Fuente Nahuel Sosa* | Nuestras Voces
Fecha: 2 de ABR 2019
Un fallo se apila sobre otro. Un juez ordena liberar a Lula, luego otro magistrado –de una instancia inferior y de vacaciones- exhorta a que a los agentes federales no cumplan la orden. Horas después aparece un tercer juez que rechaza la puesta en libertad del ex presidente hasta que definitivamente el candidato con mayor intención de votos queda tras las rejas.
Una orden de detención se apila sobre otra. Un juez y otro juez, un fiscal y otro fiscal compiten para ver quién es el primero en saciar la sed republicana que pide a gritos encarcelar a cuanto populista ande suelto. Cristina Kirchner, Milagros Sala y Rafael Correa son algunos de los baluartes más codiciados de esta cruzada mediática-judicial. No es nuevo. Hace nueve años la Corte Suprema hondureña avalaba la destitución del jefe de Estado Manuel Zelaya, tres años después vendría el juicio político exprés al presidente de Paraguay Fernando Lugo y finalmente la tipología de “golpes institucionales” tendría su expresión máxima con el impeachment caricaturesco que logró derrocar a Dilma Rousself en Brasil.
Podríamos seguir enumerando un sinfín de arbitrariedades con las que cada día nos sorprende el poder judicial. Pero de lo que se tratar es de observar que la articulación que subyace en cada una de ellas no es casual, sino que responde a una nueva lógica política del neoliberalismo judicial; el Lawfare. Su significado a priori hace referencia al “uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial”. Sin embargo, en nuestra región ha superado sus límites originales y se ha constituido en una parte imprescindible de una renovada Doctrina de Seguridad Nacional.
La imparcialidad en los jueces, las violaciones constantes al principio de inocencia y garantías constitucionales, la utilización selectiva de pruebas son moneda corriente justificadas por el establishment en sus titánicas luchas contra la corrupción. No obstante, lo que no se dice, es que lejos de buscar la verdad y la transparencia lo que se perfila es nuevo caballo de Troya para aplicar un nuevo paradigma judicial que garantice la impunidad del poder financiero y mediático y la continuidad de las derechas en el poder.
Podríamos también afirmar, una vez más, que el poder judicial opera sistemáticamente en función de los intereses de los sectores dominantes. Sin embargo, esta verdad histórica, no deja de ser una abstracción incapaz de dar cuenta de ciertos fenómenos actuales que desbordan lo ya conocido. Por eso de lo que se trata es de asumir el desafío de elaborar nuevas categorías que nos permitan comprenderlos mejor. Hay algunos elementos significativos respecto al rol de la justicia que son particulares de esta etapa. Entre ellos podemos mencionar: el papel protagónico en los golpes de estado de nuevo tipo, los niveles de desacreditación ante la opinión pública, la guerra jurídica como forma de solucionar los conflictos socio-políticos, la judicialización del quehacer político, la mediatización de la práctica judicial y la incapacidad de defender a los individuos ya no solo de los abusos del Estado sino especialmente del poder financiero.
Incluso, a modo de hipótesis, podríamos decir que el poder judicial se ha convertido en un factor determinante en los procesos destituyentes, es decir, ya no se limita solamente a ser cómplice sino que ahora también es un eslabón central en la configuración de esta nueva Doctrina de Seguridad Nacional. Pero ¿para qué y por qué destituye? Las respuestas son múltiples, pero si centramos el enfoque en la dimensión económica-financiera podemos observar que cuando se pretende barrer con un gobierno popular se pretende también un cambio en la puja distributiva. En todos los países que se impusieron administraciones de tinte neoliberal sea por las urnas o a través de desestabilizaciones y golpes blandos, las políticas fueron prácticamente idénticas: ajuste, precarización, endeudamiento externo, timba financiera, fuga de capitales precarización del modelo productivo, etc.
En este sentido es que aparece una segunda hipótesis y es que la justicia no solo que no interviene ni ejerce ningún punitivismo con los delitos económicos sino que es parte del mismo entramado. Hay un neoliberalismo judicial recargado que destituye a la vez que instituye un determinado modelo económico y social.
En ese sentido cabe preguntarse ¿a quién responde la justicia? En este punto podemos pensar en dos claves. La primera es que responde a ella misma en tanto corporación y la segunda es que es la expresión de las alianzas que tejen distintos grupos del establishment según cada momento histórico. Pero a su vez se puede sostener que a priori ambas respuestas son parte de una misma condición, son las caras de una misma moneda. Una justicia con la doble condición de ser corporación y simultáneamente expresión de una confluencia de intereses extra-jurídicos. También podríamos dejar de pensar en LA JUSTICIA y pensar en justiciaS, con una S que configura una noción de pluralidad y multiplicidad distinta. En este caso existirían justicias que se disputan entre sí para determinar quien ocupa la posición de ser LA JUSTICIA. Tenemos entonces un abanico de opciones de justicias: populares, aristocráticas, politizadas, despolitizadas, duras, blandas, garantistas, positivistas, demagógicas, liberales, conservadoras etc. La pregunta sería cuál predomina y de qué forma y no cabe dudas que ha sido una justicia aristocrática, beligerante, antipopular y decididamente corporativa la que se impuso como respuesta a los procesos de emancipación popular.
En líneas generales encontramos que cualquier intento de los gobiernos progresistas por transformar, sea de forma parcial o estructural el aparato judicial, la respuesta siempre fue la defensa a ultranza de la corporación por encima de cualquier interés general y una confluencia explícita o implícita con los sectores opositores. La puesta en escena de una justicia ejemplar y republicana frente al avance del autoritarismo populista, fue el caballito de batalla predilecto de la industria mediática. Y fue esta misma justicia que dejo ser una herramienta del verdugo para calzarse su traje y con sus propias manos poner en la picota las cabezas insumisas.
Es importante detenerse en este punto: el desplazamiento de una justicia que en el siglo XX actuaba de polea de transmisión de dictaduras militares a una justicia que a partir del siglo XXI se erige como protagonista de los procesos destituyentes. Si en el siglo pasado la filosofía de la guerra suponía una confrontación directa con el enemigo interno, con las fuerzas armadas a la cabeza, en este siglo por el contrario son agentes de la sociedad civil (medios de comunicación, partidos políticos, ONGS, poder judicial) los que ocupan el primer plano. Los poderes judiciales de América latina no estuvieron exentos de estos cambios, sobre todo de modus operandi sino que por el contrario fueron parte constitutiva de los nuevos esquemas de recolonización a partir de la configuración de una justicia de ataque en el marco de una Guerra de Baja Intensidad.
Podemos caracterizar por lo menos tres momentos en los que el poder judicial asumió distintas funciones durante el siglo XXI. El primero se refiere a su posición con respecto a los procesos que emergieron con un profundo carácter antineoliberal como los de Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela y Bolivia. En el segundo momento se produce un desplazamiento que coloca al poder judicial en un agente central de los esquemas de desestabilización y de Guerra de Baja Intensidad. El último momento es el que estamos atravesando en estos días, donde cada vez se hace más evidente el entramado de las elites latinoamericanas con los aparatos mediáticos y judiciales.
En una publicación del periódico Le Monde Diplomatique, E. Raúl Zaffaroni analizaba el carácter bélico de la metáfora utilizada por Ricardo Lorenzetti quien sostenía que nuestros sistemas procesales fueron pensados como defensa, porque había que defenderse de los abusos del Estado, pero como las sociedades fueron cambiando, se necesita ahora un sistema pensado como ataque. La idea de defensa y ataque implica inexorablemente, que exista un enemigo tanto interno como externo. La construcción de otredad negativa para cualquier adversario siempre es peligrosa, pero lo es aun más cuando es el propio Estado el que la estimula. Si el Estado pretende legitimar su poder punitivo apelando desde su cúpula a la metáfora bélica, esto supone un despliegue de violencias y arbitrariedades que pueden ir desde encarcelamiento a opositores hasta incumplimiento de los mandatos juridiccionales internacionales y nacionales. El abuso y la desvirtuación de figuras jurídicas como la prisión preventiva o el juicio político son parte de este cambio de paradigma que pone en crisis la propia esencia del Estado de de Derecho.
Si la comunidad democrática no reacciona a tiempo, el Lawfare va a llegar para quedarse.
*Sociólogo, Director del Centro de Formación y Pensamiento Génera.