Fuente: Raúl Kollmann | Página/12
Fecha: 4 de julio de 2020
Los camaristas Mariano Llorens y Martín Irúrzun firmaron una resolución que prorroga la instrucción de la causa. En sintonía con sectores de derecha de los Estados Unidos e Israel, agregan sorprendentes apreciaciones acerca de la posibilidad de juzgar a los iraníes acusados, pese a que nunca fueron indagados.
El próximo 18 de julio se cumplen 26 años del ataque terrorista a la mutual judía. Imagen: Télam
La Cámara Federal puso en marcha el tradicional gesto para exhibir algo de acción en la causa AMIA, justito antes del 26º aniversario del atentado. La resolución firmada por Mariano Llorens y Martín Irúrzun tuvo como objetivo prorrogar la instrucción por un semestre, algo que es casi un trámite rutinario. La investigación del atentado está delegada en la Unidad Fiscal AMIA, que antes conducía Alberto Nisman y ahora el fiscal puesto por el macrismo, Sebastián Basso, por lo que ciertos cuestionamientos a la falta de algunas medidas están en realidad dirigidos a esa Unidad y no al juez Rodolfo Canicoba Corral, que no está a cargo de la pesquisa. Hay un dato llamativo: los camaristas les dicen a los instructores, palabras más o menos, que «debe definirse la situación procesal de los imputados para que conduzca a la realización de un debate oral y público». Con cierta lógica, en la Unidad AMIA afirman que en la Argentina sólo se puede enviar a juicio a quien fue indagado, cosa que nunca sucedió con los iraníes sospechados de haber participado del ataque. La otra variante, que es la realización de un juicio en ausencia, no está contemplada en la legislación. El dúo Llorens–Irúrzun parece alinearse internacionalmente con el ala beligerante con Irán, con protagonismo de las derechas de Estados Unidos e Israel, que pretende que se vote una ley de juicio en ausencia que sea retroactiva, o sea, aplicable a hechos anteriores. El objetivo sería la condena a Irán.
Llaman también la atención algunos nombres que se mencionan en la resolución. Por ejemplo, dicen que el defensor oficial Hernán Silva representa, entre otros, a Ali Akbar Rafsanjani, fallecido hace tres años. Se piden precisiones sobre el ex embajador de Irán en la Argentina Hadi Soleimanpour, que en su momento ya estuvo detenido en Londres y la Justicia británica consideró que no había elementos suficientes en su contra.
El mayor de los acentos está puesto en Samuel Salman El Reda, que no es iraní sino libanés, como apunta el fallo, y que por lo tanto los camaristas sostienen que debe presionarse a El Líbano para que lo entregue. Incluso se sugiere realizar un planteo en Naciones Unidas. La Unidad AMIA viene rastreando a El Reda desde hace 20 años pero ni siquiera está bien identificado –no se sabe verdaderamente cómo se llama– y mucho menos ubicado. El año pasado, Paraguay entregó un pasaporte libanés, pero El Libano nunca contestó si está o no en ese país. En realidad, lo que se desprende del texto es que la Cámara pretende que se establezca alguna vinculación de El Reda con la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, a la que siempre se relacionó con la organización libanesa Hezbollah, aunque nunca se encontró ni un arma ni explosivos, sólo a algunos simpatizantes que apoyan al partido islámico chiita pro–iraní que tiene doce diputados en el parlamento de su país e integra el gobierno actual. En algún momento se habló de la voluntad de la administración Trump de intervenir en esa zona.
Más sorprendente es el párrafo de la resolución destinado a la conexión local. Los camaristas le reclaman a la Unidad AMIA que determine todo lo que rodeó a la operación: «Puntualmente quién perdió la vida, si tuvo un eventual arrepentimiento de última hora, si hubo un control de manera de comunicar a un superior la concreción del atentado, la composición del grupo operativo, modo de obtención de la camioneta, de los explosivos». Casi se parece a una pieza de humor, ya que en 26 años justamente no se pudo acreditar nada de lo elemental y ni siquiera hay pistas. La versión de que el suicida se arrepintió en el último minuto y se bajó del vehículo surge de un documento de la CIA norteamericana, pero no tuvo verificación. Lo cierto es que nunca se determinaron cuestiones tan básicas como de dónde salió el amonal del explosivo, dónde se armó la camioneta, si alguien entró al país para el atentado, quién integró el grupo que hizo la inteligencia previa y el ataque final. Ni el juez Juan José Galeano ni después Nisman pudieron averiguar nada.
Cuando la ex procuradora Alejandra Gils Carbó armó equipos de tres fiscales, se dieron pasos adelante respecto del suicida, la identificación del fallecido número 85 y la confirmación de que se usó una camioneta como coche–bomba. Esos equipos fueron desarmados por el macrismo y ahora Llorens e Irurzun vuelven a insistir con aspectos elementales del atentado que nunca se pudieron establecer y que parece difícil reconstruir. Eso es lo que le da a la resolución el aspecto de puesta en escena para el aniversario.