En el contexto en que se está llevando adelante un brutal ajuste, la represión es una de las respuestas que cuadra perfectamente con el manual de los gobiernos neoliberales. Pero hoy la represión cobra múltiples formas y no es solamente la que ejercen físicamente las fuerzas de seguridad contra el pueblo en la calle.
Hay otra más sutil que consiste en el control de la población mediante el uso métodos sofisticados de vigilancia que permitirían anticipar escaladas de protestas callejeras, puntualizar persecuciones y arrestos, generar miedo y minimizar desbordes.
En ese marco, la incorporación del sistema de alta tecnología israelí Pegasus —adquirido recientemente por el gobierno de Cambiemos— adquiere una significación superlativa. En qué consiste, para qué sirve y el marco jurídico de su aplicación es abordado en un vasto informe que preparó la Comisión de Asuntos Jurídicos del LLAMAMIENTO Argentino Judío que brindamos a continuación.
INFORME
“Pegasus”, el Estado de Policía de Macri y la provisión israelí del soft
En los últimos años, la noticia de la existencia de un software capaz de espiarte en tu casa intrusando tu celular ganó en varias oportunidades páginas de los periódicos en diversos países del mundo. Últimamente, ha llegado a la Argentina.
El soft del que hablamos es “Pegasus” un producto creado por una corporación —NSO Group— del complejo industrial-militar israelí.
La existencia del software fue detectada a raíz de la denuncia hecha por un activista de Derechos Humanos en Emiratos Árabes Unidos, detenido por el gobierno de su país en 2011. Ahmed Mansoor logró aportar material sobre su denuncia al laboratorio de la Universidad de Toronto, donde el “malware” fue detectado. Porque se trata de eso, es un “malware”. (Contracción de “Malicious Software”, un software utilizado por alguien que penetra en un dispositivo para extraer —ilegalmente, por cierto— información, según lo define la empresa “Avast” editora de programas antivirus y de protección).
Su utilización en Latinoamérica por los gobiernos de Panamá y México ha generado escándalos de los que se ha ocupado la prensa continental y de los Estados Unidos.
Su fabricación y venta —sólo a Estados— constituye una violación a derechos humanos básicos aceptados sin controversia por la comunidad de naciones que colocan a este instrumento de inteligencia en una categoría similar —mutatis mutandi— a la de las armas químicas: en ambos casos la tecnología permite fabricarlas, y ciertamente otorgan, en un escenario de guerra una ventaja estratégica a quien las posea. Pero, el orden público internacional las prohíbe por cuanto su utilización constituye una gravísima violación a los derechos humanos.
Su posesión otorga al Estado que lo posea una ventaja estratégica en su esfuerzo de seguridad. Pero los hechos demuestran que los Estados que lo adquieren lo usan para violar las garantías básicas de sus ciudadanos y que, en lugar de incrementar la seguridad de los ciudadanos, deja sin seguridad a todo aquel que sea opositor al gobierno que lo posee. Así lo revela particularmente el caso de México, entre los espiados hay periodistas —una de ellas sería la famosa periodista Carmen Arístegui— y México tiene uno de los récords mundiales en asesinato de periodistas.
No es menor que el fabricante del soft en cuestión sea Israel por el rol que tiene en el tablero geoestratégico mundial y es inquietante que uno de los compradores sea el gobierno de Mauricio Macri, que ya lo estaría utilizando entre nosotros.
Se trata de un soft diseñado para invadir la privacidad de las personas. Eso, contraviene el Sistema de Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Israel (y Argentina) están obligados a respetar por ser parte de las Naciones Unidas (que, en definitiva, estambién un Tratado Internacional)
Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las NN.UU el 10/12/1948, en su Art. 12 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
El Art. 18 del mismo instrumento, establece el derecho a la libertad de pensamiento, y el Art. 28 —¡importantísimo!— dice “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.”
El Art. 17 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966, tiene el mismo texto.
Israel, como país fabricante y comercializador a Estados del software “Pegasus” claramente incumple estos mandatos que le son obligatorios.
El 31/10/2017, en el programa conducido por el periodista Roberto Navarro —por entonces en el canal C5N— el también periodista Horacio Verbitsky se refirió a la adquisición de “Pegasus” por el gobierno de Mauricio Macri y exhibió en cámara un brochure de la compañía fabricante “NSO Group”.
De esa fuente, leyó Verbitsky en cámara: “PEGASUS, la completa solución de Inteligencia Cibernética que le permite a los organismos de orden público y a las agencias de inteligencia extraer de forma secreta y remota información remota y secreta desde prácticamente cualquier dispositivo móvil”.
Este párrafo trascripto, confrontado con los textos de los tratados internacionales de derechos humanos que antes se ha citado, no deja lugar a dudas: lo que “NSO Group” fabrica es un instrumento de violación de Derechos Humanos.
Ello es así porque lo que ofrecen, exclusivamente a Estados, no es un instrumento de uso judicial (para intervenir teléfonos bajo orden de un juez, por ejemplo) sino, lisa y llanamente, un instrumento para ser usado por organizaciones que eufemísticamente llaman “de orden público” o, más lisa y llanamente, “agencias de inteligencia”. Actividades que el sistema legal vigente globalmente, el sistema de Naciones Unidas, sólo permite para uso militar y expresamente veda, como se ha visto, para ser usadas inmiscuyéndose en la privacidad de los ciudadanos.
Israel, lamentablemente, es un estado especializado en violar Derechos Humanos de todo tipo. Una reseña de sus graves violaciones no es objeto de este artículo, ni sería posible en este breve espacio.
Se han ocupado de “Pegasus” medios muy reconocidos en todo el mundo e insospechables de ser “promotores del terrorismo” ni nada que se le parezca.
La BBC de Londres en un artículo de fecha 20/7/2017dice que “El sistema se infiltra en los celulares a través de un SMS y puede llegar a apropiarse de la cámara y el micrófono del aparato con el objetivo de vigilar a la víctima”.
Así descripto, “Pegasus” queda subsumido en la definición de “malware”.
Por su parte, Univisión, una cadena mexicana ha descripto en su web oficial como funciona “Pegasus”.Lo transcribimos
- 1.- La víctima recibe un mensaje SMS en su teléfono con un texto trampa para que pinche en un enlace que descargará el programa. Los mensajes que envía Pegasus están basados en la ‘ingeniería social’, son textos personalizados con información sobre los intereses de la víctima, que en ocasiones incluyen su nombre o el de alguno de sus familiares. Un ejemplo son los mensajes que recibió la periodista Carmen Aristegui en 2015: uno parecía ser una notificación bancaria con un enlace, en el que le avisaban que había un problema con el pago de un servicio. Días después recibió otro, del mismo número, pero que se hacía pasar por el servicio de noticias UNO TV.
- 2.- En el proceso de infección del dispositivo, cuando el usuario da click al enlace, el navegador entra a uno de los sitios de NSO Group y automáticamente se instala Pegasus en el teléfono.
- 3.- Una vez que está instalado, tiene la capacidad de leer los mensajes del usuario, los correos electrónicos, escuchar las llamadas, realizar capturas de pantalla, acceder al historial del navegador e incluso escuchar audios codificados y leer mensajes cifrados. Azam Ahmed, el reportero de The New York Times que publicó la historia sobre el uso de Pegasus en México, detalló que cuando investigaba el caso de Carmen Aristegui, recordó que él mismo había recibido mensajes similares y había hecho click en uno de ellos. Así describió cómo funcionó su teléfono luego de acceder al enlace: “El enlace estaba roto, me había llevado a una página en blanco. Durante meses después, mi teléfono a menudo falló. Llamadas interrumpidas, llamadas que no conectaban, aplicaciones cerradas repentinamente.Fue tan malo que tuve que formatear el teléfono”.
- 4.- Este software malicioso fue desarrollado por la firma israelí NSO Group y es vendido únicamente a gobiernos…
De todo lo expuesto, queda claro que lo que hace “Pegasus” es producir un daño.
En efecto, en el derecho, el daño es la disminución de las cualidades de un bien u objeto de forma tal que, después de producido ese daño, el bien o cosa no le presta a su propietario el mismo servicio ni tiene la misma utilidad y tampoco tiene el mismo valor. “Pegasus” disminuye el patrimonio de todas sus víctimas.
Esto es completamente distinto de una intercepción telefónica ordenada por un juez cuyo efecto es patrimonialmente neutro para el sujeto a quien el juez decide escuchar.
Israel fabrica y vende en el mundo una máquina cibernética que les permite a sus clientes —Estados— violar masivamente garantías proclamadas en el mundo hace más de doscientos años y receptadas por la legislación global, estamos hablando de la DUDH de 1789. El Art. 11 de la DUDH establece el derecho a la “comunicación sin trabas de los pensamientos y las opiniones” (que es lo que cualquiera hace en los teléfonos celulares y es lo que “Pegasus” permite a los gobiernos conocer). Asimismo, el Art. 17 de la DUDH establece la inviolabilidad de la propiedad que Pegasus viola masivamente.
No nos extraña que el Estado de Israel se aboque al diseño de semejante dispositivo de violación masiva de derechos elementales, y ciertamente, quienes nos enrolamos en una posición moral y ética de la tradición judía inconciliable con las constantes conductas violatorias por parte del Estado de Israel de los Derechos Humanos, denunciamos también esta actitud: la provisión a los Estados de equipamiento y software para desconocer y violar una de las bases del sistema democrático en todo el mundo.
Pero, los argentinos judíos tenemos algo más que decir.
El pasado lunes 23/7, el Ministro Aguad justificó la compra de un software a Israel (según lo publicado ese día por “Página 12” en su artículo “Aguad cruzó las fronteras”).
Resulta evidente que el “software” en cuestión es, justamente, “Pegasus”.
No solamente la denuncia genérica por la actividad israelí en el mundo —el caso de México es tremendo, se ha vinculado el uso de “Pegasus” a intercepciones y extracción de datos que fueron usados por los perpetradores de la tragedia de Ayotzinapa—; ahora nuestra responsabilidad se incrementa porque el gobierno ha admitido la compra de ese software que, según lo denunciado por Verbitsky hace nueve meses, ya entonces se usaba en la Argentina (y probablemente, sea efectivamente así)
El uso de “Pegasus” para extraer información de dispositivos (celulares) de los ciudadanos es claramente ilegal.
Por empezar, genera la insólita situación que pone al Estado como productor masivo de daño a los ciudadanos. Como es sabido, una grabación telefónica no es en sí misma una prueba válida, ya que se trata de una prueba producida sin que el imputado haya tenido posibilidad de controlar su producción. En cualquier expediente penal una grabación telefónica es un indicio, vehemente por cierto, pero tiene que ser congruente con otras pruebas producidas de acuerdo a las normas del debido proceso (establecido por Constitución nacional Art. 18). Una intercepción telefónica, por si sola, no es prueba suficiente para condenar a nadie. Menos aún, si fue producida infringiendo daño al intervenido. Allí ya entramos en el terreno de la teoría de los “frutos del árbol venenoso”, las pruebas producidas produciendo al presunto imputado un daño antijurídico, son nulas, y el Estado no puede beneficiarse de ningún hecho ilícito (lo ha dicho la justicia centenares de veces) Dañar a alguien, es un hecho ilícito.
Pero además, y esto es más grave, el uso de “Pegasus” viola la Constitución Nacional en los Arts. 14 (usar y disponer de su propiedad), 17 (inviolabilidad de la propiedad), 18 (inviolabilidad del domicilio y la correspondencia epistolar) y 19 (acciones privadas de los hombres que están exentas de la autoridad de los magistrados). Y viola todas las Constituciones provinciales y la de la Ciudad de Buenos Aires, que reproducen –todas–de una u otra forma los valores tutelados en estos artículos de nuestra constitución federal.
Es verdad que el Art. 18 prevé las situaciones en que los jueces pueden decidir intervenciones telefónicas y/o de otro tipo cuando dice “una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”. Esa Ley son los Códigos Procesales Penales de todas las Provincias y el Nacional. Pero la misma Constitución pone un límite infranqueable en su Art. 28 cuando dice que “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”
Allí está el quid de la cuestión. Puede un juez, por razones fundadas, intervenir teléfonos de una o varias personas en el marco de una causa penal. Pero no puede el Estado disponer de un soft que pone en sus manos la posibilidad de intervenir masivamente sin orden de ningún juez los teléfonos de miles, millones de ciudadanos para hacer sobre esas intervenciones trabajos de búsqueda y clasificación que desnaturalizan las garantías de los Arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución.
Ese tipo de intromisión en la vida de los ciudadanos da al gobierno de Mauricio Macri la posibilidad fáctica de convertir, de un plumazo, el Estado de Derecho en un Estado de Policía. Como se sabe el Estado de Derecho es aquel en el que a los ciudadanos les está permitido todo aquello que no esté prohibido (es, también, uno de los artículos de la DUDH de 1789, de donde proviene, por cierto, el concepto de Estado de Derecho).
Al contrario, Estado de Policía es aquel donde los ciudadanos solo pueden hacer lo que está permitido. Históricamente, los estados de policía o las dictaduras férreas como las latinoamericanas del siglo XX surgidas al amparo de la doctrina de seguridad nacional, fueron ejercidas basándose en un muy fuerte dispositivo de espionaje interno sobre los ciudadanos de manera que el Estado estaba informado de todo lo que los ciudadanos hacían para poder hacer cumplir que solo hicieran aquello que el Estado permitía.
Por ese camino va Macri: espiar a los ciudadanos para tener la posibilidad de solo tolerar que hagamos lo que el permite. “Pegasus” es la “herramienta” ideal a esos fines.
“Pegasus” constituye una clara regresión en cuanto a la filosofía jurídica surgida de la Revolución Francesa y adoptada universalmente que no es otra que LA LIMITACION DEL PODER DEL ESTADO.
La actividad de Israel en este sentido y el uso por el gobierno de Mauricio Macri suma un paso más en los ya numerosos casos de gestión en contra de las leyes. Y, recordemos, una de las definiciones ontológicas de la palabra “Dictadura” es la que señala como tal el régimen de un gobierno que gestiona sin respetar la Ley.
Comisión de Asuntos Jurídicos
Llamamiento Argentino Judío