Fecha: 5 de agosto de 2019
Con aroma a campaña electoral, Clarín publicó el pasado 27 de julio una entrevista al Secretario de DDHH, Claudio Avruj, realizada por la periodista Natasha Niebieskikwiat, en la que abordó distintos temas. (https://www.clarin.com/politica/claudio-avruj-reclamo-familiares-victimas-guerrilla-legitimo_0_ukq5DZK89.html)
Analizó el rol de la Secretaría DDHH al recibir testimonios de venezolanos sobre presuntas violaciones a los DDHH en ese país, un modo de dejar en claro el posicionamiento de Macri en el contexto internacional; de la mano de Trump, el FMI hace campaña para el macrismo aportando no sólo dólares sino también declaraciones. Y, para enlazar aliados, Avruj justificó la declaración de Hezbolla como organización terrorista en expresiones dadas por el embajador israelí en nuestro país.
Al preguntársele por la identificación de soldados muertos en las islas Malvinas, Avruj habló de héroes y de las conversaciones con el embajador británico. No dijo nada sobre las torturas padecidas por los soldados ni de la causa penal en la que están imputados militares argentinos. Cuando habla de héroes oculta víctimas de violaciones a DDHH.
Sobre el reclamo para indemnizar a víctimas del accionar de organizaciones armadas (aquí sí utilizó la palabra víctima), Avruj se refirió e hizo suya la denuncia presentada por la hermana de un conscripto fallecido durante el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa por parte de Montoneros, auspiciada y promovida por abogados defensores de procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad: María Laura Olea dejó su cargo de secretaria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi, para defender a genocidas, y Ricardo Alberto Saint Jean, hijo del represor Ibérico Saint Jean y uno de los voceros de los militares presos.
La denuncia es apadrinada por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, un grupo de letrados de extrema derecha que reivindica la dictadura, de estrechos vínculos con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que nuclea a algunos de esos abogados y a profesionales de grandes grupos económicos. La Asociación escribió días atrás una carta al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea, en la que le reclamó por los militares presos y le achacó una “desmedida ponderación” a las Abuelas de Plaza de Mayo, preguntándose qué servicio brindaron a la patria en el “encuentro de la verdad que sana”.
Tales son quienes están detrás de la denuncia que Avruj hizo suya.
Saint Jean también defendió al comisario Carlos Sablich, condenado por torturas impuestas a personas detenidas acusadas del secuestro de Mauricio Macri, quien, siendo candidato a Presidente y mientras se debatía la condena de Sablich en la Cámara de Casación, reivindicó al torturador en el programa de Mirtha Legrand.
Los denunciantes dicen que se indemnizó a gente que atacó el regimiento. Lo que no dicen -y tampoco lo hace Avruj, puesto que está en campaña, y la mentira y el ocultamiento son armas predilectas de Cambiemos- es que para acceder a ese tipo de indemnizaciones debe haber una resolución fundada en elementos de prueba por la que se confirma, no la calidad de atacante, sino la de víctima del accionar ilegal de la represión ilegal que, por cierto, no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino mucho antes. Entre los antecedentes que dan por tierra la institucionalidad y el orden constitucional aludidos por Avruj, se puede mencionar que el sistema judicial calificó de crimen de lesa humanidad la masacre de Trelew (22 de agosto de 1972); que en febrero de 1975 María Estela Martínez de Perón delegó en las FFAA todo lo relativo a la denominada “lucha contra la subversión”, fecha en la que comenzó a funcionar el centro clandestino de violaciones, torturas y desapariciones, conocido como la “escuelita de Famaillá” en Tucumán, en el marco del “operativo Independencia”; los reglamentos secretos militares de 1968 (vigentes hasta 1995) en los que se preveía y por los cuales se aplicó la tortura como método entre las acciones para generar terror entre la población; que desde ese año 1968, sin interrupción, el Batallón 601 del Ejército infiltró partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, entre otras, para perseguir, detener y hasta torturar a militantes políticos; que la Directiva 404 de octubre de 1975 del Ejército incluyó entre las organizaciones a “combatir” a organismos de DDHH, la CGT de los Argentinos, agrupaciones de base, Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y a las juventudes políticas argentinas; y que durante la recuperación del regimiento en Formosa en 1975, se aplicaron torturas y se mató gente indefensa.
Sin embargo, Avruj dice que, como había un gobierno constitucional, se trataba de defender a la patria, la institucionalidad y la democracia. A las familias de quienes murieron como consecuencia del ataque al regimiento se les otorgó una pensión, se los reconoció desde el primer minuto, hubo un proceso penal, un juez y un fiscal que investigaron y abogados que representaron intereses de las víctimas. Todo lo contrario a lo sucedido con las víctimas del terrorismo de Estado, que no comenzó el 24 de marzo de 1976, como Avruj pretende hacer creer, probablemente como un modo de justificar las muertes y actos represivos de su propio gobierno, como si un gobierno surgido de las urnas no pudiera violar los DDHH e, incluso, cometer crímenes de lesa humanidad o genocidio.
La periodista de Clarín le preguntó si en un nuevo gobierno de Macri podría haber una ley reparatoria para las FFAA y Avruj dijo que estaban trabajando en eso. Luego preguntó cuánto dinero “dio” el Estado en indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. Avruj habló de “exageración” en el gobierno de CFK, que habilitó un resarcimiento a quienes fueron privados de libertad entre 1955 y 1983 por cualquier causa política. Hay que aclararle a la periodista de Clarín que no se “dio” dinero, sino que, en base a un imperativo legal y luego de los procedimientos de prueba ya mencionados, se otorgaron indemnizaciones en concepto de reparación a las víctimas. Algo muy distinto, por no decir opuesto, a lo sostenido por Clarín.
Lo que a Avruj le molesta, como a todo su gobierno, es la existencia del sindicalismo, de la izquierda y del peronismo, como también la censura a las políticas represivas impulsadas por las dictaduras que lo sucedieron y por el gobierno de Arturo Frondizi, con su plan CONINTES, antecedente de los métodos aberrantes de la última dictadura.
La periodista le preguntó sobre la relación de Macri con los organismos de DDHH, a la que calificó de “batalla campal”. Avruj dijo que siguen alineados a definiciones partidarias e ideológicas, equivocadas para él. Es decir, que si los organismos de DDHH se hicieran macristas por arte de birlibirloque, no estaría mal. Lo que subyace en el discurso del macrismo -reproducido aquí por medio de Avruj- es el mismo espíritu que alimentó las políticas represivas antes aludidas: odio a los sindicatos y a la política como herramienta de cambio de la clase trabajadora. En definitiva, un odio visceral a que los trabajadores se organicen para evitar que les arrebaten sus derechos, que les licúen sus salarios, que los dejen en la calle sin miramientos, como pretende el macrismo.
Trató la detención de Milagro Sala y de Santiago Maldonado (la periodista dijo que era el artesano cuya desaparición se denunció, aunque finalmente apareció ahogado). Ambos casos, para Avruj, están cerrados e implícitamente avaló lo realizado, como también hizo cuando el policía Chocobar mató por la espalda a un supuesto ladrón. Por razones similares es que también atribuyó a un mayor trabajo de la policía, sobre todo de la bonaerense, el aumento de la sobrepoblación carcelaria, lo que no le impidió referirse a los militares mayores de 70 años que, según él, deberían estar en sus casas en lugar de presos en las cárceles, a pesar de haber cometido los crímenes mas aberrantes de la historia argentina.
Avruj utilizó la misma táctica que Vidal al justificar el aumento del desempleo: hay más gente buscando trabajo porque la población aumentó y hay más presos porque la policía cumple mejor su trabajo, con lo que, además, avala las detenciones que se producen, en su inmensa mayoría, en los barrios pobres del conurbano bonaerense.
“Avruj es la cara del cambio de enfoque en derechos humanos que encarna Macri” escribió la periodista, mientras que Avruj dijo que su desafío es “consolidar el cambio cultural en la agenda de DDHH”. Eufemismos del negacionismo que pretenden instalar y que, a esta altura, no sorprende. Y, por cierto, Clarín sería el cambio de enfoque en la libertad de expresión y del derecho a la información que encarna Macri; un eufemismo de complicidad en el saqueo y en desmantelamiento de los derechos de las mayorías.
*Abogado, DDHH