Fuente: Horacio Verbitsky | El cohete a la luna
Fecha: 16 de DIC 2018
Tal como venimos anunciando desde hace meses, una vez agotada la ofensiva contra el kirchnerismo, el juguete rabioso del Doctor Glock ha girado hacia los prohombres de la Patria Contratista y dispara sobre los jefes de las famiglias Rocca y Macrì, que junto con Pérez Companc participaron en el primer caso documentado de sobornos para la realización de obra pública, como detallé hace 25 años en mi libro Robo para la Corona. El presidente Maurizio Macrì solo puede presionar a la Cámara de Apelaciones para que blinde a algunos de los heridos e intentar un módico control de daños, mediante la afirmación de uno de sus voceros voluntarios, de que este es “un giro impensado que dejó sin discurso al kirchnerismo”.
No impensado para los lectores del Cohete, que saben muy bien que las terminales del Doctor Glock no están en el gobierno de Cambiemos, sino en la embajada de los Estados Unidos y en el Peornismo Federal. “Te lo anticipé”, se relame Sergio Massa, porque entiende que potencia sus aspiraciones electorales. El ex intendente de Tigre es el político argentino que más viajes ha hecho a Estados Unidos en los últimos tiempos, donde su principal contacto es el abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Es verdad: hace ya dos meses, Massa anticipó a un grupo de contertulios políticos que era el turno de Franco y de Gianfranco Macrì. Esa es su división del trabajo con Pichetto, quien califica de desastre la indagatoria a los familiares del Presidente, cuyo apoyo precisa para renovar su banca de senador opoficialista.
El fiscal Carlos Stornelli sí forma parte del dispositivo judicial del macrismo, desde que asumió como jefe de seguridad del club Boca Juniors. Pero contra la opinión generalizada de que el doctor Glock fuera un títere del gobierno nacional, desde El Cohete sostuvimos que la causa de las fotocopias de los cuadernos surgió de una operación de Inteligencia de los servicios militares con conexión directa con intereses estadounidenses, lo mismo que el Lava Jato brasileño. Expusimos incluso la relación del sargento Oscar Centeno con el también suboficial del Ejército Jorge Orlando Pacífico (ambos compañeros de curso en el arma de Ingenieros), quien fue el denunciante contra Amado Boudou en la causa Ciccone, en forma aún más extravagante que la del chofer grafómano. También revelamos la sociedad global que Macrì mantiene con Odebrecht y los aportes de su asociado brasileño desde un banco offshore para prevalecer en el concurso del Correo Argentino, donde compró por 400 millones de dólares créditos que valían ocho millones. Estas son razones de sobra para que el Presidente esté preocupado y vea al poder como salvoconducto de impunidad, hasta que le llegue el momento del juicio de residencia, en su caso ineludible. Nada de esto puede desdeñarse como visión conspirativa porque todo está documentado.
We are the champions
El 16 de marzo de 1981 la revista Time abrió su sección de Economía y Negocios con un ranking de los Grandes Receptores de coimas en el mundo. La Argentina figuraba en primer lugar, con un 20 por ciento sobre los contratos, y la displicente observación: “Los diamantes son eternos”.
Un mes antes de las elecciones del 6 de septiembre de 1987, la Unión Transitoria de Empresas constituida por Macrì, Rocca y Pérez Companc para construir el gasoducto Neuba II, pagó más de 11,5 millones de dólares a funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y a empresas competidoras excluidas del negocio, para que no protestaran. Fueron 11.527 USS x 10 a la tercera, expresado con la técnica de Santa María, la financiera cautiva de Techint, que recaudaba entre los socios y pagaba lo que llamaba “prestaciones en sede”. El facsímil de la planilla con los pagos me fue entregado por un ex colaborador del actual Presidente. Antes, recortó los nombres de los beneficiarios, porque él también era dirigente político del justicialismo y había sido directivo de SOCMA.
Esto ridiculiza la pretensión de que el kirchnerismo extorsionó a los empresarios para enseñarles cómo debían organizar el deporte que practicaban por lo menos desde un año antes de que Néstor Kirchner llegara por primera vez a la intendencia de Río Gallegos. Si la clave está en la relación promiscua entre funcionarios y empresas, el curioso nexo entre el ex secretario de Obras Publicas José López y el obispado de Mercedes-Luján, en cuya jurisdicción está el monasterio del que López tenía llave, también roza a la familia presidencial. Según el portal La Voz Pública/Chequeado, dos de las tres licitaciones para recauchutar los edificios del obispado por cuenta del ministerio de Planificación, fueron adjudicadas a Creaurban S.A., una de las principales constructoras del Grupo ODS, del grupo Macrì. Según se extrae de los balances de la empresa IECSA, del grupo ODS, la última etapa se adjudicó por 47 millones de pesos, y a septiembre de 2015 el monto de la obra ya ascendía a 127 millones. Sólo un genio de la publicidad pudo construir una imagen de transparencia en torno de un empresario cuyas compañías aparecen cada vez que se descubre algún negocio dudoso con el Estado. Como dice el mismo genio publicitario, en todo estás vos.
Desde fines de siglo, Pérez Companc dejó la obra pública y el petróleo y se refugió en el nicho de la agroindustria alimentaria, que no afecta las relaciones con la superpotencia y permite una vida más tranquila. En cambio, Macrì y Rocca persistieron en la obra pública, con acento en energía, que es uno de los rubros más sensibles, porque la estrategia de seguridad nacional del Presidente Donald Trump lo considera parte de su seguridad interior. El gasoducto Neuba por el que se pagaron aquellas coimas hace 31 años comenzaba en el mayor yacimiento de gas conocido hasta entonces, Loma La Lata, donde hoy se asienta el yacimiento Vaca Muerta. A través de Tecpetrol, Rocca ya es el principal productor de gas allí. Paolo seguramente conoce las desventuras del ex premier iraní Mohamed Mossadegh, quien en 1951 nacionalizó el petróleo y en 1953 fue depuesto por un golpe anglo-estadounidense, o las de Muhammar Ghadafi, quien duró más. Nacionalizó el petróleo en 1970 y recién en 2011 fue herido desde aviones de la OTAN y linchado por una turba que lo empaló.
La figura comodín
Nada de esto quiere decir que el instructor de la causa pueda probar que el patriarca Franco Macrì o su hijo Gianfranco hayan cometido algún delito. Gianfranco, quien blanqueó 35 millones de dólares, cinco veces más de lo que su hermano Presidente declaró como total de sus bienes, presentó un escrito afirmando que nunca pagó coimas, pero ante una periodista dejó abierta la posibilidad de que lo haya hecho su padre. “Habría que preguntarle a él”, dijo. Difícil que ocurra, porque la estrategia de la familia se completa con la afirmación de que Franco padece de demencia senil que lo inhabilita para declarar. Todas las culpas podrían derivarse hacia él si se lo declarara inimputable.
La costumbre del juez es procesar a todas las personas que llama a indagatoria, no así a quienes cita como testigos, lo cual permitiría suponer que Gianfranco se sumará a la nómina de procesados. Como ya es costumbre en el caso de este magistrado, tampoco esto podría tomarse como presunción de culpabilidad, así como los sobreseimientos y faltas de mérito que dicta no implican inocencia, ya que nada de lo que hace se roza siquiera tangencialmente con la justicia.
Macrì no controla a Glock, pero sus múltiples operadores judiciales (1-3Angelici, Pepín Rodríguez Simón, Germán Garavano, José Torello) confían en las instancias superiores. Tanto 1-3 como Pepín y Torello se mueven en las sombras. La perfidia comunicativa de Cambiemos permite que Garavano diga que el Poder Ejecutivo respeta las decisiones de una Justicia que califica de independiente, y al mismo tiempo apele al indignacionismo mediático para descalificar el fallo que devolvió la libertad al ex vicepresidente Amado Boudou (“le hace muy mal a la imagen de la Justicia (…) Sería importante que tenga en cuenta la mirada de la ciudadanía”), y vaticine que será revocado por la Cámara Federal de Apelaciones o la de Casación Penal Federal. Ambas fueron purgadas y repobladas con kelpers de la fuerza ocupante. Un tribunal podría devolver a Boudou a la cárcel: el otro, liberar a los hombres de negocios del cargo de asociación ilícita. Como escribió el infalible Joaquín Morales Solá en un párrafo antológico: “No son lo mismo Paolo Rocca (extorsionado por el kirchnerismo para salvar a argentinos cautivos en Venezuela) que Cristóbal López. No son lo mismo Enrique Pescarmona (que perdió su empresa durante el kirchnerismo) que Lázaro Báez. No son lo mismo Marcelo Mindlin (citado erróneamente en los cuadernos de Oscar Centeno) que Carlos Wagner”. Así, Macrì planea el rescate de familiares, socios, cómplices y amigos.
La colega Catalina De Elía me preguntó para su publicación 2Justicias si la corrupción sería un espectáculo continuado en Comodoro Py o puede esperarse una regeneración institucional.
—Me parece difícil que surja algo de regeneración institucional a partir de una operación tan viciada, tan irrespetuosa de derechos y de garantías, con un fiscal que se reúne en una casa y en un café con el periodista que tiene la prueba presunta de lo que está denunciando, que acuerdan entre ellos el mejor momento de hacer la denuncia para asegurarse en qué juzgado va a caer, que sabiendo que existe esa presunta prueba no hay una actividad jurisdiccional para obtenerla judicialmente y se permite que desaparezca y sólo se trabaja sobre un escaneo. Todas las causas contra el kirchnerismo le caen al mismo juez, eso es extraordinario, y las que no se las ingenia para obtenerlas inventando una causa gemela y luego atrayendo la anterior para quedarse con todo el paquete— le respondí.
Cuando el juez cierre el sumario y eleve a juicio, se producirá un festival de arrepentimientos del arrepentimiento y de pedidos de nulidad. El juez les ha hecho creer a los arrepentidos que si decían lo que él les pedía saldrían indemnes. Pero no es así, en el mejor de los casos conseguirían una reducción de pena en el momento de la sentencia. Estos fueron arrepentimientos guiados. No quedó registro electromagnético de las declaraciones, como era obligatorio por ley, porque no se puede mostrar el diálogo desvergonzado entre un hampón con nombre de juez y unos pobres tipos a los cuales los amenaza con mandarlos a la Alcaidía infecta de Tribunales, señalada por la prensa y la propia Magistratura como una vergüenza, por las condiciones repugnantes en están las personas detenidas. El juez y el fiscal se jactan de haber apretado a los empresarios para que digan lo que ellos querían, porque no soportaban el olor fétido de la Alcaldía. Son momentos de degradación de la Justicia y del Ministerio Público. ¿Qué quedará de un cuento narrado por demasiados idiotas con tanto sonido y tanta furia, cuando en el debate oral se conozcan estos detalles sórdidos?
Esto es institucionalmente más grave que los sobornos que algunos hayan podido cobrar o pagar.
El camino más fácil
Por la orfandad probatoria en las causas que instruye contra la ex presidente CFK, el juez debió recurrir a la figura comodín de la asociación ilícita, aquella que en el siglo pasado se empleó para perseguir a sindicalistas y guerrilleros por el sólo hecho de serlo. En cuatro la consideró como jefa de una asociación ilícita:
- Causa 15.734/08 (o la causa madre, iniciada por Elisa Carrió en el Juzgado de Julián Ercolini en 2008). Solo está imputada, nunca se la llamó a prestar declaración indagatoria.
- Causa 3732/16 (Los Sauces). Está procesada y elevada a juicio (TOF 5).
- Causa 5048/16 (Obra Pública en Santa Cruz). Está procesada y elevada a juicio (TOF 2).
- Causa 9608/18 (fotocopias de los cuadernos). Está procesada y la resolución fue apelada. A conocimiento de la Sala I de la Cámara Federal.
Como prueba, el instructor afirma que Cristina sucedió como presidente a Néstor Kirchner y que tenía relaciones comerciales (alquiler de inmuebles con Lázaro Báez y Cristóbal López) que no están prohibidas. En la causa de Obra Pública se agrega que sería responsable por otorgar fondos a la provincia de Santa Cruz, proporcionales a su extensión, a través de leyes de presupuesto, decretos y disposiciones administrativas.
Los fundamentos para imputarle la jefatura de una asociación ilícita son risibles: que junto con su esposo y sus hijos, Máximo y Florencia, con los empresarios amigos y con otros funcionarios del Poder Nacional (que varían según las causas), se pusieron de acuerdo desde el 25 de mayo de 2003 (cuando Florencia era una nena) para cometer delitos indeterminados.
Además le reprochan genéricamente defraudación a una administración pública en la primera de las cuatro causas, igual que en la de la obra pública de la provincia que no gobernaba; en la de Los Sauces está procesada por lavado de activos y admisión de dádivas (que en realidad eran alquileres, a precio de mercado y bancarizados) y en la de los encuadernados por cohecho y admisión de dadivas. También se le siguen otras cuatro causas en la que “han tenido la generosidad de no agregarle asociación ilícita”, como chancea el defensor de la ex presidente, Carlos Alberto Beraldi. Tres de ellas también las instruye el Doctor Glock: dólar futuro, donde la considera autora de defraudación a una administración pública; Hotesur, por lavado de activos, y memorándum para el juzgamiento de los iraníes imputados por el atentado a la DAIA, donde la describe como encubridora y que ya elevó al Tribunal Oral. En la última, llamada con obvia intencionalidad La Ruta del Dinero K, el juez Sebastián Casanello le dictó la falta de mérito a pesar de la desembozada presión oficial, que incluyó una reconvención al juez de parte de la Cámara Federal por no avanzar contra Cristina y la presentación de testigos falsos que dijeron haber visto a Casanello con Lázaro Báez en la residencia presidencial. Ambos fabuladores están procesados por mentir. El financista Elaskar declaró que la acusó bajo extorsión y amenaza de muerte.
La asociación ilícita
En el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las juntas militares, la Cámara Federal y la mayoría de la Corte Suprema aplicaron la teoría del dominio de los aparatos organizados de poder. Según Klaus Roxin el dominio de la organización “sólo puede existir allí donde la estructura en su conjunto se encuentra al margen del ordenamiento jurídico, puesto que en tanto que la dirección y los órganos ejecutores se mantengan en principio ligados a un ordenamiento jurídico independiente de ellos, las órdenes de cometer delitos no pueden fundamentar dominio, porque las leyes tienen el rango supremo y normalmente excluyen el cumplimiento de órdenes antijurídicas, y con ello el poder de voluntad del sujeto de detrás”.
Roxin sólo aplicaba esta doctrina a organizaciones cuya oposición al orden jurídico era total, para hechos cometidos en el marco de golpes de Estado u organizaciones paraestatales, que desconocen y/o se oponen a toda legalidad y control. Luego otras interpretaciones fueron expandiendo su aplicación al ámbito de los delitos económicos y empezaron a señalar que la oposición total al orden jurídico sería un requisito prescindible.
Para la teoría del dominio de aparatos de poder, los ejecutores son fungibles, porque si no lo hacen ellos lo hará otro, salvo quien domina funcionalmente, que Roxin menciona como autor de escritorio o el hombre detrás del hombre. Imputar participación a Cristina bajo estas reglas, implica que los ejecutores de los presuntos delitos dan lo mismo, que son apenas engranajes intercambiables (como señalaron Enrique Petracchi y Carlos Fayt en 1986 pero en relación a la pirámide castrense, al mismo tiempo jerárquica e ilegal). Que la justicia ni siquiera imputara por asociación ilícita a las Juntas de Comandantes militares mide la desmesura de hacerlo con la ex Presidente, como si un gobierno, como colectivo, pudiera ser en sí mismo una asociación ilícita. La reiterada afirmación de Glock de que “no podía no saber”, no puede presumirse como una afirmación dogmática, requiere reconstruir la estructura sobre la base de instrucciones generales, cadenas de mando y comando, organización, cosa que está muy lejos del alcance intelectual de un ramplón copypastero.
Para que haya asociación ilícita es precisa una participación directa y protagónica, no alcanza con no saber y/o haber debido saber. El uso de esta figura atrapa todo, no es más que una decisión política, o una acción comunicacional criminalizante de la política o de cierto sector.
En su voto disidente contra la doctrina del dominio del hecho, los jueces radicales Augusto Belluscio y Severo Caballero, señalaron en 1986 que según la sentencia de la Cámara “los cuadros inferiores tenían amplia libertad para determinar la suerte del aprehendido que podía ser liberado, sometido a proceso civil o militar o eliminado físicamente”. Si esto era válido para un teniente de la dictadura, cuánto más no lo será para un alto funcionario de un gobierno constitucional. Además, está probado hasta el hartazgo, con testimonios y documentos, que la Junta Militar condujo la represión y ordenó aniquilar al oponente, cosa que sus miembros pregonaban con orgullo. Nada parecido ocurre con la ex presidente y para subsanar esa diferencia los operadores oficiales han acudido a la inverosímil afirmación de José López, de que los bolsos con dinero se los entregó un hombre de confianza de Cristina. Ni siquiera ella: un ex secretario al que ella ya había alejado en aquel momento. Por otro lado, si cualquier Presidente fuera responsabilizadx de todos los actos ilegales cometidos por cada subordinado, la democracia representativa perecería en los tribunales, un riesgo nada abstracto en el presente.
El grupo económico Glock
En el penúltimo año de su gobierno, la presidente CFK denunció que el hermano del juez, Carlos Alberto Bonadío, era titular de la empresa Mansué, dedicada a la compra-venta de combustible, lo cual dio lugar a una causa penal por presunto lavado de dinero. El propio juez Glock es accionista de Mansué, según consta en su declaración jurada de 2016, igual que su hermano y que los dos socios Fernando Luis y Alejandro Vicente Climent. Los jueces no pueden realizar actividades comerciales. El juez Julian Ercolini no avanzó con la investigación, impulsada en 2004 por el senador Marcelo Fuentes. El hermano del juez también es directivo de Luey Gas y Gas Lanus, dedicadas a la misma actividad. Lo que es posible agregar ahora es que esas tres empresas forman parte de un grupo económico de 25 firmas. Algunas de ellas son Gas Avellaneda, Petrokem, Melinka, Kioshi, Paranay SA, todas dedicadas a negocios de energía y/o combustibles. En las distintas sociedades de Carlos Bonadío, además de los Climent, son sus socios Celia Sánchez de Moreno, Julián, Juan Pablo, Alberto y Andrés Moreno. El 15 de septiembre de 2015, a días de las PASO, 21 de ellas fijaron domicilio en Varela 15, piso 11, en Flores, y 23 tienen como abogado a Javier Martín Galella.
Señal de largada
El debate público de varias de las causas contra Cristina coincidirá con la campaña electoral. El gobierno se ilusiona con que verla sentada entre los acusados acrecentaría sus niveles de rechazo, algo menores que los de Macrì. Pero al mismo tiempo esto reforzaría su centralidad como la única opositora frontal a un gobierno desastroso. Tampoco puede descartarse que acuda bien acompañada.
Sumado a la falta de dinero para pagar las deudas contraídas en forma vertiginosa, esto reforzaría la decisión de los mercados de poner distancia con la Argentina. Que no habrá inversiones es algo que ya nadie discute. Lo que falta ver es la magnitud de la fuga y de qué modo la crisis cambiaria se convertirá en bancaria, cuando el gobierno empapele a los bancos por sus encajes en documentos del Banco Central o del Tesoro. El forcejeo entre el dólar y la tasa estrangula a la economía. Aún maniatada, la divisa sigue su avance, alimentando la inflación, la tasa congela la producción y entre ambos destruyen el empleo e incrementan la pobreza. Esas son las cosas que pasan.
El gobierno bonaerense conjetura desdoblar las elecciones, con un doble propósito: despegar al Hada Buena del colapso de Macrì y quitarle a Cristina el arrastre de los intendentes. Esta es una lectura autoindulgente, que prescinde de dos componentes fundamentales: que quien arrastra votos es Cristina y no los intendentes, y que cuanto antes se realicen los comicios peores serán las condiciones económicas. Si tienen alguna leve mejora, recién sería en el tercer trimestre, y no en V sino en L, como sentenció el amigo presidencial Carlos Melconian, para quien ningún gobierno ganó una elección con una economía tan ruinosa. Que esta vez sea distinto es puro voluntarismo. Luego de muchos anuncios, el Peornismo Alternativo levantó el acto público para la próxima semana y lo reemplazará por un encuentro a puertas cerradas. Tampoco luce muy confiado.
Cuando termine de disiparse el espejismo, muchos se preguntarán cómo fue posible que un hombre con el armario repleto de cadáveres se postulara como modelo de honestidad y transparencia y que esa pretensión cosechara otra respuesta que sonrisas y carcajadas. Mientras tanto, es preciso poner la mirada sobre los grandes medios que participan tanto en el intento de demolición del único gobierno que en medio siglo intentó ser leal al electorado que lo votó y no un facilitador de las políticas de los poderes fácticos y de los organismos financieros internacionales.
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