Fuente: Carlos Heller | Tiempo Argentino
Fecha: 5 de julio de 2020
El sitio web de Naciones Unidas detalla los resultados de la pandemia del Covid-19: “más de diez millones de infecciones y medio millón de muertos”. Allí se llama a reflexionar sobre el progreso que se ha logrado y las lecciones aprendidas, y a comprometerse a hacer todo lo posible para salvar vidas. Según la ONU, “con ideología política y sin hacer caso a la ciencia no se va a vencer al Covid-19”. Una frase que echa por tierra algunas discusiones que se tratan de instalar en Argentina y en el mundo.
En este marco, la cuestión de los supuestamente “cuarentenistas” y los “anticuarentenistas” constituye una presentación falsa —y peligrosa— por donde se la mire. El tema es si se deja que la pandemia avance, y con ella los estragos sobre el conjunto de la población, o si se privilegia cuidar la vida de la ciudadanía, en un contexto en el que hay que optar por las soluciones “menos malas”.
Son dilemas que se intentan construir también alrededor de otros temas importantes, como es el caso de la deuda. Aquí están los que desean arreglar “como sea”. El gobierno ha dado sobradas muestras de que quiere llegar a un arreglo, sin dejar de lado la idea de la sostenibilidad de la deuda.
Dilemas que tratan de correr el eje de lo importante y que intencionadamente no reparan en el hecho de que la pandemia pega más en los sectores más vulnerables, los de menores ingresos. Según UNICEF, en un estudio sobre Argentina, si en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, podría escalar al 58,6% hacia fines de 2020. Números que no encuentran adjetivo.
En tanto, la OIT acaba de señalar que a nivel mundial se ha destruido en el segundo trimestre del año el equivalente a 400 millones de puestos laborales en todo el mundo y que América Latina perdió 47 millones de puestos de tiempo completo. Según la OIT las medidas que se tomen para remediar el problema moldearán el futuro del mundo del trabajo “más allá de 2030”.
Por eso el gobierno ha estado muy presente con diversas medidas y resoluciones y, con buen criterio, también ha comenzado a trabajar en las medidas post pandemia.
Por ejemplo, en la semana, la Secretaría de Comercio Interior anunció la prórroga del esquema de precios máximos hasta el 30 de agosto, incluyendo alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza, que deberán mantener los valores del 6 de marzo último. El plazo podrá ser prorrogado en atención a la evolución de la situación epidemiológica. A su vez, se contempla la posibilidad de establecer nuevos precios máximos, sujetos a las condiciones que dicha subsecretaría establezca, “en aquellos casos en los que se acrediten debidamente variaciones en las estructuras de costos que afecten sustancialmente la situación económica financiera de los sujetos alcanzados por la aludida norma, con posterioridad al día 6 de marzo de 2020”. No deja de ser una resolución valorable. Además, se nutre del espíritu de la Ley 26.991, de Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, sancionada en 2014, que entre otras cuestiones habilita el acceso de las autoridades a la cadena de costos y valor para comprender la dinámica de la formación de los precios internos. Cuestiones que son válidas más allá de esta crítica coyuntura, y esenciales a la hora de ir avanzando hacia una nueva normalidad.
Pensando hacia adelante
El gobierno ya se encuentra trabajando en los lineamientos centrales del Presupuesto 2021, que dan el marco para la estrategia pos pandemia. A la recesión de 2020, por ahora imposible de cuantificar, hay que sumarle toda una cantidad de emergencias que ya se heredaban. Las prioridades, según surge del Informe de Avance enviado al Congreso por el ministro Guzmán,
“estarán enfocadas en recuperar las fuerzas productivas, luego del impacto de la pandemia Covid-19 y consolidar la construcción de un modelo de desarrollo económico inclusivo y sustentable que logre potenciar las capacidades productivas, la utilización de la mano de obra bajo condiciones de trabajo dignas y con derechos y, así, mejorar la condición de vida de todos y todas los habitantes. Ese desafío requerirá un proceso de transformaciones no sólo respecto al fallido esquema económico del periodo 2016-2019 sino también a lógicas de funcionamiento de la economía argentina que, a pesar de los avances logrados entre 2003 y 2015, se presentan como limitaciones estructurales al desarrollo nacional”.
Ejes que son absolutamente coherentes con el mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas y que, como dice el texto, en materia productiva, darán especial impulso a las MiPyMEs; canalizarán los excedentes monetarios generados durante la situación extraordinaria de la crisis Covid-19 a la reinversión productiva y al ahorro en moneda nacional. O que irán detrás de un “sistema tributario más progresivo y al servicio de la inversión productiva”.
El avance del Presupuesto postula la transformación de cuatro aspectos estructurales de la economía argentina: 1. impulsar un cambio para lograr una estructura productiva distinta, congeniando “la persecución de ganancias individuales por parte del sector privado con la creación de empleo de calidad y la generación genuina de divisas”. 2. “aumentar el empleo y fortalecer la inclusión y generación de oportunidades para las y los argentinos”. 3. Se requiere “una intervención activa y multidimensional por parte del Estado” y 4. “El Estado debe generar las discusiones y los ámbitos institucionales necesarios para lograr un diálogo social plural y democrático”.
En una reciente propuesta de la UIA se abona en políticas que coinciden en varios aspectos. El documento sostiene que “para la economía argentina, esta crisis (la originada por la pandemia) agrava los problemas preexistentes. La transición hacia la «nueva normalidad» estará atravesada por el impacto económico de la pandemia y la vulnerabilidad económica que se arrastra de la fase previa”. También propone “una política monetaria que fomente el ahorro en moneda local y busque gradualmente salir de los controles y regulaciones cambiarias; una política cambiaria previsible que
sustente la agregación de valor en la producción; una política tributaria que promueva la inversión y el empleo con políticas e incentivos focalizados”. El documento de propuestas tiene dos grandes pilares, según la UIA. El primero es “la construcción de consensos e instituciones para el desarrollo” y el segundo se basa en las medidas productivas concretas “para sostener la producción generando las condiciones para la posterior reactivación e iniciar un proceso de crecimiento”.
Son políticas con varios puntos de contacto con las planteadas en el avance del Presupuesto; la cuestión principal es, como siempre expreso, los “cómo” que llevarían adelante esas políticas.
El adelanto del Presupuesto 2021 propone la construcción de un modelo de país. Se basa en un Estado activo que controla su moneda, administra sus divisas, regula la evolución de los precios y de los salarios, sigue negociando el canje de la insostenible deuda que nos dejaron, y lleva adelante planes de obra pública que se vinculan a las verdaderas prioridades de la gente y de la producción. Quiero especialmente resaltar la convocatoria por parte del Estado al diálogo social plural y democrático: siempre debemos insistir en transitar ese camino. Muchos analistas podrán seguir inventando nuevos falsos dilemas, pero se les va a hacer muy difícil sostener que el gobierno no posee objetivos y, mucho más, que falta un programa.