Negociando con firmeza

Su paso por el recinto dejó varios aspectos por destacar.

Si algo quedó claro es que el gobierno tiene un programa económico. Desde lo conceptual, Guzmán sostuvo que no se aplicará la receta de la austeridad que pretenden los mercados, porque ello no genera confianza sino caída de la actividad económica y del uso de la capacidad instalada, más pobreza, desempleo e informalidad.

También habló de un «nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento», algo que debe ocupar un lugar central en la agenda, para que no se repitan prácticas como las del anterior gobierno, que no pasó las decisiones de deuda por el tamiz del Congreso de la Nación.

No caben dudas de que hay un plan cuando el ministro sostiene: «Si uno quisiera que la Argentina pague lo que corresponde en el 2020, 2021 y 2022, esto conllevaría un ajuste fiscal que destruiría del todo a la economía. Entonces, esto no sería consistente ni sostenible, y hay que definir qué es sostenible (…) El enfoque de nuestra propuesta no es que no sea ni amigable ni agresiva, sino de sostenibilidad, y esto tiene que quedar bien en claro». Habló de la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal recién en 2023.

Sin embargo, evitó dar proyecciones como las que se piden: «No lo esperen de nosotros». Una declaración coherente con la decisión que se tomó en su momento de postergar el tratamiento del Presupuesto hasta tanto no se resuelva el tema de la deuda. «Lo expresé en el recinto: todos quisiéramos tener el programa y el Presupuesto detallados, pero yo les pregunto a los que piden eso, ¿qué valor ponemos en el casillero de los intereses de la deuda para los años 2020, 2021 y 2022? Y agregué que es de tal magnitud el problema que sin resolver previamente la cuestión de la sustentabilidad de la deuda todo lo demás es declarativo, pero muy difícil de llevar a la práctica».

El ministro también comentó: «Hoy enfrentamos una situación en la cual era necesario darle un impulso a la demanda, pero teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos. Ese es el fundamento de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. No es una ley de austeridad fiscal, porque la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona».

Tampoco dejó de hablar de las definiciones estratégicas que corren en paralelo a la negociación de la deuda. Entre ellas, «apuntar hacia una estructura productiva distinta de la que hoy tiene la Argentina, una economía con un grado de diversificación diferente, que nos permita satisfacer las condiciones de la inclusión social».

Son sólo algunos de los pasajes de lo que considero una intervención sumamente valiosa y que —sobre todo— lo que hace es marcar una dirección. Desde mi punto de vista, al pretender la oposición instalar que no hay programa queda en evidencia que el problema es que no están de acuerdo con los lineamientos que el gobierno maneja, que son coherentes con lo que los argentinos y las argentinas expresaron en las urnas. Que se ven incomodados ante frases como la de Guzmán: «No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marque las pautas de la política macroeconómica». Fue lo que pasó en la semana, cuando el gobierno decidió reperfilar, por falta de «cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros», los vencimientos de capital del AF20, salvo para «personas humanas» con tenencias inferiores a un valor nominal de 20 mil dólares al 20 de diciembre de 2019, a quienes se les acaba de abonar la amortización y los intereses totales.

Esto no significa que las negociaciones sean sencillas, más bien lo contrario. Y en este proceso no debe llamar la atención el intento de desacreditar al gobierno que buscan los mercados. Sin ánimo de hacer historia contrafáctica, vale preguntar, ¿cuál habría sido el titular de los medios concentrados de haberse pagado el bono AF20 recurriendo a una fuerte emisión monetaria? Lo único que no habría sido puesto en dudas es hacer lo que pedían los principales acreedores: emitir otro bono similar atado al dólar a un plazo muy corto.

En cuanto al tratamiento mediático de la discusión por la violación del estatuto del FMI, es algo que en su momento comenté, allá por 2018. El argumento de la corresponsabilidad del FMI, de los acreedores y del pasado gobierno no está en discusión. Desde mi visión, las autoridades argentinas están tratando de generar un sendero sostenible para la deuda, que se pueda pagar con crecimiento de la actividad, y tratando de conseguir espacio para atender la emergencia social.

Precios e ingresos

Se conoció esta semana que la inflación de enero fue del 2,3%, por debajo del índice de diciembre pasado (3,7 por ciento).

Por lo pronto, es el valor más bajo desde julio de 2019 (2,2%). En aquel momento la menor inflación se explicaba por las medidas de «alivio» transitorias que Cambiemos implementó para llegar con chances a la contienda electoral.

En la actualidad la situación es distinta. Aunque es sólo el comienzo de un camino más largo que requiere de una estrategia coordinada e integral para desindexar la economía, comienzan a verse los efectos de las medidas del gobierno. De hecho, los rubros que explican la desaceleración son Salud, que cayó un 2%, a consecuencia del acuerdo con la industria farmacéutica para retrotraer los valores a diciembre —en ese mes la inflación del rubro fue de +5,6%–, y Transporte, cuya alza fue del 1,5%, mucho más baja que el 5% del mes previo, como consecuencia del congelamiento de los combustibles.

Se está trabajando en la estructura de formación de precios, algo esencial para abordar la problemática de la inflación.

De hecho, los alimentos continuaron aumentando a buen ritmo en el mes de enero, aunque mucho tuvo que ver la caducidad de la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica decretada por Mauricio Macri en agosto, ya que dicha norma finalizaba el 31 de diciembre pasado. Es una muestra de todos los desafíos que hay por delante. No hay problema estructural que pueda ser resuelto de un día para el otro.

En este marco es importante no perder de vista otras medidas alentadoras, como la reciente baja de la tasa de las Leliq al 44%, que apunta, junto a medidas puntuales para las mipymes, a estimular el crédito y reactivar la economía.

Otra medida que mejorará el consumo es el aumento otorgado a los jubilados, que privilegia a quienes cobran la mínima. Se estableció un aumento fijo de $ 1500 junto con un incremento del 2,3% para el resto de las jubilaciones, que significa, para quienes cobran la mínima, un aumento del 13% (superior al 11,6% que hubiera correspondido con la cláusula de indexación). El aumento del 13% también alcanza a las asignaciones familiares y a la AUH.

Conjuntamente con esta medida, se estableció un vademécum de 170 medicamentos gratuitos para los afiliados del Pami, lo que redundará en un importante beneficio para los jubilados. Dijo el presidente Alberto Fernández: «Me cansé de leer que habíamos congelado las jubilaciones. Es evidente que no, les damos los medicamentos que no tenían y los recursos que no tuvieron». También cumple con una promesa electoral, que es beneficiar a los de menores ingresos. Cabe recordar que la nueva fórmula de indexación, suspendida hasta junio de este año, será evaluada por una comisión que propondrá una nueva fórmula indexatoria al Poder Legislativo. «