Fuente: Juan Carlos Junio | TiempoAr
Fecha: 13 de ENE 2019
Mientras el gobierno sigue enfocándose en su estrategia electoral, muy especialmente en el desdoblamiento de la elección pergeñado por la gobernadora estrella María Eugenia Vidal, la realidad va por otro lado, con el consecuente impacto en la situación económica y social. El deterioro sigue a paso firme ya que no sabe de alquimias «tacticistas».
En realidad se trata del resultado de las políticas del gobierno que cumplen incondicionalmente con lo que disponen el Fondo y los mercados. En este contexto, en paralelo también avanza el rechazo y la reacción de amplios sectores de la población que ven vulneradas sus condiciones más elementales de vida.
La «marcha de antorchas» del último jueves movilizó una multitud detrás de la consigna «Basta de tarifazos». Organizada por sindicatos y distintas organizaciones sociales, y con una fuerte presencia de autoconvocados, constituyó una muestra más de la oposición abierta a las políticas de ajuste de Cambiemos. Según se afirma en el documento, «mientras en los hogares de los jubilados, de los cesanteados, en las casas de todas y todos los que viven de su trabajo y no del trabajo ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz, los Aranguren, los Caputo, los Dujovne y todos los que tienen sus capitales en guaridas fiscales, suman ganancias y beneficios con cada aumento de tarifa». Otra vez, nada se pierde, todo se transfiere.
La reacción se da en la calle, pero también en el Parlamento. Los legisladores de la oposición ya están trabajando en un proyecto de tarifas razonables que no aumenten más que los salarios, y que se retrotraigan a los precios que tenían en 2018. Una medida de este tipo ya fue aprobada por los representantes del pueblo y luego vetada por el presidente Mauricio Macri el año pasado, desoyendo lo determinado por las «instituciones de la democracia».
La idea de que las tarifas no se incrementen por encima de los salarios está en las antípodas de la estrategia del gobierno, que apunta a beneficiar a las empresas energéticas y a las prestadoras de servicios públicos. Según un informe de Cifra-CTA, en el Conurbano, en tres años de gobierno el peso de las facturas de gas, electricidad, servicio de agua y cloacas pasó del 1,9% del ingreso del hogar al 11,3% (subiría al 13,3% en 2019). A esto se llega con incrementos exorbitantes de las boletas. En el caso de la electricidad, en los tres primeros años de gestión la suba fue de entre el 1053 y el 2388%, muy por encima de la inflación general (158%) y de los salarios del sector privado (124%). Ya se corrió el velo de la ficción discursiva y engañosa del atraso tarifario del gobierno de Cristina Kirchner, ante la grave afectación de las condiciones de vida de los ciudadanos. En paralelo, se conoció que en 2019 la provincia de Buenos Aires duplicará el gasto en servicios de la deuda. Así resulta que los usuarios –que son los ciudadanos de la Nación– pagan de alguna forma en sus boletas el incremento de la carga de la deuda. Se desnudan las prioridades que fija el gobierno nacional. Claro que entre los grandes perjudicados por las subas de tarifas, además de los hogares, están el comercio, la industria, las pymes y la sociedad civil en general. En el caso de las empresas, sufren por doble vía: por la merma de sus ingresos provenientes del mercado interno, y por el aumento de los costos (tarifarios, impositivos y financieros).
Por eso en la Ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, el cierre de comercios está a la orden del día. Sólo en el último bimestre de 2018 los locales vacíos crecieron un 57,4% interanual.
Los datos de la capacidad instalada de la industria van en esta línea. En promedio, en noviembre de 2018 se registró un 63,3% de utilización, casi seis puntos menos que en el mismo mes de 2017 marcando un récord en el año de capacidad ociosa. La baja en la utilización se corresponde con menores niveles de producción y empleo.
A pesar de este cuadro fuertemente recesivo, el gobierno es inmutable, y continúa poniendo todas las fichas en las exportaciones primarias (mientras reza por el clima), dejando a la industria y al mercado interno en un lugar cada vez más irrelevante.
Pronósticos para validar ajustes
En su reciente informe semestral titulado «Nubes de tormenta en la economía mundial», el Banco Mundial (BM) da cuenta de su visión sobre Argentina y publica proyecciones agregadas. El organismo estima que 2018 habría finalizado con una caída del PBI del 2,8%, mientras que para 2019 proyecta una baja del 1,7%. Un panorama poco alentador. Así y todo, resulta muy difícil creerle al BM ya que sus incoherencias son manifiestas.
De hecho, tan sólo medio año atrás, en su informe de junio de 2018, el BM proyectaba un crecimiento del 1,7% para Argentina. ¡La diferencia es ni más ni menos que de 4,5 puntos porcentuales hacia abajo! Al observar los números para 2019, la brecha es muy similar, una corrección a la baja de 3,5 puntos.
Las «equivocaciones» de los organismos internacionales son cada vez más habituales. Ciertamente no son errores, están asociados a la necesidad de prometer un mundo venturoso, propio del discurso neoliberal, mientras el presente muestra su rostro de desdichas para las mayorías.
Sin embargo, como siempre, la letra chica es la que importa. El Organismo concluye con el eufemismo «la implementación del programa de austeridad fiscal en Argentina constituye un desafío pero debería mejorar la sustentabilidad fiscal a largo plazo», y finaliza asumiendo realidad: esto redundará en «pérdida de empleo y reducción en el consumo y la inversión». Además destaca que «las altas tasas de interés frenarán la inversión privada». O sea, más daños colaterales que hay que tolerar como si fueran una fatalidad del destino.
Nada nuevo bajo el sol
Otro de los comunicados que circuló esta semana fue el de la calificadora Moody’s. Al igual que el BM, Moody’s supone un mejor desempeño de las economías de la región de Latinoamérica y el Caribe para 2019, aunque se encarga de dejar en claro la existencia de una serie de riesgos inherentes a los «cambios propios de cada país en las políticas económicas conducidas por dinámicas políticas». Para que no queden dudas, concluye que «las condiciones políticas domésticas podrían afectar la confianza y las condiciones del financiamiento, con un impacto para el desempeño fiscal y el crecimiento económico». Otra institución que al final refleja una clara intencionalidad ideológica y muestra una perspectiva cargada de incertidumbre.
Sin embargo, cada vez es más nítido el contraste entre lo que le pasa al común de los ciudadanos/as y lo que suelen festejar los denominados mercados. Ocurre en Argentina y también en Brasil. ¿O acaso no subió con fuerza el índice bursátil brasileño (Bovespa) cuando se conoció hace pocos meses el triunfo del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro? Lo mismo ocurrió con la privatización del sistema previsional y de empresas del Estado que el flamante presidente ya ha anunciado como una de sus primeras medidas de gobierno.
Hoy en día los que se presentan como partidarios del cambio trabajan con denuedo para que nada cambie. Se trata de una ofensiva regional que busca radicalizar hasta límites impensados las políticas que impulsan gobiernos, como el de Macri, que generan grandes ganancias especulativas a costa de los ingresos de las grandes mayorías de la población. Surge una cuestión irrefutable: la sociedad argentina no puede firmar semejante cheque en blanco. «