Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino
Fecha: 18 de abril de 2021
Como viene ocurriendo desde que asumió, el gobierno tiene frente a sí tareas complejas y apunta a resolverlas. Uno de los mayores desafíos es el de preservar la recuperación económica y los ingresos, cuidando a la vez la salud, en medio de la segunda ola de Covid-19.
En este marco se acaban de anunciar restricciones temporales con la idea de evitar mayores contagios. El éxito dependerá en gran medida del compromiso de la población. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría un año atrás, hoy la economía está en marcha, hay más información sobre las formas de transmisión del virus, y ha comenzado la campaña de vacunación. Las perspectivas, más allá del cansancio lógico, son otras.
Ante esta situación, cabe reflexionar sobre las presentaciones judiciales de algunas personas para no pagar el Aporte Solidario. Esto implica en última instancia el rechazo a que, entre otros destinos específicos, un 20% de lo recaudado se dirija a la compra de medicamentos y vacunas, otro 20% al programa integral de becas Progresar, o a que un 15% vaya al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), enfocado en la mejora de la salud de las y los habitantes de los barrios populares.
Sin duda habrá impactos de la segunda ola y el gobierno está activo en los múltiples frentes que se le van presentando. Por eso acaba de anunciar el pago de un bono por 15 mil pesos para beneficiarios de AUH, AU por Embarazo y para monotributistas de las categorías A y B. Apoyos que representan un gran esfuerzo por parte del Estado.
El gobierno tiene en claro que es preciso no ahogar la recuperación y los datos alentadores que se venían observando. En cuanto a la recaudación, en marzo aumentó un 22% interanual en términos reales, por lo cual encadenó su séptimo mes consecutivo con crecimiento superior a la inflación. Fue la mayor variación porcentual mensual desde diciembre de 2016.
Si bien en las dos últimas licitaciones de deuda del Tesoro Nacional no se llegó a refinanciar la totalidad de los vencimientos, ello en nada empaña que en marzo se haya conseguido financiamiento por encima de lo que vencía, por noveno mes consecutivo. Más aún, durante el primer trimestre de 2021 el financiamiento neto positivo acumulado fue de $ 90.550 millones, superando ampliamente lo obtenido durante los primeros nueve meses del año 2020 ($67.708 millones).
En cuanto al frente externo, el Banco Central sobrepasó en la semana los USD 3000 millones de compras netas de dólares en el año. Es una gran señal en términos de “acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria”, según destacó el presidente del BCRA, Miguel Pesce. Las reservas han superado los U$D 40 mil millones.
Sin embargo, en marzo la inflación al consumidor fue el 4,8%, valor que, según el gobierno, será el más alto del año. Más allá de los componentes estacionales que estuvieron impactando como la educación (28,5% en el mes), es importante seguir de cerca al rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, que explica en lo que va del año alrededor de la cuarta parte de la inflación acumulada.
En cuanto a las causas, hoy el tipo de cambio y las tarifas no están traccionando a los precios. La política fiscal y monetaria tampoco. Todas las decisiones del gobierno apuntan a la desaceleración, más allá que desde algunas cámaras empresarias se diga que los precios aumentan por los “controles”, un razonamiento desprovisto de todo rigor analítico. Las negociaciones salariales, por su parte, están en línea con las pautas del Presupuesto.
Por eso, si los fundamentos y las políticas van por el sendero de llevar “tranquilidad”, ¿por qué entonces aumentan los precios? Dado que la inflación obedece a múltiples causas, como también reconoció el FMI recientemente, resta considerar la dimensión de la puja distributiva, un fenómeno que se exacerbó en el mundo durante la pandemia, pero que en Argentina, en particular, genera tensiones por la vía de los precios.
Según el BCRA, el aumento de los precios internacionales de las materias primas llegó en el primer trimestre de 2021 al 14%, y acumula un incremento del 34% desde septiembre de 2020, en especial en el precio de los productos agropecuarios. Esto de ninguna manera justifica la remarcación de los valores de la canasta alimentaria, menos en un país que está en condiciones de garantizar la provisión de estos productos para toda su población. Por eso es necesario recurrir a las herramientas disponibles para que no se generen efectos regresivos.
En este marco, el jueves el gobierno anunció una batería de medidas para contener la suba de precios y garantizar el abastecimiento de alimentos, insumos y bienes industriales. Entre las medidas se encuentran varias que apuntan, según el Ministerio de Economía, a “garantizar el abastecimiento de la carne vacuna a precios accesibles y mejorar el funcionamiento del sector”. También se realizarán acuerdos sectoriales para una mayor previsibilidad de precios durante los próximos meses. Entre ellos, con la cadena de producción agrícola, y además con “los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año, con cláusula de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón y vidrio y cemento”.
Para fortalecer el acceso a los alimentos a precios accesibles se lanzará el programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas. También se está negociando “con empresas alimenticias una nueva canasta de productos a precios accesibles, previsibles y de cumplimiento obligatorio en todo el país”. Se implementará, además, el Programa PYMES en Góndolas, y otras medidas destinadas a financiar a pymes, cooperativas y agricultores familiares para aumentar y mejorar la producción de alimentos frescos.
En este marco, según el Mecon, se exigirá el real cumplimiento del programa de Precios Máximos, con la estricta aplicación de la Ley de Abastecimiento y la posibilidad de aumentar las sanciones para aquellos que la infrinjan.
Para ello, la Secretaría de Comercio Interior incorporará a 500 nuevos fiscalizadores a los fines de fortalecer las tareas de control y garantizar el abastecimiento mientras tenga vigencia la emergencia sanitaria. A su vez, entrará en funcionamiento el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), para monitorear la evolución de precios y el abastecimiento de mercados. También se inicia el control de rotulados para impedir que los mismos induzcan a una decisión de compra equivocada o inconsciente. Se pone además en marcha el Observatorio de Precios creado a través de la Ley 26.992, que será coordinado por la Secretaría de Comercio Interior, e integrado por representantes de diferentes ministerios y asociaciones de consumidores.
El espíritu no es otro que el que expresó Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa cuando dijo: “Creemos en el diálogo, pero (…) de ninguna manera significa que el Estado resigne sus potestades legales”. Hay una profunda convicción para llevar adelante el plan trazado, en un contexto de complejos desafíos y resistencias que se van presentando.