Fuente: Luis Bruschtein | Página/12
Fecha: 18 May 2019
Como en un partido de fútbol de esos de ida y vuelta, la marea informativa que expresa la impresión de la sociedad sobre la Justicia dio una voltereta de 180 grados en 24 horas, primero para acusar a la Corte de peronista y después para lo contrario: denunciarla por ceder a las presiones del Ejecutivo. Entre las dos suman a todo el país. Como consecuencia de la política de Cambiemos de utilizarla en forma abusiva como herramienta de persecución, a esta altura nadie cree en la independencia del Poder Judicial. Es un país sin Justicia.
Se hace una denuncia por sobreprecio en la obra pública y el juicio empieza sin que haya ni un solo estudio que confirme esa denuncia. Entonces la Corte accede a una parte de este reclamo de la defensa y pide las actuaciones. El problema es que se trataba del juicio a Cristina Kirchner sobre el que Cambiemos ha puesto gran parte de su expectativa para iniciar la campaña electoral y poder rescatar la alicaída imagen de Mauricio Macri.
El pedido de la Corte debería retrasar efectivamente el comienzo del juicio. Y no hubiera sido su responsabilidad sino del juez que estuvo a cargo de la instrucción, en este caso Julián Ercolini. El magistrado ignoró olímpicamente el primer peritaje realizado por dos ingenieros y un contador que concluyeron en que no había sobreprecio ni obras pagadas que no se hubieran realizado.
El Gobierno eligió la obra pública para judicializar a su antecesora porque es donde circula más dinero en la gestión. Las empresas de Macri han sido muy favorecidas en las licitaciones más importantes en todo el país y sin embargo la acusación involucra solamente a una empresa que figura a la cola de los contratistas del Estado. El Grupo Macri estaba tercero en esa lista.
Pero la orden que le dieron al recién asumido Javier Iguacel en Vialidad Nacional fue usar la obra pública en la provincia de Santa Cruz para enterrar a los Kirchner. Al otro día de asumir, el hombre ordenó la investigación y pidió resultados en 90 días. El macrismo estaba urgido para iniciar las causas contra Cristina Kirchner y arrinconarla o destruirla.
Los técnicos explicaron que en 90 días era muy difícil auditar 51 licitaciones, casi todas tramos de las rutas 3 y 40. Pero la urgencia era perentoria porque los juicios contra la ex presidenta tenían que empezar cuanto antes.
El resultado de ese peritaje favorable al gobierno anterior pinchó la acusación que debería haber sido el gran show de la corrupción kirchnerista. Entonces el oficialismo empezó a abrir muchos frentes simultáneos para causar el mismo efecto de saturación. Surgieron las causas de Hotesur y Los Sauces, la de enriquecimiento ilícito, el suicidio de Nisman convertido en asesinato, el acuerdo con Irán aprobado por el Congreso y que Irán nunca aceptó, o la de apropiación de bienes del Estado por la posesión de un documento histórico que nunca fue del Estado.
Utilizaron todos los recursos para crear una fuerte conmoción mediática con pruebas circunstanciales y sin prueba concreta. Detuvieron a ex funcionarios sin condena en firme, se los mostró a través de los medios en situaciones humillantes cuando fueron apresados. Se extorsionó a supuestos testigos abusando de la ley del arrepentido, se usaron grabaciones ilegales, pero al mismo tiempo inocuas, para crear un clima hostil a los acusados. Destruyeron las casas de algunos de ellos en la búsqueda de escondites que tuvieran los miles de millones de pesos que dijeron que habían sido robados. Llevaron excavadoras para hacer pozos en la Patagonia, buscaron cuentas offshore y denunciaron cuentas inexistentes. No apareció un peso ilegal, ni tesoros enterrados, ni cuentas en el extranjero. Ni siquiera ostentación, ni elementos de lujo o estilos de vida fastuosos.
En la causa de Vialidad o de Obras Públicas que provocó este incidente entre la Corte y el TOF 2, no hay peritajes todavía y en los que están en marcha no hay peritos de las partes. Toda la instrucción realizada por Ercolini está construida sobre la base de los testimonios del testigo estrella Leonardo Fariña, y otros como Iguacel, Laura Alonso, Paula Olivetto o aportes del periodista Daniel Santoro.
Varios de esos testigos están involucrados con muchas pruebas documentales y testimoniales en la causa que sigue el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores contra el fiscal Carlos Stornelli por armar causas con pruebas falsas. PáginaI12 ha publicado una entrevista a la abogada Florencia Guijo que explicó al detalle la forma en que se armó el testimonio de Fariña sobre corrupción en la obra pública. Tuvieron que escribirle la declaración para que la memorice porque no tenía la menor idea del tema.
La importancia que tenía el comienzo del juicio oral es que en la primera audiencia los imputados tienen la obligación de estar presentes. Y entre ellos está Cristina Kirchner. Será la foto para empezar la campaña negativa con la que Cambiemos espera interrumpir el ascenso de la ex presidenta en las encuestas.
La Nación tituló que el cambio en la decisión de la Corte fue por la presión social. Junto al título publicó una foto de cuatro señoras caceroleando. Al mismo tiempo, el ministro de Justicia, Germán Garavano dio una conferencia de prensa para aclarar que el gobierno no había operado sobre la Corte.
El cacerolazo fue patético. No pudieron cortar ni una sola calle. Solamente hubo grupitos de cinco o diez personas en alguna esquina de Recoleta o Barrio Norte. Y la mayoría de los que cacerolearon lo hizo desde sus casas, con la luz apagada, con vergüenza de mostrarse. Las encuestas muestran que la inmensa mayoría está preocupada por la crisis y que estos temas solamente le interesan a un 10 por ciento.
No hubo presión social. Hubo una feroz apretada del gobierno y de la corporación de medios oficialistas que convocaron a sus plumas, algunos pseudoizquierdistas, para que escribieran editoriales salvajes contra una justicia que siempre fue más controlada por liberales-conservadores y radicales.
El Presidente, ministros y funcionarios, todo Cambiemos, sobre todo los radicales que ya desconfían del resultado electoral, reaccionaron enfurecidos ante la postergación (no la suspensión) de las audiencias. Necesitaban que el primer día fuera ahora, 20 días antes de que se confirmen las candidaturas. Necesitan esa foto de la posible candidata opositora.
En un juicio común solamente están involucradas las partes que intervienen. La parte no favorecida protestará, pero será equilibrada en el océano de causas y juicios que dirime la Justicia. Cuando se quiere juzgar a una ex presidenta cuestionada por una parte y amada por la otra parte, la situación es diferente porque están involucrados todos los argentinos. Los que la odian aceptarán cualquier manipulación con tal de perjudicarla. Los que la respaldan no aceptarán nada que no esté absolutamente claro.
Cuando se trata de enjuiciar a referentes de masas con tanto peso simbólico e institucional nada puede ser turbio. Las actuaciones tienen que ser claras, transparentes y las pruebas contundentes e incontrastables. No se puede hacer un circo-show-simulacro como el que montó Cambiemos con Cristina Kirchner porque se pone en juego la imagen de independencia del Poder Judicial, sobre la que descansa su autoridad. Y si desaparece esa imagen de independencia, deja de existir ese Poder.
La manipulación de la justicia ha sido una estrategia que se aplicó a todos los gobiernos populares de la década pasada en América Latina y no porque fueran corruptos sino porque que fueron reactivos al neoliberalismo. Es difícil que los juristas y los dirigentes de Cambiemos no se den cuenta de que las causas están todas embarradas porque lo que tienen no es consistente y solamente sirve para el ruido mediático.
Ha sido irresponsable involucrar de esa manera al Poder Judicial en la disputa política y usarlo como herramienta de persecución y espectáculo mediático. En apenas un día de diferencia entre la primera decisión de la Corte y su posterior rectificación no hubo nadie en el país que creyera en la independencia del Poder Judicial. Una de las tareas pendientes que tendrá el próximo gobierno será reconstruir un Poder Judicial que pueda recuperar el respeto de la comunidad. Cambiemos abusó de este modelo y lo agotó.