgieva comentó que los desequilibrios fiscales de este apoyo son sustanciales “en esta etapa de la crisis, los costos de un repliegue prematuro son mayores que la continuación del apoyo donde es necesario”. No deja de ser valioso lo que plantea. Sin embargo, parece ser la nueva filosofía que seguramente finalizará luego de que pasen los efectos globales de la pandemia. Por ejemplo, ¿que propondrá el FMI cuando se siente a hablar del enorme pagaré que firmó el gobierno de Macri? ¿Insistirá con las típicas condicionalidades de ajuste fiscal, monetario, de reforma previsional y laboral, o habrá sacado algo en limpio de la pandemia del covid-19 y de todas las consecuencias que genera el funcionamiento del capitalismo financiero neoliberal? De ello dependerá la intensidad de la negociación de nuestro país con el organismo, que a mi entender debe rechazar sus habituales condicionamientos.
El presidente Alberto Fernández sostuvo en una videoconferencia con integrantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) que “no hay una opción al capitalismo”, pero consideró que ese sistema “se degradó y llegó la hora de ponerlo en su verdadera dimensión” tras la pandemia de coronavirus. Es un discurso que ya comenté en la columna del domingo pasado. Pero que se refuerza ante las y los muchos que dicen, palabras más, palabras menos: hoy necesitamos un Estado presente, pero apenas se vaya resolviendo el tema de la pandemia, hay que volver al ajuste y a las reformas estructurales.
Estoy convencido de que el mundo, en el momento actual, no tiene otra perspectiva que un capitalismo con un Estado presente, fuerte, regulando, estableciendo normas, y con políticas distributivas. Adhiero a la necesidad de salir de este capitalismo depredador que está dejando a media humanidad por el camino; de virar hacia un sistema con reglas donde un Estado activo represente el interés de las mayorías, coloque límites a la especulación de todo tipo (con los precios, con el tipo de cambio, con ciertas operaciones financieras, con las maniobras de elusión y evasión impositiva), con participaciones estatales en empresas o actividades esenciales. Y con regulaciones que protejan a los más débiles, a las minorías, que es el objetivo prioritario de la intervención estatal, porque los poderosos se protegen solos, no necesitan apoyos especiales.
Si bien la relación de fuerzas a nivel nacional y mundial hoy no lo posibilita, ello no impide que muchos estemos pensando en un camino hacia sistemas que sean superadores del capitalismo. Es todo un desafío, y nunca hay que perder de vista el horizonte. Como muy bien lo volcó en el papel el admirable escritor Eduardo Galeano: “¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar”.