Fuente: R. Kollmann e I. Hauser | Página 12
Fecha: 26 de AGO 2018
Pese al desfile de arrepentidos, a un mes de la aparición pública de las fotocopias de los cuadernos el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio tendrán que recurrir a la nada misma, en términos jurídicos, para procesar a Cristina Fernández de Kirchner. Fiscal y magistrado dirán que los arrepentidos confesaron que llevaban bolsos con dinero al departamento de la calle Uruguay. El argumento será que esa era una propiedad del ex presidente y la ex presidenta. Fuera de eso quedará poco: que la vieron en pijama, que ella estaba al tanto, o versiones de ese estilo. Está cantado que la defensa responderá cuestionando lo que dicen los “arrepentidos”, dirá que no tienen credibilidad, pero tendrá además como base un hecho testificado también por el encargado del edificio: Cristina no estuvo nunca en el departamento entre 2003 y 2015, el período en el que el matrimonio presidencial vivió en Olivos. Como es obvio, las defensas de CFK, Julio De Vido y Roberto Baratta además señalarán que no integraron ninguna asociación ilícita para enriquecerse –como dice el juez– y la prueba está, según afirman los abogados, en que no se encontró ni una cuenta ni una sociedad ni bóvedas ni dinero ni bienes no declarados.
En la medida en que fue avanzando la tramitación del expediente, se siguen planteando los interrogantes.
1 ¿Cuál será la imputación del procesamiento?
Como siempre, se utilizará la figura de la asociación ilícita para tapar todos los baches. Una asociación ilícita insólita de la que participan, por ejemplo, el chofer Oscar Centeno y dos presidentes de la Nación. Según lo formulado hasta ahora el objetivo de la asociación ilícita fue recaudar fondos de manera ilegal para enriquecerse. Como es público, los empresarios y funcionarios llegaron a la fiscalía y al juzgado con una consigna simple: si niegan los cargos, quedan presos, si nombran bolsos, valijas, Cristina, Néstor, recuperan o mantienen (según el caso) la libertad. Carlos Wagner, que “confesó” el mayor desfalco de la historia argentina –arreglo de las licitaciones de la obra pública– volvió a dormir a su casa. Los “arrepentidos” Wagner y Uberti acusaron a los Macri por coimas pero en el juzgado no corrieron a allanar ni los domicilios ni las empresas de la familia presidencial. Lo que prima es la política, no la justicia.
2 ¿Cuáles son las cuatro “confesiones”?
Una parte de los imputados dijo que aportaron para las campañas electorales, entregándole dinero a Baratta. Alegaron que fueron extorsionados. La contraparte, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete, admitió haber recibido bolsos para gastos de campaña electoral. Se trata, supuestamente de un delito menor, de una infracción electoral.
Los segundos “confesos” fueron los directivos del grupo Techint.
El “confeso” que más “confesó” es el ex titular de la Cámara de la Construcción, Wagner, quien dijo que arreglaban las licitaciones, decidían quién ganaba, a qué precio y que, a cambio, pagaban coimas del 10 por ciento o más del valor de la obra. La cifra en cuestión sería descomunal: 10.000 millones de dólares. Entre otros, Wagner involucró al grupo Macri, aunque intentó mantener la impunidad de los empresarios porque no especificó en qué obras ni cuánto fueron los sobreprecios que pagaron los constructores. El club de la obra pública, del que siempre se habló, y el delito sería defraudación contra el Estado.
La cuarta acusación fue la de Claudio Uberti, el “confeso” que habló de las coimas que pagaron los concesionarios de rutas, unos 150.000 dólares por mes que, según dijo, le entregaba a De Vido y a Néstor Kirchner en persona.
Todo indica que el juez procesará a todos, incluso a los que negaron las acusaciones y fueron presos. A los que dijeron que aportaron para las campañas electorales, sin extorsión; a los que probaron que estaban en Estados Unidos cuando Centeno afirma que fue a retirar bolsos o a los que sostuvieron que la oficina no era la suya, todos por igual entrarán en el bondi de la asociación ilícita.
3 El objetivo Cristina
Finalmente el procesamiento a Cristina, como en todas las anteriores oportunidades en que Bonadio fue instructor, será como jefa de la asociación ilícita. Según el informe publicado en el Centro de Información Judicial, que monitorea Ricardo Lorenzetti, la organización era dirigida también por el fallecido Néstor Kirchner y Julio De Vido.
Entre los arrepentidos hay muy pocas referencias a la ex mandataria. Centeno dijo que “Cristina estaba en Olivos cuando Baratta llevó bolsos” y que incluso la vio una vez en pijama. En otra parte de las fotocopias de los cuadernos, el 6 de mayo de 2013, figura “porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sra. Presidenta Cristina F. De Kirchner en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales”. No hay precisión de cómo Centeno accedió a lo que se dijo en una reunión en la que no estuvo.
Uberti no dijo nada de Cristina, pero se ve que le exigieron que la involucre porque cuando amplió su declaración mencionó que había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Uruguay. El ex funcionario se fue del gobierno en 2007, o sea antes de la existencia de la asociación ilícita (2008–2015), antes de que Cristina fuera presidenta y mucho antes de octubre de 2010, cuando murió el santacruceño. Pero dejó el terreno preparado como para que Bonadio pueda invocar esa anécdota en el procesamiento con el argumento de que ese departamento era del matrimonio.
Quien aparece más en el centro de la escena es Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, renunciado en 2009 y que falleció en 2016. Nadie está para corroborar la versión de Uberti o de Ernesto Clarens, el financista, que dice que le entregaba al secretario parte del dinero que le cambiaba a los constructores. Hoy se investiga a la viuda de Muñoz y supuestas propiedades que tendría en Miami.
Los tres allanamientos en inmuebles de CFK, tan publicitados, tampoco dejaron nada incriminatorio. La realidad es que el fiscal y el juez esperaban encontrar vestigios de bóvedas o de alguna construcción que les permitiera sembrar sospechas sobre la existencia de un lugar donde, según lo que dicen los “arrepentidos”, hayan guardado millones de dólares.
Ayer, los hombres de la Policía Federal se fueron de la casa de Calafate sin encontrar “nada relevante”, según señaló una fuente de la fuerza. Todo lo que se llevaron fueron soportes informáticos para analizar.
En resumen, la imputación contra Cristina está centrada en que habrían llevado bolsos al departamento de la calle Uruguay. Su defensa, encabezada por Carlos Alberto Beraldi, cuestiona todo lo que dicen los “arrepentidos”, pero además aseguran que la ex mandataria no fue “jamás” al departamento desde que el matrimonio pasó a residir en la quinta de Olivos, o sea entre 2003 y 2015. Esto fue corroborado por el testimonio del encargado del edificio, quien dijo que hubo poco movimiento en el departamento, que nunca vio bolsos, en algunas oportunidades valijas, pero que no le pareció extraño.
4 El dinero
Finalmente, el fiscal y el juez dedicaron buena parte del tiempo en las últimas semanas a buscar los millones de dólares del supuesto enriquecimiento ilícito de Cristina, Néstor, De Vido o Baratta. Lo amenazan al financista Clarens con la cárcel, lo llevaron a José López –virtualmente condenado por los nueve millones de dólares que le encontraron producto de actos de corrupción– para que se “arrepienta” y saque de la galera versiones inverosímiles como que le dio dinero a Wado de Pedro para Justicia Legítima.
Y, lo más importante, el aparato de los fondos buitre y de la derecha norteamericana hace varios años que viene buscando bienes escondidos de los Kirchner o de DeVido. Por ahora, lo que principalmentese encontró son cuentas y sociedades ocultas de los integrantes del actual gobierno.
Lo que corresponde es que se investigue, pero con una pesquisa bien hecha, en silencio, acumulando datos. Hasta ahora la investigación permitió delinear el esqueleto de un posible esquema de corrupción, pero por el momento carece de contenido. En cambio lo que se viene es el procesamiento y pedido de desafuero, con todo el ruido que la coalición político–mediático–judicial pueda hacer.
El objetivo –como en el resto de la región– es sacar de la cancha a las figuras progresistas, no buscar la verdad.
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