Fuente: Néstor Espósito | TiempoAR
Fecha: 24 de MAR 2018
La sensación general es de «desbande». El diccionario de la Real Academia Española define el término como «desparramarse, huir en desorden» pero también «apartarse de la compañía de otros». Desde hace algunas semanas, la aparentemente sólida relación que había construido el gobierno con el Poder Judicial pareció comenzar a crujir. La Corte Suprema (al menos dos de sus miembros tienen pavimentada una avenida de ida hacia la Casa de Gobierno) busca una nueva independencia. La expresión gestual de Ricardo Lorenzetti el día que Mauricio Macri abrió las sesiones del Congreso no era la misma que cuando el líder del PRO asumió como jefe del Estado. Desde el propio seno de los jueces surgieron propuestas para reformar la Justicia que sostienen, básicamente, que la responsabilidad por el mal funcionamiento es del poder político. Y, como respuesta símbolo, descartan modificar las ferias judiciales y extender los horarios de atención al público (dos reclamos del presidente) a menos que haya un aumento de salarios del 30% por esas dos horas adicionales.
En medio de ese clima pesado, el extitular de la Unidad AMIA, el exsenador radical Mario Cimadevilla (quien abrazó fervorosamente la creación de Cambiemos) denunció penalmente a su jefe hasta hace poco, el ministro de Justicia Germán Garavano, por encubrimiento de dos ex fiscales sospechados, a su vez, de haber encubierto la denominada «pista siria» del atentado contra la AMIA. Lo que hizo Cimadevilla es similar a lo que denunció el fiscal Alberto Nisman contra el anterior gobierno cuatro días antes de morir. De la misma gravedad, aunque sin la tragedia posterior de la muerte. Hay otra diferencia: por aquella denuncia de Nisman hay gente presa; pero la de Cimadevilla casi no existe en las páginas de los principales medios.
El presidente Macri, quien empujó con una presión insoportable la renuncia de la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque era «militante del kirchnerismo», eligió para sucederla a Inés Weinberg de Roca, cuyo perfil y antecedentes la muestran afín al gobierno. En sintonía con estos tiempos, parece necesario recordar que como jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal, durante el gobierno local de Macri, firmó un fallo que avaló la facultad de la policía para pedir documentos a transeúntes en lugares públicos como forma de «prevenir delitos», aun cuando no mediare sospecha sobre el interceptado.
Un tribunal de segunda instancia había determinado que «la policía no se encuentra autorizada a exigir la exhibición de documentación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo». Weinberg hizo trizas ese criterio. «La policía tiene entre sus funciones la de prevenir delitos», dijo, e incluyó en esa figura a toda actividad de observación y seguridad destinada a impedir la comisión de actos punibles”.
¿Sostendrá Macri a Weinberg contra viento y marea? Por lo pronto, ya lo hizo para instalarla como jueza de la Corte porteña, pese a que uno de sus aliados, de la UCR y exprocurador del Tesoro, Ernesto Marcer, la cuestionó por «incompatibilidad en sus funciones», «omisiones» en relación con sus remuneraciones informadas cuando fue jueza en un tribunal en la ONU y «sospechas con la designación en el poder de amigos y parientes». A ello se sumaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el exlegislador porteño por Proyecto Sur Rafael Gentilli. Macri fue paciente, y cuando tuvo asegurados los votos en la Legislatura consiguió que aprobaran el pliego.
Weinberg también podría resultar funcional para otro debate que se viene: el aborto. Como camarista en lo Contencioso Administrativo y Tributario, firmó en 2012 un fallo en el que sostenía que no es necesaria la intervención de un juez para autorizar esa práctica cuando está permitida por excepción en el Código Penal.Defendiendo el artículo 86, sostuvo que la interrupción artificial del estado de gravidez «por un médico y con el consentimiento de la mujer encinta», no es punible «si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre».
El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, sostiene que Weinberg no está en condiciones de ser procuradora y especula con que podría tratarse de un globo de ensayo para finalmente nombrar al fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Plee, quien aparece hoy relegado en esa carrera. No es el único herido. Un allegado al fiscal federal Guillermo Marijuan, quien aspiraba también al cargo, contó que en un diálogo con el Presidente, Macri le habría dicho que su momento como procurador podía ser tal vez en un segundo mandato, a lo que Marijuan replicó que entendía que su momento era ahora porque en el futuro, «con las cosas que están pasando, no sé si van a querer que sea el procurador».