Cruzar el abismo

Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna

Fecha: 15 de diciembre de 2019

La relación de la Argentina con Estados Unidos es una de las cuestiones principales a las que debe prestar atención el gobierno del Presidente Alberto Fernández, dado el rol decisivo del accionista mayoritario del FMI. A su vez, el organismo internacional es clave para la renegociación de la descomunal deuda contraída en apenas cuatro años por el alegre gobierno anterior.

Bajo la conducción de Fernández, la Argentina debe cruzar un abismo, sobre un inestable puente de troncos. Llegar a la otra orilla no es imposible, pero un paso en falso puede precipitar una caída mortal.

Del acuerdo que pueda alcanzarse, tanto con el FMI como con los acreedores privados, depende la disponibilidad de recursos para revertir la estanflación que dejó como herencia Maurizio Macrì, sin lo cual el nuevo gobierno no tendría futuro. La nueva directora del Fondo, Kristalina Georgieva, muestra hasta ahora buena disposición, como si la Argentina pudiera ser el leading case para mostrar un cambio radical respecto de sus predecesores.

Más frágil que el Kristal

Fernández presentará la campaña nacional contra el hambre en la ciudad más castigada por esa aberración, la entrerriana Concordia, sede de la primera capital alternativa donde sesionará el gabinete nacional. Ese programa prioritario y las diversas medidas de recuperación del poder adquisitivo de salarios y asignaciones y de contención de precios son los pasos iniciales de un giro de 180° en la política económica, aquello que Alberto ha definido como poner plata en el bolsillo de los argentinos. En su primera conferencia de prensa, el Ministro de Economía Martín Guzmán advirtió que esos fondos no provendrán de la emisión monetaria, declaración que sorprendió a quienes preveían otro curso de acción.

Como expone en otro artículo de esta edición Guillermo Wierzba, las fuentes fiscales que quedan para hacer política económica y evitar la continuidad del descenso de la actividad económica son la reasignación de las partidas previstas para el pago de deudas, las retenciones al sector agropecuario, al minero y a las grandes empresas industriales con competitividad  exportadora, los impuestos a los activos de los argentinos en el exterior, a los bienes personales y los tributos a los bancos que tuvieron ganancias extraordinarias debidas a los negocios con LEBACs y LELIQs y a las altas tasas de interés.

El primer paso fue el decreto que modificó el esquema de retenciones. El enojo de las cámaras patronales no es razonable: Alberto procedió al amparo de la ley y no como Maurizio Macrì, y la alícuota para la soja estuvo por debajo de lo que estaba facultado para imponer. En septiembre, Macrì fijó una retención de 4 pesos por dólar exportado, medida para la que el Congreso no lo había facultado. ¿Por qué los autodenominados constitucionalistas ni el sector protestaron? Tal vez porque en tiempos de alta inflación, una alícuota fijada en pesos se iría extinguiendo más temprano que tarde, tal como ocurrió. En cambio, Fernández invocó el artículo 81 de la ley 27.467, sancionada en diciembre de 2018. Allí se establece que, de acuerdo con el Código Aduanero, el Poder Ejecutivo podrá fijar una alícuota del 12% para mercaderías que no estaban sujetas a derechos de exportación y hasta del 30% para las demás. En vez del 12% el gobierno se contentó con el 9% para carne, maíz, trigo y otros cereales. Y con la soja también se detuvo 3 puntos por debajo del 30% que le permitía la ley. No es seguro que las entidades valoren este self restraint, pero sería bueno que supieran que dentro del gobierno hubo incluso quienes pensaron en llegar al 35%, mediante un artículo en la ley de emergencia en ciernes.

Esto se relaciona con las negociaciones entabladas con los acreedores. Guzmán fue recibido en Washington por Georgieva a pedido de Alberto Fernández, quien la llamó para comunicarle mucho antes del anuncio público que el joven académico de Manhattan sería su ministro.

—¡Tenemos un amigo común con — respondió Georgieva, en referencia a Joseph Stiglitz, quien ya había hecho sondeos en Washington sobre lo que podía esperar la Argentina. El respaldo del premio Nobel de Economía obra como un reaseguro para Georgieva ante la incertidumbre de un cambio en las prioridades del organismo.

Aun así, la primera respuesta de la nueva directora gerente del Fondo ante la solicitud de que se reuniera con Guzmán antes del cambio de gobierno, fue que no podía apartarse del procedimiento establecido, que requiere un previo dictamen de la línea del organismo sobre un proyecto oficial. Fernández replicó que la línea tendría una actitud defensiva, porque el Fondo es corresponsable de la situación argentina, y luego de mucho insistir consiguió la excepción pedida. En la segunda parte de la reunión, Georgieva hizo pasar al nuevo encargado de la Argentina, el venezolano Luis Cubbedu, quien desplazó al italiano Roberto Cardarelli. Un venezolano, oh casualidad.

Son cuatro años, no dos

Tanto en ese encuentro de Guzmán con Georgieva, como en los que se han venido sosteniendo con los tenedores privados de papeles argentinos, el nuevo gobierno plantea que durante cuatro años no podrá afrontar pagos de capital ni de intereses. Cuatro, no dos como se ha venido publicando en diversos medios. Es decir, todo el mandato de Alberto Fernández y de su Vicepresidente CFK.

En principio habría asentimiento, aunque faltan detalles no menores por definir. Por ejemplo, algunos acreedores privados pretenden que los intereses que no se paguen en esas 200 semanas se capitalicen, lo cual engrosaría aún más la factura a partir de 2024. Es lo que Scalabrini Ortíz llamó atarse a la rueda del interés compuesto. En cambio, el gobierno plantea que se practique una quita sustancial en los intereses, que refleje las condiciones actuales del mercado mundial, donde el 8% anual que paga la Argentina se ve como un fósil de otra era, cuando la tasa de interés de los nuevos convenios apenas levanta de cero, e incluso hasta en Alemania los bancos están recibiendo depósitos con tasas negativas, es decir que quien paga es el depositante, no la entidad financiera.

Si la propuesta oficial fuera aceptada, el cruce del puente sobre el abismo sería menos sobresaltado, por más que resten definiciones importantes. Dos ejemplos:

1. ¿Buscar inversiones que redunden en un incremento de las exportaciones argentinas, o para substituir importaciones? En ambos casos, mejoraría la balanza de pagos, con una diferencia importante: las producciones exportables argentinas emplean poca mano de obra y su demanda es inelástica, depende de las condiciones de los mercados globales, no de la oferta argentina. En cambio, la sustitución de importaciones industriales generaría empleos de calidad, elevaría el salario medio y no dependería de las condiciones externas.
2. La inversión hidrocarburífera, ¿se dirigirá a la no convencional de Vaca Muerta, o a la convencional en distintos lugares del país? El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, parece inclinarse por el primer camino, aunque no es seguro que la ecuación entre lo que se invierte y lo que se produce sea racional, además de las objeciones ambientales que genera el fracking.

A fondo

El fracaso de Macrì es también un duro contraste para la ortodoxia que orienta las decisiones del Fondo. El éxito de Fernández sería el perfecto reverso, legitimador de un nuevo enfoque, que algunas condiciones objetivas avalan. La crisis del capitalismo de rapiña regido por el sistema financiero internacional ha alcanzado niveles apocalípticos, en todo el mundo e incluso dentro de Estados Unidos. En esta misma edición, el columnista conservador de Fox News, Tucker Carlson, narra la devastación que los fondos buitre han causado en la América profunda y concentra su análisis en el viejo conocido de la Argentina, Paul Singer, cuyo fondo Elliot se está preparando para comprar una vez más bonos argentinos por monedas, a la espera de que el puente de troncos se derrumbe. Este daño sistémico de la financierización sobre la sociedad, explica en parte la victoria de Donald Trump en 2016 y la de les Fernández en 2019. Pero la mejora económica en Estados Unidos llegó demasiado tarde, en dosis insuficientes y no para todos. Sin embargo, la rotunda victoria de Boris Johnson en Inglaterra puede ser un anticipo de lo que ocurra del otro lado del Atlántico.

Algunas cosas están a la vista, otras transcurren por canales discretos, y no siempre coinciden. La semana pasada, la atención se dirigió al desplante del enviado del Consejo Nacional de Seguridad del Presidente Donald Trump, Mauricio Claver, quien se retiró del Congreso al ver en la Asamblea Legislativa al ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y al enviado de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, uno de los funcionarios incluidos en listas negras por Washington. En cambio, no trascendió el llamado al Presidente argentino del representante especial del Departamento de Estado para Venezuela, Elliot Abrams, quien le transmitió el desacuerdo de Mike Pompeo con el gesto de Claver.

De hecho, el enviado de Pompeo, Michael Kozac, permaneció en el país y asistió al almuerzo previsto con Fernández. Las relaciones exteriores las maneja el Departamento de Estado, no el Consejo de Seguridad Nacional. Claver es hijo de exiliados luego de la Revolución de Fidel Castro, nació en el estado de Florida, y habla español como un cubano. Ese es uno de los estados swinger que podría definir la elección de 2020, en la que Trump buscará el segundo mandato que en la Argentina el electorado le negó a su amigo y ex socio Macrì. Es tan importante, que Trump mudó su domicilio legal a Florida, donde posee el fastuoso resort Mar-a-Lago, construido hace nueve décadas en Palm Beach.

Nada que hablar

Durante el encuentro mantenido en México antes de que Fernández asumiera la presidencia, Abrams le solicitó que intercediera ante el Presidente Nicolás Maduro por la situación de cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Caracas. El interés de Abrams se concentró en uno de los detenidos, por problemas de salud. Maduro recibió el mensaje y decidió que los cinco salieran de la cárcel y pasaran al arresto domiciliario. El gesto se potencia cuando se sabe que en realidad son cinco opositores venezolanos, a quienes Estados Unidos les concedió la nacionalidad como protección cuando ya estaban detenidos.

En esa conversación, y en el tête à tête con Kozac, cada parte se atuvo a su propia visión. Para los norteamericanos, no le hace bien a la democracia la radicación aquí del ex Presidente del estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Para el argentino, lo que no le hace bien a la democracia es el elogio de Trump al Ejército que forzó la renuncia del Presidente. Alberto y Evo hablaron por teléfono en cuanto el boliviano aterrizó en Ezeiza, acompañado por dos funcionarios de la cancillería mexicana que lo acompañaron para garantizar su seguridad. Es posible que hoy se encuentren en persona. En esa primera conversación, Morales expresó su convicción de que el MAS vencerá en las elecciones presidenciales en las que ni él ni su vice, Álvaro García Linera, serán candidatos. En Brasil era impensable que quienes forzaron la destitución de Dilma, permitieran poco después la elección de Lula, y así fue. ¿Podrá Evo incidir en la sucesión en Bolivia? El lenguaje y los actos del gobierno de facto lo tornan dudoso.

En respuesta al agradecimiento por la salida de la cárcel de los cinco venezo-denses, Fernández planteó que, si él va a mediar entre ambos gobiernos, es preciso que también Washington realice algunas concesiones. Kozak tomó nota y no respondió. El abrupto retiro de Claver se explica por sus dos adscripciones: la actual, en Seguridad Nacional, pero también la previa, en el FMI, donde fue director por Estados Unidos. Durante el encuentro en México se jactó de su intervención para que el Fondo concretara los préstamos solicitados por Macrì.

—¿Y quiere que le agradezca?— lo petrificó la respuesta.

Fernández le explicó en privado lo que repite en público: la corresponsabilidad del Fondo por la catástrofe económico-social que hereda su gobierno.

Con Kozac también se discutió el rol de la OEA, de su secretario general Luis Almagro y de su asesor político, Gustavo Cinosi. En los encuentros en México, la presencia de Cinosi fue un hecho consumado de Claver y Abrams, quienes lo presentaron como un amigo de la Argentina que intentaba ayudar. Fernández advirtió ahora que el accionista del hotel Sheraton de Pilar (que encubre así sus tareas de inteligencia para organismos estadounidenses), no será admitido en futuras reuniones salvo que asuma formalmente la representación de sus mandantes.

Cuando le preguntan a Almagro por qué lo designó como su principal asesor político, responde que no pudo evitarlo. Desde hace varias semanas, Fernández no responde a los insistentes llamados de Cinosi. Durante la visita presidencial a la sede de la Unión Industrial, Cinosi apareció sentado en la primera fila, igual que durante la reunión del Council of America, a la que asistió Felipe Solá.

Al concluir en la UIA, Cinosi se acercó a Fernández:

—Alberto, tenemos que hablar— le dijo.

—Yo no tengo nada que hablar con vos— fue la respuesta.

—Pero somos amigos— insistió, sin un buen registro de la situación.

—Un amigo no se porta como te portaste vos— y siguió su camino.

Cuando la OEA envió la misión técnica para auditar las últimas elecciones bolivianas, Almagro pidió a Fernández que designara dos personas de su confianza para integrarla. Los enviados fueron Santiago Eguren (ex director de operaciones contra el Terrorismo y Delitos contra el Orden Constitucional de la AFI) y Gerónimo Ustarroz, representante del nuevo Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

La difusión anticipada de conclusiones de la auditoría antes de que estuviera terminada, y el uso por parte de Almagro de la palabra fraude, que no figuraba en el informe técnico, desencadenaron el pedido militar de renuncia del Presidente, como si hubiera sido concertado. Almagro, a quien Cinosi acompaña hasta para ir al baño, acusó a Eguren y Ustarroz de ser infiltrados en la Comisión. La respuesta fue exhibir la invitación y los pasajes emitidos por la OEA. Fernández también les anunció a sus interlocutores estadounidenses que hará todo lo posible para que el ex canciller uruguayo (que fue expulsado del Frente Amplio por su alineamiento acrítico con las posiciones estadounidenses) no sea reelecto para un segundo periodo.

Tampoco Pascualito

Otra presencia familiar que el nuevo gobierno rechazó fue la del traficante de parafernalia bélica, de seguridad e inteligencia Mario Montoto, el caso más extremo de conversión: de líder guerrillero que supervisó el entrenamiento de jóvenes montoneros en bases palestinas en Siria para preparar la denominada Contraofensiva de 1979, a presidente de la Cámara de Comercio argentino-israelí. Hace cuatro décadas, Montoneros suministró a la Organización para la Liberación de Palestina la fórmula para producir en Líbano el poderoso explosivo plástico Exógeno. En los últimos cuatro años, Montoto fue el puente entre el gobierno de Maurizio Macrì, y en especial con su compañera de entonces, Patricia Bullrich, para que las empresas israelíes de inteligencia y seguridad vendieran sus chiches tecnológicos a la Argentina.

La embajadora de Israel, Galit Ronen, solicitó una audiencia con el canciller Felipe Solá, e informó que asistiría acompañada por Montoto. La respuesta oficial fue que no se admitirían terceras personas en la reunión solicitada. Igual que Cinosi con Alberto Fernández, Montoto intentó un diálogo personal con Solá, en el que utilizó el mismo argumento:

—Tenemos que hablar, yo sólo quiero ayudar.

La respuesta fue parecida:

—El canciller no necesita ayuda de nadie para hablar con los embajadores.

Acero y aluminio

Quien también se interesó por la situación argentina en relación con su país fue el ex responsable de América Latina en el Departamento de Estado y ex embajador en Brasil Thomas Shannon, uno de los diplomáticos que mejor conocen la región. Igual que el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Shannon piensa que lo único desaconsejable es la polémica pública con Trump, que hasta dentro de once meses subordinará todo a las necesidades electorales. A eso se atribuye también el anuncio presidencial sobre la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Brasil y la Argentina, en represalia por las devaluaciones del real y el peso y el potencial perjuicio para los agricultores estadounidenses.

Que hayan caído en el mismo cedazo Fernández y Jair Bolsonaro, cuyas posiciones políticas e ideológicas no pueden ser más divergentes, sugiere que se trata de una movida publicitaria. Lo ratificó el jefe del consejo de asesores económicos de la presidencia, Larry Kudlow, al señalar que fue sólo un twitt pero que no hay ninguna resolución firmada. Es un estilo que después de cuatro años de Macrì, la Argentina conoce bien. La misma definición le cuadra a Bolsonaro, quien se cansó de insultar al Presidente argentino, pero no pudo impedir que su Vicepresidente asistiera a la toma de posesión.

Hay dos versiones sobre el episodio. Cada cual juzgue sin son excluyentes o complementarias:

1. La furia de Bolsonaro con el gobierno argentino no es sólo ideológica, sino que se alimenta de sus recelos hacia el presidente de la Cámara de Diputados de Brasilia, Rodrigo Maia, un liberal del Partido Demócrata, aliado a la coalición oficial, pero cuya aspiración es sucederlo en el Planalto. Maia nació en Chile en 1970 y llegó a sus tres años como exiliado a Brasil. Luego de la elección presidencial estuvo en la Argentina, donde se reunió con Fernández, Solá y Sergio Massa. Que lo hayan recibido habría sido una de las razones por las que Bolsonaro decidió que ningún miembro de su gobierno representara a Brasil en la transmisión del mando. Sin inmutarse, Maia comunicó que volvería él, ya que no necesita autorización presidencial. Eso motivó la marcha atrás.
2. Las Fuerzas Armadas brasileñas, de fuerte presencia en el gobierno de Bolsonaro, no ven con simpatía la erosión de las relaciones con la Argentina. Buscar el favor de Washington, como hace Bolsonaro con constantes sobreactuaciones, no es una política inteligente. Sólo asociado con la Argentina y con los demás países del Mercosur, Brasil puede fortalecer su posición ante Estados Unidos. Ese sería el sentido de la presencia en la Asamblea Legislativa del Vicepresidente Hamilton Mourao, quien es un general del Ejército.

Huevo duro

“Nunca Más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más», leyó Alberto ante la Asamblea Legislativa en el tramo más aplaudido de su discurso. Pronunciado ante cuatro de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia en la Asamblea Legislativa, dejó pasmado al juez Ricardo Lorenzetti. Presidente durante nueve años de la Corte. Su expresión evoca la de un personaje de la historieta Condorito, que responde al nombre de Huevo Duro. Lorenzetti buscó el apoyo del Presidente para regresar al mando del tribunal, en lugar del bienmandado de Macrì, Carlos Fernando Rosenkrantz. Fernández le hizo contestar que sólo dependía de que el propio Huevo Duro consiguiera los votos. El problema es que no los tiene ni parece a su alcance obtenerlos.

Salvo que a corto plazo se produjeran vacantes, cosa que no puede descartarse, no hay otra solución que ampliar el número de miembros de la Corte, una idea que no es atractiva para Fernández, pero que la realidad va imponiendo. El Obispo de Rafaela, quien promete lealtades con el puñal en la liga, llamó a distintos jueces, para que el encuentro en Resistencia de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales respondiera con dureza a los señalamientos presidenciales. No tuvo éxito, porque los jueces del interior escapan como de la peste que se los identifique con los del Estado libre asociado de Comodoro Py. En vez de patalear por el discurso de Alberto, demandaron más recursos.

Otra cosa ocurre en el barrio del Retiro: la Cámara Federal de la Capital reeligió como presidente a Martín Irurzun, jefe del Sistema de Escuchas y Filtraciones que Macrì delegó en la Corte Suprema y firmante del texto de Lorenzetti por el cual los ex funcionarios procesados deberían padecer prisión efectiva antes de ser juzgados. Como jefe supremo de la República Autónoma del Cuarto Piso, instó a los jueces federales a avanzar en causas por corrupción contra Cristina y les prometió protección, mensaje que ratificó en público con su foto entre el doctor Glock y el carcelero de Lula, Sergio Moro. En otro acto oficial dio por sentado que el ex fiscal Natalio A. Nisman había sido asesinado, cosa que no surgía del expediente, y presentó su muerte como un ejemplo de impunidad. Permeable a las sugerencias de la embajada, orientó al fuero federal hacia lo que llamó la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, definición de política criminal que no compete a la Corte. Todas esas medidas fueron instrumentadas para desestabilizar al anterior gobierno peronista.

En una notable coincidencia, el viernes 13 la Corte Interamericana de Justicia informó que el lunes 9 condenó al estado de Argentina por la «vulneración a la libertad personal y a la presunción de inocencia por la detención ilegal y arbitraria en perjuicio del ciudadano Raúl Rolando Romero Feris». El Tato Romero Feris, ex gobernador de Corrientes, estuvo detenido sin condena entre agosto de 1999 y septiembre de 2001, bajo cargos de administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, defraudación, malversación de caudales públicos, entre otros. La Corte entendió que únicamente deben ser consideradas como finalidades legítimas de la prisión preventiva, aquellas que están atadas directamente con el desarrollo eficaz del proceso, es decir, que estén vinculadas con el peligro de fuga del procesado (directamente establecido en el artículo 7.5 de la Convención Americana) y aquella que busca evitar que el procesado impida el desarrollo del procedimiento. A su vez, la Corte consideró que la prórroga de la privación de la libertad impuesta a Romero Feris fue arbitraria, y vulneró el principio de presunción de inocencia, toda vez que los criterios con base en los cuales se fundamentó la finalidad legítima de “peligro de fuga”, fueron abstractos y por ende contrarios a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 7.3, 7.5 y 8.2). El resumen oficial de la sentencia, aquí, y su texto íntegro aquí. Hasta Julio De Vido duerme desde hace dos noches en su casa.

Gustavo y Marcela

Ya en 2003, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Béliz había planteado la fusión de los fueros federal y de instrucción criminal, lo que provocó una reacción furibunda en Comodoro Py. El proyecto actual que impulsa Béliz es aún menos complaciente con los federales. No sólo equipara a esos 12 señoríos feudales con los 63 juzgados de instrucción, sino que fusiona la Ciudad Autónoma con el Conurbano, prorrogando la jurisdicción. Más allá de sus buenas intenciones, Béliz ignora, porque hace 15 años que vive fuera de la Argentina, qué caterva de burócratas, arribistas y coimeros se compraría, además de casi tres docenas de jueces, fiscales y camaristas designados por Macrì y su ministro Germán Garavano.

Béliz también impulsa la designación del fiscal de cámara del fuero ordinario, Ricardo Sáenz, en reemplazo del renunciante Germán Moldes en la Cámara Federal, lo que se dice caer en Guatepeor. Sáenz proviene de federal, pero hace tres décadas fue desplazado a instrucción a pedido de Luis Moreno Ocampo, luego de que dejara en libertad al narco cubano-estadounidense Fernando Pruna, quien participó en la invasión de Bahía de los Cochinos y cuya extradición pedía Washington. En 2013, Sáenz fue grabado en conversaciones con funcionarios policiales involucrados en graves delitos, pero la causa se congeló cuando asumió Macrì. Junto con Moldes, Raúl Plee y otros colegas, encabezó las movilizaciones acusando al gobierno de CFK por la muerte de Nisman. Es el paradigma de la promiscuidad entre policías, políticos, servicios, jueces y fiscales que Alberto denunció al asumir. Su promoción sería una señal contradictoria con esas palabras.

La Ministra de Justicia, Marcela Losardo, socia y amiga del Presidente desde sus tiempos de estudiantes, cuestiona los proyectos y las designaciones que pretende Béliz. Ella sí ha pasado estos años aquí, conoce el paño e intenta evitarle un paso en falso tan grave como innecesario.

Rectificación: la candidatura de Ricardo Sáenz no es alentada por Gustavo Béliz. Cerca del funcionario explican que Sáenz es el fiscal que persiguió a Béliz en la causa que le abrió Horacio Stiusso.