Entre dos fuegos

Fuente: Horacio Verbitsky | El Cohete a la Luna
Fecha: 01 JUL 2018

El gobierno de la Alianza Cambiemos adelgaza sus opciones, constreñido como está por las exigencias contradictorias del FMI y de los sectores sociales que resisten sus políticas de transferencia de ingresos. No es un determinismo inevitable sino la consecuencia de decisiones políticas que el presidente Maurizio Macrì adoptó libre y voluntariamente, motivadas en parte por intereses y en parte por anteojeras ideológicas. Conformar a ambos es imposible, porque se disputan los mismos recursos para fines distintos y por definición excluyentes. Lo previsible es un tironeo constante, en busca de esa conciliación imposible entre propósitos antagónicos, en el que a cada avance de un lado seguirá la reacción del otro.

En otra escala, ese tipo de equilibrio inestable acompañó las dos décadas que median entre el golpe eclesiástico con ejecución castrense de 1955 y el golpe militar con sostén clerical de 1976, ambos con un fuerte componente empresarial, lo mismo que el intermedio de 1966. En aquellas dos décadas, se enfrentaron por la definición de políticas y por la participación en el ingreso nacional dos coaliciones económico-sociales, una formada por el sector agropecuario y las finanzas, otra por industriales y trabajadores.

Los ciclos eran más largos y los antagonismos políticos no coincidían con la situación económica. La producción industrial, los niveles de empleo y remuneración eran más satisfactorios que los actuales, pero la inclusión del país en la lógica de la guerra fría exacerbó los enfrentamientos. El programa económico del golpe del ’55 no pudo aplicarse por la dura oposición social y también política encarnada en el peronismo, cuya supresión llegó a ser un propósito compartido por el conjunto de las clases dominantes, incluso aquellas que resultarían perjudicadas por su imposición a la fuerza a partir de 1976, luego del último intento fallido por otros medios, con el rodrigazo del año anterior.

La globalización y dentro de ella la financierización, acortan los plazos y agudizan todas las contradicciones.

Por eso, el tironeo entre intereses contrapuestos puede adquirir un ritmo paroxístico, favorecido por la caída a pique de la credibilidad del gobierno, la certidumbre de que no habrá reelección posible en 2019 y la duda acerca de si el actual gobierno llegará al término de su mandato. Las discusiones políticas a lo sumo especulan acerca de la posibilidad de un recambio dentro del PRO, en torno de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, del que ella misma no está convencida. Vidal y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta evaluaron a principios de este año que Macrì no podría aspirar a un segundo periodo sólo si la crisis económica adquiriera impulso y profundidad de catástrofe y que, en tal caso, tampoco habría oportunidades para ellos. Eso no quita que el porteño y la bonaerense prodiguen gestos de diferenciación, tanto en la política económica que conduce a la hecatombe como en las opciones políticas y el personal que cada uno considera necesario para capear el temporal.  Si bien no han cambiado su evaluación del semestre pasado, tampoco son fundamentalistas en ese sentido y según se presenten las cosas, están dispuestos a considerar alternativas.

Pichetto y el plan del yo no fui

Simultáneamente y no por casualidad, el Opoficialismo que tiene como emblema al Senador Miguel Pichetto, ha comenzado a contemplar la peor hipótesis para el gobierno. No hará nada para apresurar el final que prevé, porque teme las consecuencias colectivas y desea evitar que se cargue en su cuenta un nuevo naufragio como el de Raúl Alfonsín en 1989 y el de Fernando De la Rúa en 1999. “Esta gente no precisa ayuda para derrapar. Hay que prepararse para lo que venga después”, sostienen en la mayor reserva Pichetto y su aliado Diego Bossio.

(A propósito de Bossio, el periodista de la revista Noticias Juan Luis González confirmó que el miércoles 20 una mujer le arrojó un vaso de agua mientras él lo entrevistaba en el restaurante del Museo Evita, y hablaban sobre Cristina Fernández de Kirchner. Pero negó que Bossio dijera que la ex presidente se hacía “la rata cruel” y que la mujer lo llamara traidor. “Le tiró el agua y se fue sin mediar palabra”.) Por eso, dicen, no bajaron a la sesión en minoría en la que el Frente para la Victoria y la izquierda reclamaron el envío al Congreso del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. Pero tampoco se sumarán al Gran Acuerdo Nacional que Macrì intenta convocar en torno de las pautas que Nicolás Dujovne acordó con Christine Lagarde. El paro general que la CGT no pudo menos que declarar pese a la aversión de los triunviros a toda medida de fuerza, la recalificación de la Argentina como mercado emergente por el juez y parte Morgan Stanley (seguida por una nueva disparada del dólar hasta rozar los 30 pesos, pese a que entre el BCRA y el Tesoro quemaron otros 450 millones de dólares) son pruebas elocuentes de la completa falta de confianza de unos y otros en las promesas y propósitos de Macrì. Luego del paro, los triunviros, acompañados por Gerardo Martínez, que maneja las relaciones internacionales de la CGT, y  el economista de Víctor De Gennaro en la menor fracción de la CTA, Claudio Lozano, mantuvieron una cordial teleconferencia con los encargados de poner en caja a la Argentina en el FMI. El Fondo operó el plan oficial de un acuerdo económico-social, la recurrente fantasía de una Moncloa argenta en la que los perjudicados legalicen el atraco.

Cuando resta poco más de un tercio del fallido mandato presidencial en curso, cada vez que Macrì se acerca a un micrófono o una cámara para reiterar generalidades tranquilizadoras, esa imagen hoy inquietante se superpone con la de la campaña de 2015, cuando sostuvo que contener la inflación era muy fácil y que en cuanto él asumiera la presidencia y el país saliera del cepo, lloverían las inversiones. Hay al respecto preguntas que sólo la historia podrá responder:

•  ¿Es un ingenuo voluntarista?
• ¿Es un tonto de remate que no entiende nada?
• ¿Es un perverso que distrajo la atención con slogans fáciles mientras se intentaba reducir el salario real hasta niveles preperonistas y él y sus amigos ganaban fortunas?

Desde que Macrì asumió la presidencia la inflación acumulada en 31 meses, según la medición del instituto estadístico de la ciudad de Buenos Aires, es de 107,5%, bien por encima del 96,2% de los 31 peores meses del gobierno anterior, desde mayo de 2013 a noviembre de 2015. Pero además el endeudamiento creció en 133.000 millones de dólares, la desocupación se acerca al 10% y todos los déficits se potencian. Junto con las metas de inflación saltaron por los aires los topes para las negociaciones paritarias. Si el 15% era irrisorio cuando se preveía un crecimiento del 20% del IPC, aún el 27% que consiguieron los camioneros queda más lejos de la realidad de una inflación que rondará el 35%.

Para colmo, las gestiones de Vidal y de Carolina Stanley en la residencia Santa Marta no han aflojado la tensión con el Papa Bergoglio, que siente como una puñalada por la espalda la derogación del aborto clandestino en su país, una conmoción para el organismo confesional equivalente al que se produjo hace 40 años en Italia. Los eclesiásticos apuestan a las provincias más atrasadas del Gran Norte, cuyos senadores podrían plegarse a la presión de los respectivos obispos y a las maniobras legislativas de la vicepresidente Gabriela Michetti y de los senadores Esteban Bullrich y Federico Pinedo, quienes están tanteando abordajes laterales para frustrar la sanción de la ley sin ponerse de frente a la tsunami verde. La idea no es rechazar el texto aprobado el 14 de junio sino introducirle modificaciones que obliguen a su regreso a la Cámara de Diputados, donde la insistencia en la sanción original requeriría los inalcanzables dos tercios de los votos presentes. Pero este debate, con el que Macrì imaginaba desviar la atención de los problemas económico-sociales, por el contrario ha enardecido a la militancia femenina en favor de la ley y en contra del acuerdo con el FMI y ha dividido al bloque oficialista. Con independencia del resultado legislativo, la prolongación de la porfía es lesiva para el gobierno porque refuerza la movilización militante que desde diciembre del añ0 pasado ha convertido la calle en territorio hostil, que los funcionarios dan por perdido, a diferencia de lo que sucedió hasta el año anterior. Juan Grabois y el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdez recorrieron despachos legislativos pidiendo que no se distrajeran con la Interrupción Voluntaria del Embarazo energías necesarias para resistir al FMI, pero se fueron con las manos vacías. Incluso,  la base femenina de la CTEP le exigió a Grabois que no utilizara la organización para los fines retrógrados del papado. El aggiornamento bergogliano llegó a la difusión: un spot contra la sanción de la ley atribuye su tratamiento a condiciones del FMI, en una pirueta ucrónica: el control de la natalidad fue una política del Banco Mundial hace medio siglo y su eje no era la decisión individual de interrumpir el embarazo sino la esterilización preventiva de un sector social, cuando los obispos católicos latinoamericanos advertían en Medellín sobre las revoluciones explosivas de la desesperación. La despenalización que se propone ahora no incrementaría la cantidad de abortos, sólo reduciría su mortalidad.

También habrá trabajo extra para los planificadores y ejecutores de la política oficial de comunicación que, cada vez con menor sofisticación, se concentra ahora en desmentir recortes y anunciar obras que los compromisos con el Fondo vedan. El problema es que gobernadores, intendentes, sindicalistas y empresarios también conocen la letra de esas obligaciones y no están inclinados a abrir la boca con asombro ante las consignas propagandísticas. Otro tanto pasa con los exportadores cerealeros, los operadores turísticos y los especuladores financieros, que no se fían del presidente, ni de MSCI ni del FMI y no están dispuestos a que los sorprendan distraídos.

Los límites de la represión

El banderazo del 9 de julio será otra ocasión para ventilar el rechazo generalizado a esas políticas en las que ya no creen ni siquiera quienes las aplican, mientras los miembros del gabinete se miran con recelo, buscando a quien atribuirle una responsabilidad que Macrì dejó claro con actos y palabras que es ante todo suya. Los preparativos oficiales para la represión son inocultables y forman parte de una programación en escala regional, con las fuerzas de seguridad en primera fila y los militares como rueda de auxilio, para reemplazar a las policías en otras tareas, ya sea en las fronteras o en custodia de instalaciones críticas. Por ahora.

La creación de un enemigo interno es el requisito básico para estos dispositivos de control social y esto no ocurre en un solo país sino en escala regional, con eje en el Comando Sur del ministerio de Defensa de los Estados Unidos.

Colombia, Perú, Chile, la Argentina y Brasil “son naciones que yo colocaría entre nuestros mejores amigos en la OTAN. Son fuerzas militares orgullosas y capaces que asumieron grandes responsabilidades de seguridad”, dijo el almirante Kurt W. Tidd, jefe de ese Comando Sur, que es el principal órgano ejecutor de la política de su país hacia la región que denominan Hemisferio Occidental y que abarca desde la frontera con México hasta la Antártida.

Tidd hizo ese pronunciamiento ante periodistas del Grupo de Escritores de Defensa en Washington. “Si permanecemos juntos podemos lograr resultados muy positivos”, dijo. “En la actualidad, Colombia es una nación amiga moderna, pujante, capaz”, agregó. “Los desafíos en materia de seguridad siguen allí, pero los colombianos comprenden la problemática y trabajan para seguir abordándola”. También consideró a Colombia como “exportador de seguridad en la región”, que trabaja “en estrecha colaboración con sus amigos centroamericanos para ayudarlos en su lucha contra los problemas de seguridad interna”. En ese contexto, mencionó a los militares argentinos como operadores de seguridad, algo prohibido por las leyes argentinas, que el gobierno intenta,  pero carece de mayoría legislativa, para soslayar.

La intervención castrense en la seguridad interior no es una originalidad argentina. El miércoles 27 de junio se publicó en el boletín oficial peruano la ley que permite a las Fuerzas Armadas realizar interdicciones terrestres, acuáticas aéreas contra el narcotráfico en zonas de emergencia cuando sea superada la capacidad operativa policial. La norma precisa que cada institución armada pondrá a disposición de la Policía, con conocimiento del Ministerio Público, a los detenidos, la droga y bienes decomisados. Además se implementarán programas y cursos especializados de instrucción y entrenamiento contra el narcotráfico en las escuelas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Eso es exactamente lo que la ley argentina de Seguridad Interior veda desde hace 25 años y que el gobierno no termina de encontrar cómo desconocer. Durante ese largo periodo, Washington se manejó con conceptos diferenciados para distintas zonas del continente, pero siempre mantuvo una deliberada confusión entre Seguridad y Defensa, como se observa en los documentos de las cumbres presidenciales y ministeriales de las Américas.

El Comando Sur publica con el nombre Diálogo un sitio web, una revista impresa y redes sociales asociadas “con el objetivo de forjar alianzas y fomentar la cooperación entre naciones amigas”, y los define como un “foro internacional para profesionales de las fuerzas militares y de seguridad de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe”. Entre los temas principales que abarca, se incluyen terrorismo, crimen organizado transnacional (como narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando), asistencia humanitaria, derechos humanos, entrenamiento y educación militares, y seguridad y cooperación regionales.

Desde febrero de 2018, el estado de Río de Janeiro se encuentra bajo una intervención federal, comandada por el General Walter Souza Braga Netto, justificada en el aumento de la violencia y el tráfico de drogas y de armas. Desde entonces se han realizado 51 operaciones de las Fuerzas Armadas, la mayoría junto con la policía, en todo el estado de Río de Janeiro. Además de detener a los sospechosos de delitos, fueron confiscados 185 fusiles, armamento diverso y drogas. El 18 de mayo, casi 3.500 hombres ya habían efectuado ejercicios en siete favelas de la zona oeste. En uno de ellos, la policía militar mató al jefe del narcotráfico de la comunidad de Barão, conocido como Da Russa.

El 7 de junio se puso en marcha la operación con mayor número de efectivos desde el inicio de la intervención, informa el Comando Sur. “Más de 5.000 hombres, entre ellos 4.600 militares y 760 policías, fueron enviados a seis localidades estratégicas de la zona oeste de la ciudad de Río de Janeiro. Los grupos utilizan helicópteros y vehículos blindados modelo Urutu y Guaraní para cercar la región, donde viven cerca de 200.000 personas entre los grupos armados de traficantes y pandilleros”. El propósito declarado es “debilitar la facción Comando Vermelho, y que los agentes del 18.º Batallón de la Policía Militar recobren la seguridad de la favela Cidade de Deus. El Comando Vermelho está entre los mayores grupos del crimen organizado brasileño y controla una red que abarca varios estados desde Río de Janeiro hasta el Amazonas”, agrega. Militares y policías ocupan las calles de las comunidades, otros bloquean posibles rutas de escape. La operación en curso en la zona oeste de Río de Janeiro fue coordinada con otra operación de seguridad en la zona sur, el 9 de junio. Allí está la favela Rocinha, que fue ocupada por las Fuerzas Armadas durante una semana en 2017, a causa del recrudecimiento de la confrontación entre grupos enemigos que se disputan ese mercado ilegal. La operación en la zona oeste de Río de Janeiro continúa por tiempo indeterminado, inclusive con el aumento de las misiones sociales orientadas a los pobladores de las comunidades locales, anunció el vocero del Ejército.

Más cerca de la Argentina, Carabineros de Chile estableció un nuevo Comando Jungla, sobre el modelo de su homónimo colombiano, para enfrentar la violencia rural en la Araucanía. Sus 40 efectivos fueron entrenados por la Policía Nacional colombiana. Según el académico Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales, “se trata de una decisión política trascendente por cuanto se asimila el conflicto colombiano a lo que sucede en la Araucanía”. Creado en 1989 con apoyo de una unidad de comando especial de Gran Bretaña (SAS), el Comando Jungla colombiano se especializó en operaciones de interdicción de drogas y el control del crimen organizado.  Luego, a instancias de Estados Unidos el Comando Jungla se involucró en el entrenamiento de fuerzas policiales en Centroamérica, Sudamérica, México y África, con varios miles de uniformados en el mundo. “La naturaleza del conflicto colombiano no es equiparable a lo que se vive en la región de la Araucanía ni respecto de las condiciones geográficas, climáticas, sociales, culturales, ni menos de seguridad. El riesgo que se corre a través de esta política es importar tácticas y técnicas que en nada se parecen o son útiles para resolver el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche”, sostiene Fuentes. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en su informe de 2017 la práctica por la Policía Nacional Colombiana de arrestos ilegales, uso excesivo de la fuerza, asesinatos extrajudiciales, y sentencias judiciales por tortura contra sus integrantes, amén de escándalos por corrupción. Hacia fines de 2014, cerca de 8.000 policías eran investigados por irregularidades y en mayo de 2016, la policía informó de la separación de más de 1.400 policías involucrados en casos de corrupción asociados a tráfico de drogas y vínculo con redes de prostitución. El GAN Business Report, que es el portal más importante del mundo con recomendaciones para empresas e inversores sobre riesgos y prevención de la corrupción sostiene que en Colombia “existen riesgos moderados de corrupción en los aparatos de seguridad. La impunidad en la policía es un problema en Colombia, pese a las mejoras que se han realizado en la investigación de los abusos de la policía” (www.business-anti-corruption.com).

El académico chileno concluye: “La ironía de todo esto es que si hay una lección que podemos aprender del caso colombiano, es la relevancia de la negociación política—y no la eficacia del aparato de seguridad— para encontrar una resolución al conflicto.  El Comando Jungla colombiano tal vez ayudará a los uniformados chilenos a mejorar su puntería en sus cursos para tiradores de alta precisión o de demoliciones con explosivos; pero difícilmente les ayudarán a resolver un conflicto que claramente no es militar”.

El domingo 1° de julio, México elegirá un nuevo presidente, luego de dos gobiernos sucesivos que involucraron a sus Fuerzas Armadas en la represión de organizaciones criminales, con el resultado de más de cien mil muertos sin que el negocio se haya visto afectado, y una difusión de la violencia por toda la sociedad, que incluyó 130 asesinatos durante la campaña electoral. La Argentina estuvo a salvo de estas calamidades, por la reflexión sobre su propia trágica historia, en un proceso que Macrì ahora se propone revertir. Como si no bastara con el FMI.

Parte de las lecciones aprendidas es que la represión sólo puede ejercerse contra grupos pequeños y/o aislados, que reemplazan sus carencias con la radicalidad de sus planteos. Es impotente en cambio contra la movilización masiva, como la que supo suscitar en la Argentina el gobierno de Macrì.