Inflación: una batalla cultural

Fuente: Guillermo Wierzba | El cohete a la luna

Fecha: 29 de diciembre de 2019

Acorralado y desprestigiado debido a los pésimos resultados macroeconómicos de su gestión, el gobierno de la Alianza Cambiemos, rebautizada como Juntos por el Cambio, intentó resaltar aspectos presuntamente exitosos de la misma. Sus referentes y los operadores-periodistas que la blindaban eligieron apologizar supuestas mejoras en la vida institucional argentina, como soporte para sostener la campaña reeleccionista del presidente neoliberal que culminaría su mandato el 10 de diciembre pasado. Pero el debate planteado dejó expuestas las evidencias de un grave deterioro de esa vida institucional durante el macrismo. El intento de designar jueces supremos por decreto, la estigmatización y represión de la movilización social, las presiones sobre el Poder Judicial y la articulación con sectores de éste para el despliegue de una sistemática persecución a dirigentes sociales y funcionarios de los gobiernos anteriores, caracterizaron ese grave retroceso.

Fuera de la ley

Una cuestión adicional fue el incumplimiento de la Ley como modo permanente de ejercicio del gobierno. Hoy se tramitan judicialmente, entre otras, la causa sobre el incumplimiento de las formalidades necesarias y exigidas por el orden legal y administrativo en el endeudamiento con el FMI. La lógica de comportarse por fuera de las leyes incluyó la violación permanente de la Carta Orgánica del BCRA.

El artículo 3° de la Carta Orgánica sancionada en 2012 expresa la clave del cambio de legislación que se introdujo, dándole al organismo objetivos múltiples que reemplazaban la versión sustituida que sostenía uno único. El texto vigente establece que: “El banco central tiene como finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Con un claro objetivo de escamotear lo previsto por la Ley, Szturzenegger en su discurso 14/12/15 expresó: “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”. El Doctor en Economía del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) había resuelto autorizarse, así, a dar por legislado lo que no lo está: jerarquizar el objetivo de “estabilidad monetaria” frente a los otros establecidos para la institución, acudiendo al orden prelativo. Szturzenegger aseguró que en una enumeración siempre existe una jerarquía y fijó un criterio, no enunciado por el legislador, que implicó inferir una misión para el Banco Central, devaluando el cambio de la Carta Orgánica, y que de hecho significó asimilarla al espíritu de la ley sustituida. Así, el economista ortodoxo se hizo su propia ley. ¡Vaya institucionalidad!

Metas de inflación

Con esa treta se dio comienzo al período de aplicación de un esquema de metas de inflación para bajar la tasa de crecimiento de los precios. El banco central asumió, así, el dispositivo preferido y recomendado por el FMI, para la construcción de las políticas monetarias y el combate de la inflación. El diagnóstico subyacente respecto de ésta es que el incremento de los precios proviene de un exceso de demanda en la economía. Para combatirlo, el Banco Central adopta como instrumento la tasa de interés de referencia de política, con la cual pretende afectar el precio de los activos y el resto de los tipos de interés. La autoridad monetaria se propone una inflación objetivo, y si se evidencia una tendencia de la tasa de inflación efectiva a superarla, se elevará el tipo de interés de referencia, provocando la disminución de la actividad económica, el consumo y la inversión, para lograr un descenso del ritmo de crecimiento del nivel de precios. El esquema supone que la reducción de la actividad también impactará en el nivel de empleo, deprimiéndolo, para alcanzar una tasa de desocupación que, como manifiestan Abeles y Borzel en el documento de trabajo n°1 del CEFID-AR Metas de Inflación: implicancias para el desarrollo, “mantiene los reclamos salariales en línea con la distribución del ingreso prevaleciente”.

Una de las condiciones requeridas para la aplicación del dispositivo de Metas de Inflación es la independencia de la autoridad monetaria, autonomizada de las representaciones ciudadanas, que, una vez definida cuantitativamente la meta inflacionaria, deberán abstenerse de discutir la estructura del régimen de política monetaria. ¡Vaya democracia!

Su aplicación requiere la libre flotación cambiaria y la libre movilidad internacional de capitales. Este régimen fue aplicado durante el gobierno de Macri hasta que estas dos últimas condicionalidades, junto a la decisión de financiar el déficit fiscal en pesos tomando préstamos en dólares, condujeron a la situación de iliquidez e insolvencia externa. De hecho, un virtual default, sin haber logrado -ni haberse acercado nunca- a las metas de inflación planteadas, pese a haber sometido a la economía a una elevadísima tasa de interés que, junto a otras medidas de política económica, provocaron el devenir de un cuatrienio de caída del PBI, derrumbe del salario y de los ingresos fijos y aumento del desempleo.

Un festival de títulos y letras

Mientras tanto, un festival de títulos y letras remuneraban con abultados intereses al capital especulativo. En la Argentina el esquema de Metas de Inflación constituyó un rotundo fracaso de la receta fondomonetarista. Por el contrario, el nivel inflacionario superó con creces el tan cuestionado de los doce años de gobierno popular. Siendo dos inflaciones de sustancia distinta. Mientras la primera se desplegaba en un patrón de acumulación de valorización financiera que despojaba a los sectores populares, la del período del gobierno de Cristina Fernández expresaba una puja distributiva, en la que los asalariados defendían las mejoras alcanzadas.

Pero el fracaso en Argentina de tal régimen, no es un episodio aislado. La ineficacia parece extenderse a los países periféricos en general. La ortodoxia se ha empeñado en destacar la disminución del traspaso (pass throught) del tipo de cambio a precios en esos países, adjudicando su causalidad al establecimiento de regímenes de metas de inflación, asociados a un crecimiento de la credibilidad en las autoridades monetarias y al cumplimiento de las otras condiciones requeridas para la vigencia de ese esquema de política antiinflacionaria. Sin embargo, Abeles y Cherkasky en el artículo de la Revista de CEPAL 128,  Régimen monetario e instituciones laborales: una interpretación alternativa de la tendencia a la disminución del traspaso del tipo de cambio(pass-through) en los países periféricos, encontraron evidencia que permite concluir que “

1. la disminución de la resistencia salarial se produjo con mayor intensidad precisamente en los países donde se implementaron regímenes formales de metas de inflación, y
2. la resistencia salarial es un factor significativo desde el punto de vista estadístico para explicar la intensidad del traspaso del tipo de cambio. De ello podría inferirse que la reducción del traspaso del tipo de cambio a los precios se manifiesta con mayor intensidad en ese subgrupo de países (que aplican metas de inflación) debido a que en estos fue más significativa la reducción de la capacidad de resistencia salarial —y, presumiblemente, más acentuadas las transformaciones estructurales e institucionales que ocasionaron dicha reducción—y no a la mayor credibilidad de sus instituciones monetarias”. Han sido características en estas naciones la reducción de la densidad sindical y el cambio regresivo de las instituciones laborales.

La reforma laboral

No resulta casual que el FMI cuando acudió con su inédito nivel de financiamiento a la Argentina para evitar el default del tercer turno neoliberal, decidiera sustituir el régimen de metas de inflación por otro de rígido control sobre los agregados monetarios, pero sosteniendo explícitamente en la carta intención compartida con el gobierno de Cambiemos, el compromiso de una reforma laboral. El dispositivo de control de los agregados monetarios también parte de un diagnóstico de inflación de demanda, alimentada por un supuesto exceso de emisión monetaria. El mantenimiento de la exigencia de reforma del mercado de trabajo devela que el organismo multilateral sostiene como pilar antiinflacionario el doblegamiento de la resistencia laboral. Nuevamente el fracaso del control de la inflación demostró que, aun congelando la emisión de dinero, la tasa de crecimiento de los precios podía seguir trepando. El organismo multilateral volvía a inducir y participar de una política económica que desarticuló la macroeconomía, benefició a los rentistas, colaboró con el raudo endeudamiento del país y deterioró agudamente las condiciones de vida del pueblo argentino.

El período de sustitución de la política de MI por otra de control de los agregados monetarios fue acompañado por otras “lindezas” institucionales. El gobierno de Macri en connivencia con el FMI, luego de la renuncia de Szturzenegger a la presidencia del Banco Central, lo reemplazó por Luis Caputo, quien al poco tiempo fue despachado por exigencia del organismo internacional. En su lugar se colocó a Guido Sandleris, quien nunca ocultó su renuncia a cualquier grado de independencia ni su consulta permanente de decisiones tanto con el Poder Ejecutivo, como con el FMI. ¡Vaya independencia de la autoridad monetaria! ¡Vaya respeto por la institucionalidad!

En el texto de CEPAL Estructura productiva y política macroeconómica, Luis Trajtenberg, Sebastián Valdecantos y Daniel Vega hallaron en su investigación Los determinantes de la inflación en América Latina: un estudio empírico del período 1990-2013 “que los excesos de demanda no constituyen un factor relevante en la determinación de la inflación. Por el contrario, los movimientos del tipo de cambio nominal, las pujas por la distribución del ingreso, las fluctuaciones de los precios internacionales de las materias primas y las expectativas (captadas a través del componente inercial) son los factores que explican la mayor variabilidad del índice de precios”. Esos autores encontraron que las aceleraciones inflacionarias suelen estar asociadas a un crecimiento de los costos, particularmente afectados por el precio internacional de las materias primas, el tipo de cambio nominal y el conflicto distributivo. Estos autores no encontraron evidencia que apoye los supuestos de los regímenes de metas de inflación, y en ningún caso observaron que los factores de la demanda impulsaran la aceleración inflacionaria.

Como se ve, las investigaciones heterodoxas de la CEPAL distan de convalidar los diagnósticos y recomendaciones del FMI y el mainstream respecto a la inflación. Las causalidades que encontraron en sus pesquisas y trabajos refutan la supuesta efectividad de las políticas contractivas para controlarla.

El contrato social de ciudadanía

Una de las políticas del Contrato Social de Ciudadanía propuesta por el gobierno del Frente de Todos es la de un acuerdo social. Esa política incluirá pautas para ordenar el conflicto social, que supone el arreglo extramercantil, a nivel institucional, de la distribución del ingreso y el proyecto de sociedad. Este dispositivo institucional reconoce a la puja distributiva como un determinante de la suba de precios y se predispone a actuar sobre la misma. Pero con un criterio inverso al buscado por las recetas ortodoxas. En lugar de reducir la densidad sindical y debilitar las instituciones, apuesta a fortalecerlas y defender a la primera, indispensable en la resistencia para frenar la reconversión neoliberal promovida por la globalización. La construcción de ciudadanía y no la sustitución de ésta por una sociedad basada en sujetos de consumo, es la premisa con la cual se persigue el control de la inflación y otras metas de la economía. El tipo de cambio, macroprecio de la economía acaba de ser diferenciado por tipo de destino. El mercado de cambios se mantiene con una fuerte administración, incluyendo una severa regulación cuantitativa. Se implementaron las retenciones, buscando reducir el impacto en los precios internos de las variaciones de los precios internacionales de las materias primas exportadas y de las modificaciones en el tipo de cambio. Las tarifas serán desdolarizadas. Hay un fuerte cambio de enfoque sobre la cuestión inflacionaria, que en el acuerdo también se propone actuar sobre el componente inercial, bajando las expectativas de inflación futura y toma en cuenta el peso de la concentración de la oferta, en amplios sectores donde las firmas tienen un poder de mercado que les permite formar precios. Ese cambio de enfoque reconoce las causalidades de la inflación tipificadas por los economistas heterodoxos, tomando nota del estrepitoso fracaso de las últimas experiencias vividas con las distintas variantes de políticas antiinflacionarias basadas en los enfoques de la corriente principal.

Inversamente a lo proclamado por la posverdad neoliberal del macrismo, el gobierno del Frente de Todos, con la construcción del Contrato Social de Ciudadanía se propone una mayor institucionalidad, fortaleciendo la tradicional -avasallada por el anterior gobierno- y creando nuevas instancias para enriquecerla.