Fuente: María Sucarrat | Cosecha Roja
Fecha: 3 de MAYO 2017
El veterinario Claudio Raúl Grande fue condenado a 12 años de prisión en el juicio por la desaparición Rodolfo Jorge Axat y de su esposa Ana Inés Della Croce. La justicia lo penó por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención La Chacha: fue uno de los tres civiles de Inteligencia del Ejército que actuaron como guardias en el CCD en las afueras de La Plata. Si el abogado de ese genocida pidiera ser el beneficio de la Ley 24.390, más conocida como 2×1, entonces el asesino de los padres del abogado Julián Axat podría acceder a una condicional y estaría en la calle.
Hoy la Corte Suprema de Justicia declaró aplicable el cómputo del 2×1 para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad. Se trata del caso de Luis Muiña, del expediente “Bignone, Benito A. y otros/recurso extraordinario”. El hombre era parte de un grupo de torturaba pacientes del Hospital Posadas durante la ocupación militar y tenía una condena a 13 años de prisión por secuestro y torturas.
La decisión de otorgarle el 2×1 fue tomada por una mayoría formada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. “La mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad, y la única manera de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba, es el estricto cumplimiento de las leyes y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho”, declararon los jueces Highton y Rosenkrantz al diario La Nación.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, acompañó la decisión: “Si el fallo está ajustado a la ley, yo acato lo que dijo La Corte Suprema sobre el 2×1 aunque se necesita más tiempo para analizar los alcances del caso”. En declaraciones radiales advirtió: “Hay que ser respetuosos porque por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley”.
Las respuestas a la resolución de la Corte no tardó en llegar: los organismos y militantes de Derechos Humanos, abogados y personalidades de la cultura criticaron la decisión. El ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni se preguntó qué ley debe aplicarse en el caso de los delitos por desaparición forzada o secuestro. “Tratándose de un delito permanente, o sea que tiene un estado consumativo que se prolonga en el tiempo, como es la desaparición forzada o el secuestro, la pregunta se refiere a qué ley debe aplicarse: si la que rige al comienzo o la que se sanciona después y antes de que cese la privación de libertad. Es decir, de todas las leyes que tienen vigencia mientras se sigue cometiendo el hecho, ¿cuál se aplica, dado que el hecho se comete en vigencia de todas ellas?”, explicó a Cosecha Roja.
“La doctrina europea se inclina por sostener que debe aplicarse la última, aunque sea más gravosa. La doctrina argentina casi siempre entendió que debe aplicarse la del momento del comienzo del hecho. Por mi parte sostengo la tesis de la doctrina argentina”. En ese caso, no correspondería aplicar el 2×1.
A Julián Axat el fallo le toca de cerca. “Todavía no termino de caer. En el fondo lo que hizo la Corte es pergeñar un mecanismo para facilitar la salida de represores de manera más sistemática”, dijo a Cosecha Roja el abogado víctima y querellante en el juicio La Cacha. “El fallo de la Corte se aplicaría sólo al caso Muiña pero los jueces seguramente van a empezar a copiarlo. Hay muchísimos represores que no están condenados a perpetua porque que tuvieron una participación secundaria”.
Ángela Urondo Raboy es la hija de Paco Urondo, asesinado en Mendoza el 17 de junio de 1976, y de Alicia Raboy, llevada al centro de detención clandestino D2. “2×1, podemos computar tantos años de impunidad: Salgan a hablar, rompan al medio el pacto de silencio militar. Que digan dónde están los desaparecidos. Queremos a nuestros padres vivos. Devuelvan la mitad de lo robado. Compensen el terror, los años perdidos”, dijo a Cosecha Roja la escritora y docente. “Pongan en libertad hoy mismo a Milagro Sala y a los nietos que tienen escondidos. Basta de burla y de cinismo, tortura la posibilidad de que sea genocida el vecino. La verdad completa se llama terrorismo de Estado y es un delito el negacionismo”, agregó.
Para Axat, el fallo va a lograr que todos aquellos represores que no fueron condenados a perpetua logren la condicional aunque es más optimista en el caso de las prisiones perpetuas. “No creo que en esos casos les permitan acceder a la condicional”, dijo. Y explicó que el 2×1 nació por razones relacionadas con el colapso carcelario y la dilación procesal judicial. Se disminuyó así la población de internos entendiendo que el responsable, el que no dictaba condenas, era el propio poder judicial.
En 2001, con la implementación en las provincias del sistema acusatorio, aunque el colapso seguía, se derogó. “Existían hechos que tenían origen antes de su derogación y que por la aplicación de la ley más benigna se seguía aplicando el 2×1. Los casos típicos son Cabezas y Los Horneros o Grassi. ¿Por qué se les aplicó el 2×1? Porque cometieron hechos que fueron anteriores a 2001 y tardaron en ser juzgados”.
Carlos Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S, no separa la aparición del fallo de la Corte de la situación política que se vive en la Argentina. “A partir del cambio de gobierno se propone la impunidad para los genocidas a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es el impulso de las prisiones domiciliarias por parte del ministro de Justicia Garavano y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Ellos no sólo se manifestaron a favor de esos beneficios sino que reciben a los familiares de los genocidas, como Cecilia Pando y otros”, explicó a Cosecha Roja.
“Este fallo destestable va a contramano de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. El 2×1 provocaría que cientos de genocidas que están condenados por desapariciones, torturas, por violar mujeres, por robar bebés, mañana estén en libertad sin cumplir la condena. A partir de mañana, si esto ocurre, toda la sociedad argentina convivirá con los más grandes genocidas de la historia”, dijo.
Axat entiende que hay varias razones por las cuales no se puede hacer extensible el 2×1 a delitos de lesa humanidad.
Primero por la “naturaleza de los hechos”: el 2×1 siempre se aplicó a delitos comunes. “La Corte está armando es un engendro”, dijo Axat. Segundo, porque los juicios se están realizando y más allá de que los hechos son anteriores a 2001, no hay una razón procesal para aplicar un 2×1. “Técnicamente el fallo es una vergüenza, una falta de criterio sobre los tratados muy impresionante”.
En tercer lugar, hay una razón política: “Este 2×1 debe leerse en un contexto de llamado a la reconciliación, de las prisiones domiciliarias, el otorgamiento a Etchecolatz de una domiciliaria que no fue efectiva, el negacionismo respecto de las personas desaparecidas. Hay un contexto que se está tornando, como dice un periodista de Página 12, ‘pre Nunca Más’. De vuelta a la teoría de los demonios donde aparecen estos signos, estos fallos, por parte del Estado que pone en crisis todos los paradigmas de Derechos Humanos y las conquistas alcanzadas”, explicó el abogado y poeta.
Por último, aparece el modelo de doble estándar punitivista: se combate el 2×1 para delitos comunes y se le otorga a los genocidas. “Se genera un doble sistema penal: a los pobres todo el rigor de la ley que genera este gobierno nacional con el endurecimiento de las penas y a los represores salidas anticipadas, prisión domiciliaria y ahora 2×1 porque para ciertos sectores estos genocidas detenidos son presos políticos”, explicó.
Ayer las Abuelas de Plaza de Mayo había manifestado su “profunda preocupación por la idea de ‘reconciliación’ entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado que está impulsando la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por su presidente, Monseñor José María Arancedo”. Hoy darán una conferencia para dar su punto de vista. Pero ya anticiparon que el 2×1 es un intento del gobierno para “borrarnos de la historia”. “Estoy indignada y sorprendida”, dijo Estela de Carlotto en declaraciones radiales.