Fuente: Juan Alonso | Nuestras Voces
Fecha: 27 de febrero de 2020
El diputado Rodolfo Tailhade presentó una denuncia penal contra una banda que operó desde el Estado recaudando dinero ilegalmente hasta diciembre de 2019, mediante «un desvío sistemático de fondos millonarios». Involucra a los ex ministros Francisco Cabrera y Dante Sica. El presunto jefe habría sido el ex subsecretario de Producción, Rodrigo Sbarra. Se quedaban con el 70 por ciento de los sueldos de empleados que no cumplían funciones. También usaban sociedades truchas que le facturaban al Estado y tenían testaferros. Sólo en el último año recolectaron mil millones de pesos.
Rodrigo Sbarra, 40 años, ex subsecretario de Producción del macrismo, estaba fuera de eje y habría lanzado al reboleo una frase que lo describe por completo: “Lo que pasa es que no sé qué hacer con tanta plata”. Del otro lado del teléfono, un avezado interlocutor experto en los atajos del Código Procesal Penal lo escuchaba con deleite. El abogado tomó las notas necesarias y Sbarra ahora es la estrella de la república perdida. El fajo de 10 mil dólares que se olvidó en su despacho encierra mucho más que un gesto de desdén por el patrimonio público.
A la profusión de notas de investigación en diversos medios de Internet y canales de tevé, que generó su presunto accionar delictivo, se sumó el resplandor del juez Julián Ercolini -apodado “El renacido”-, quien prontamente avaló algunas medidas de prueba requeridas por el fiscal, Gerardo Pollicita.
Todo el sainete inmundo podría ser parte de una trama de payasos malignos del viejo Circo Sarrasani, pero no.
El pasado 25 de febrero, los periodistas Alejandro Bercovich y Noelia Barral Grigera revelaron en C5N, la maraña de sociedades de cartón y el crecimiento fastuoso de la economía personal de Sbarra y sus asociados. Ver el vídeo de poco más de 16 minutos:
El mecanismo era así: el grupo de Sbarra creaba sociedades a nombre de supuestos testaferros –casi todos de Florencio Varela- y generaban miles de facturas de servicios al Estado. Sólo en la subsecretaría de Producción el grupo facturó mil millones de pesos en un año: el equivalente a 10 millones de dólares. Eso explica la mansión que Sbarra, quien pese a haber obtenido un salario de alrededor de 100 mil pesos en la función pública, logró estrenar en Navarro con millones de dólares. Curioso: se trata del mismo sitio donde en 1828, Juan Galo de Lavalle fusiló a Manuel Dorrego.
¿Los ricos no roban?
El diputado Rodolfo Tailhade denunció ante el Juzgado de Ercolini, que hasta el 2019 hubo “un desvío sistemático de fondos millonarios”, desde una supuesta “estructura corrupta” que se creó en el Ministerio de Producción y Trabajo de la gestión de Mauricio Macri.
Señaló que “las piezas claves” de ese entramado habrían sido los ex funcionarios Rodrigo Sbarra, Sebastián Bideberripe e Ignacio Pérez Rivas, ex jefe de Gabinete de los antiguos ministros Francisco Cabrera y Dante Sica.
Es decir, que según sugiere el denunciante Tailhade, la caja de recaudación escaló hasta Cabrera y Sica.
En su denuncia penal, Tailhade habló de la existencia de “una estructura corrupta”, integrada por Sbarra, quien “habría montado un sistema de desvío de fondos públicos hasta diciembre del 2019 en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo, hoy Ministerio de Desarrollo Productivo”.
¿Cómo era el mecanismo? Con la contratación de personas que debían devolver el 70 por ciento de sus sueldos y la apertura de sociedades anónimas fraudulentas que le cobraban al Estado millones de pesos sin proveer casi nada.
Del esquema -siempre según la denuncia de Tailhade-, habría participado la contadora María Fernanda Inza, la ex tesorera del Pro vinculada a los aportes falsos de la campaña del partido de Mauricio Macri en la Provincia de Buenos Aires. Una fuente reservada consultada por el diputado la vio en una oficina de la calle Belgrano al 400 donde funcionaba una especie de cueva de la banda.
“El pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobre-facturados o directamente inexistentes, que implicaban ‘retornos’ para la organización por montos muy significativos. En muchos casos operaban sociedades anónimas simplificadas de los propios funcionarios involucrados, que no sólo facturaban millones sino también ocultaban sus bienes”, sostuvo Tailhade en la denuncia.
“Los dos mecanismos tenían como piezas claves a Rodrigo Sbarra, Sebastián Bideberripe, a cargo de la Coordinación Administrativa de Producción y Trabajo respectivamente, y por lo tanto encargados de autorizar los pagos. Ambos reportaban directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Francisco Cabrera, primero, y del ministro Dante Sica después. De acuerdo a la información suministrada, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Producción, Hernán Coego, también formaba parte de la estructura, que se completaba con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; y Claudio Daniel Giménez, que oficiaba como ‘valijero’ del esquema”.
Giménez habría disputado una parte del dinero con su amigo Bideberripe –ambos se conocían del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual- y se habría apoderado de unos 40 millones de pesos del grupo de Sbarra y Cía.
¿Cómo se solucionó la reyerta del monedero mágico del Pro?
Giménez le vendió a Sbarra la sociedad –donde éste poseía un Mercedes Benz valuado en más de 100 mil dólares y dos Chevrolet de alta gama- en la módica suma de 2 mil pesos y final de cuentas.
“Giménez estaba a cargo de la recaudación, en particular de buscar en las oficinas de los proveedores el dinero físico que constituía el ‘retorno’ de cada factura pagada por el Ministerio, y llevándolo a una suerte de búnker que funcionaba en un departamento ubicado en Avenida Belgrano 406 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –detalló el denunciante-. Aquí el dinero era recibido, en numerosas ocasiones según lo expresado por la fuente, por la ex contadora general de la Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Inza, principal imputada en las investigaciones por aportes ilegales a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires”, remarcó el diputado.
Sobre el personaje oriundo de Florencio Varela, Tailhade explicó: “Sebastián Martín Bideberripe fue nombrado en 2016 como director de administración del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En abril de 2017, la ONG Centro de Control de Políticas Públicas lo denunció ante la SIGEN por hechos delictivos similares a los que estamos denunciando, que fueron ejecutados en el ámbito de la Secretaría de Trabajo: la compra ficticia de artículos a la empresa Ferretería DZ (CUIT 30-71505009-5), localizada en Quilmes Oeste y uno de cuyos dos socios es Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe y que según la denuncia de la ONG formaba parte de la comisión del INPI que aprobaba las ofertas de bienes y servicios adquiridos por el organismo”.
Muñequitas rusas
En la página 3 de la denuncia, quedó claro el diseño de sociedades entre los acusados. A saber:
“A través de estos testaferros, Sbarra creó al menos dos sociedades anónimas simplificadas: Desarrollos Digitales Globales S.A.S. y Depuración General Sustentable S.A.S. Ambas le facturaban $ 24 millones por mes al Ministerio de la Producción, según se me indicó a través de la Secretaría de Trabajo –con intervención de Bideberripe en la Coordinación Administrativa de esa cartera- en tres facturas de $ 8 millones, lo que totaliza $ 48 millones por mes”, dijo Tailhade.
“Desarrollos Digitales Globales S.A.S., con domicilio en Avenida Belgrano 406, piso 8 –donde funcionaba el búnker en el que alojaban el dinero físico que recolectaba Giménez-, tenía como administrador titular a Lucas Giménez, hermano del valijero. Esta sociedad es la propietaria del Mercedes Benz Clase V8 dominio AD716PM, valuado en más de 100.000 dólares, que Sbarra adquirió y utilizaba personalmente, pero que puso a nombre de Desarrollos Digitales Globales para no tener que declararlo. Lo mismo hizo con dos Chevrolet Cruze modelo 2018: los puso a nombre de Depuración General Sustentable S.A.S, cuyo administrador era Santiago Javier Romero, contador amigo del valijero Giménez. En medio del conflicto, Romero llegó a enviarle a Sbarra intimaciones para que devolviera los vehículos aprovechando que la formalidad indicaba que la sociedad era la propietaria de esos vehículos.
Pudimos establecer que Lucas Giménez renunció como administrador de Desarrollos Digitales el 18 de octubre de 2019 y lo reemplazó Estefanía Vanesa Frette, de 25 años de edad y vecina de la misma localidad de la que provienen Bideberripe y los Giménez, Florencio Varela, cuyo último empleo, según su Linkedin, fue el de recepcionista en una veterinaria de Quilmes. Como administradora suplente asumió Romina Marcela Fuoco, que aparece también como administradora suplente en varias sociedades anónimas simplificadas (Insumedi SAS, Distribuidora Albo SAS, Catamaranes Río Jet SAS, Segalot SAS) cuya relación con el esquema delictivo aquí denunciado debe ser investigada”.
“Otra sociedad anónima simplificada que le facturaba al Ministerio –afirmó la denuncia- era Produtecno S.A.S, cuya relación con Guida ya fue señalada. La sociedad tiene sede en Quilmes y el apoderado es Pablo Penzi. Entre otras cosas, Produtecno facturó $ 103.000 por tres soportes de TV, cuyo valor de mercado ronda en el 10% de ese valor. Pablo Penzi era dueño de Panóptico SA, sociedad que en 2008 le vendió el fondo de comercio a otra sociedad llamada Bareguer S.A. Esta última facturó al Ministerio de Producción $ 2.700.000 en reparación de fibra óptica, $ 1.540.000 en insumos informáticos y $ 4.000.000 en pendrives. En Facebook, Guida es amigo de Alberto Marasco, un misterioso proveedor que en su Linkedin asegura ser dueño de ‘CM Informática’. Marasco le facturó a la Secretaría de Trabajo 10.000.000 de pesos en equipamiento informático y 3.560.000 en notebooks.
Otra proveedora del esquema de recaudación ilegal era ‘43 + 1’, que en 2019 le facturó al Ministerio 25 millones de pesos, entre otras $ 17 millones en luces led y $ 1.400.000 por una puerta antipánico, cuyo valor de mercado -instalación incluida- no supera el 10% de ese valor”.
Epílogo
En 1950, el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti publicó La vida breve. Allí anudó los sentimientos contradictorios de su voz narrativa protagónica –José María Brausen- que edifica al Doctor Díaz Grey contra la ruindad del hampón Arce, quien a su vez manipula al asesino de una prostituta llamada La Queca. Tres personajes en un circuito sin tiempo, donde Onetti describe la desesperación del mal y una agónica voluntad de justicia que se desliza bajo una mirada tan aguda como vidriosa y opaca entre Buenos Aires y la ideación de otra ciudad llamada Santa María.
Los seres que gobernaron la Argentina hasta diciembre de 2019, bien pudieron ser personajes de Onetti. Hombres abyectos que persiguen con el puñal de la ambición y la vanidad.
Como decía el maestro: “El cansancio me trae pensamientos sin esperanza”.
