Uno de los más reiterados argumentos de los enemigos de las retenciones es: lo que se va en dinero de los pueblos no vuelve. El lunes 17 de febrero más de doscientos pequeños productores del sur de Santa Fe y una veintena de Pte. Comunales con la presencia de los funcionarios nacionales Fernando Navarro y Alberto Chiavarino se reunieron en Villa Mugueta, bajo la consigna: “No todo el campo es lo mismo, creemos en el diálogo, categorización y segmentación Ya”. Fue la segunda reunión en su tipo y por los mismos motivos. No tuvo una mísera línea en la prensa -sea amiga o monopólica- a pesar de ser mucho más numerosa y sustanciosa que las que realizaron los auto-convocados (que son todos del PRO-Coalición Cívica) que de verdad nunca superaron el centenar clamando por no pagar nada de impuestos.
En la asamblea, la Pta Comunal de J. B Molina, María de los Ángeles Cervigni, expuso su caso. Molinas es un pueblo de 1800 habitantes, con 17.000 hectáreas como distrito y “exporta” en materia de retenciones más de 10 millones de pesos y no vuelve nada. Tras cartón contó que era médica y que gracias a su padre que tiene 42 hectáreas de campo pudo estudiar. La Dra. Cervigni no logro percibir aún que si ella hubiera nacido en Chile o EEUU con 42 hectáreas de campo por más sacrificio familiar que hicieran, no habría podido ingresar a la universidad y si lo hubiera logrado, se habría recibido endeudada por otra década. La universidad pública se financia con recursos que provienen de rentas generales que distribuye el presupuesto nacional, al cual las retenciones son un aporte más, no el único ni el más importante, pero ayudan. Ella y miles como ella lograron convertirse en profesionales gracias a la gratuidad de la enseñanza argentina que posibilita a familias de pequeños productores, obreros y desempleados que viven en el interior profundo puedan estudiar. A demás, en 2005 se incorporó por ley que el 6 por ciento del PBI debe ir a la educación y Macri lo bajo al 4,5.
Cómo puede ser que no se logre entender y valorizar el sistema de educación pública que tenemos, y sus beneficiarios se empeñen todos los días en conspirar para desfinanciarlo. Esto, sin contar el Fondo Sojero que creo CFK en 2009 y derogó Macri el 15 de agosto de 2018. Hoy los intendentes de Cambiemos andan llorando por los rincones clamando para su restitución, ya que repartía el 30 por ciento de lo recaudado en las provincias y municipios para obras de infraestructura. ¿Con qué recursos piensan los pequeños productores y sus representantes políticos y gremiales que se financia la escuela pública donde se educan sus hijos? En esos lugares recónditos de la Argentina no hay educación privada, solo está presente la pública. Esto es una prueba más que perceptible de lo falso, autodestructivo y antinacional del argumento de que de las retenciones nada vuelve al interior. Argumento tan esgrimido por los enemigos de la segmentación y que transformaron las retenciones en un problema ideológico, donde lo productivo o económico es una mera excusa. Estamos hablando de los grandes productores agropecuarios y estancieros que no viven en los pueblos -por eso los fumigan a mansalva- y no usan la educación pública; ellos mandan a sus hijos a la privada. Ahora lo llamativo es que quienes residen en el territorio asuman como propio el discurso y los intereses de quienes no quieren ni que haya salud ni educación en el interior profundo donde sí viven ellos.
Por todo esto es importante no dejarse engañar y es urgente segmentar y categorizar a los productores, para resquebrajar este bloque de intereses tan contradictorio. Miren: el 7,27 por ciento de los productores o empresas tienen entre 1500 y 10.000 hectáreas y producen el 37,45 por ciento del total de la producción agrícola (no solo soja) .Son apenas 16.604. Mientras que apenas 2473 productores, o sea el 1,08 por ciento, tiene más de 10.000 hectáreas y recogen el 36,44. La Argentina tiene 46 millones de habitantes y solo 19.077 ciudadanos o personas jurídicas producen el 73,89 por ciento de lo que se siembra y cosecha. La concentración agropecuaria -como vemos- es bestial.
Ahora bien, como puede ser que estos casi 20 mil tipos tengan de rehén a todo un país, y que una parte de los que ellos mismo esquilman, sacándole las tierras y destruyéndoles el hábitat, asuman como suyo el discurso de sus expoliadores. Es un contrasentido difícil de explicar. Que un pequeño chacarero del sur santafecino diga que todos los productores son iguales, y que no se puede segmentar significa –aparte- de una gran mentira, un rotundo triunfo político de la derecha argentina. Pero también es una falencia notoria del movimiento nacional y popular que nos obliga a una profunda autocritica, ya que no tuvimos una correcta política para desbloquear intereses tan disímiles. La segmentación y categorización de los productores y su correcta implementación es el primer gran paso para poner justicia tributaria en el campo. El otro es el decreto que restituya el Renatea en lugar del Renatre, para llevar justica social y control estatal a los trabajadores rurales, que en su mayoría están precarizados ilegalmente. Segmentación y derechos laborales son banderas que van juntas y no pueden estar relegadas en el accionar del campo nacional y popular. Ahora es el tiempo de materializarlas.
* Ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria.