Fuente: José Cornejo y Daniel Galvagno | APU
Fecha: 20 de FEB 2018
El constitucionalista Eduardo Barcesat analizó las declaraciones del ex presidente de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien dijo «quería que este gobierno se fuera lo antes posible». Al respecto, reflexionó sobre el estado de las instituciones nacionales.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué opina de las recientes declaraciones de Raúl Zaffaroni?
Eduardo Barcesat: Hay que hacer un diagnóstico económico y otro político institucional. En lo económico se advierte que el plan ineluctablemente ha fracasado. No hay crecimiento ni “pobreza cero”. Estamos endeudados en una cifra ya superior al 50% del PBI. Recordemos que cuando se provocó la crisis en 2001 era el 46 %. Se achica el déficit fiscal pero contrayendo deuda en condiciones ruinosas con una entrega de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional y renunciando a toda forma de reclamo.
¿Y en el aspecto institucional?
La parte institucional no le va en saga en cuanto a derrumbe del estado de derecho. Desde el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) (que quiso imponer dos jueces de la Corte Suprema) ya se demuestra que este gobierno iba a manejase de manera autocrática. Además de los DNU están los decretos simples. ¿Por qué? Es la picardía de las cacatúas togadas que asesoran al gobierno. Los decretos han abordado las cuatro materias que están taxativamente prohibidas por la Constitución: lo penal y procesal penal; lo tributario; el régimen de partidos políticos y el régimen electoral. Lo hacen por decreto simple para evitarse el control del Congreso.
¿Los decretos simples también exceden las temáticas vedadas?
Peor, exceden y ni siquiera tienen intervención del Congreso. Pongo como ejemplo paradigmático el decreto en emergencia de la seguridad pública, de 2016, que modifica figuras y procedimientos penales, reinstala la pena de muerte a través de la Ley del Derribo. El bautismo de fuego fue el hundimiento de aquel pesquero chino, lo mandaron a pique con 38 personas a bordo. Cuatro fueron rescatados por el destructor que lo hundió y 34 por otro pesquero chino. Pudo haber sido un incidente internacional de lo peor. El 10 de enero, el gobierno firmó un DNU llamado megadecreto de 192 artículos. Deroga y modifica leyes vigentes. Al respecto, la Constitución señala en el artículo 99 inciso 3: «El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo». Uno hubiera deseado que algún fiscal hiciera la denuncia.
¿Usted hizo la denuncia?
El Dr. Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados y yo. El 1 de febrero la denuncia empezó a moverse, dado que el fiscal Ramiro González pidió medidas antes de ver si acusa. Además el ministro de Justicia Germán Garavano y su equipo incurrieron en prevaricato, es decir, han firmado el decreto a sabiendas que está en contra de la Constitución. Bueno este quiebre de la división de poderes significa que hemos abandonado el Estado de derecho.
¿No hay Estado de derecho en Argentina?
No. La piedra fundamental del Estado de derecho, desde los padres de la Constitución de EE.UU. para acá es la división y el respeto del sistema de contrapesos entre los poderes. Esto está en la obra de Montesquieu. Lamentablemente la división de poderes ha sido afectada y también está afectado el Poder Judicial. Esto está confeso por el presidente (Mauricio Macri) cuando dice «necesitamos jueces que nos representen». Es decir, pide que sean hombres que trabajen para este gobierno. Ahora mire la ley 27, por el número se dará cuenta que fue sancionada casi inmediatamente posterior a la reforma de 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Esa ley establece taxativamente que el deber primero de los jueces es asegurar la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional por sobre los actos de los otros poderes. Los tres primeros artículos de esa ley siguen vigentes.
Entonces los que critican al gobierno, o piden que se vaya, no son destituyentes o sediciosos, lo que hacen es denunciar la conducta destituyente del propio gobierno. Porque quien ha generado la perdida de funcionalidad constitucional es el gobierno. Observe también el artículo 36 del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, uno de cuyos párrafos dice: “todos los habitantes de la Nación argentina tienen derecho a resistir los actos de violencia institucional de gobierno”.
El argumento del gobierno es “dado que a nosotros nos votaron, ustedes no pueden criticarnos, de lo contrario son golpistas”.
También votamos diputados y senadores y otras autoridades locales pero a todos ellos les exigimos con la misma vara es decir cumplir y hacer cumplir la Constitución.
¿Caracterizaría esto como una dictadura?
Esto lo puse en los escritos que presentamos en sede judicial: si me gobiernan de una forma distinta a la que establece la Constitución, tengo que decir esto es un Estado de excepción. Recordemos además que las dictaduras más temibles llegaron con voto popular, el nazismo, a Mussolini.
Otro de los argumentos mediáticos es que “los kirchneristas que violaban la Republica ahora exigen observancia”.
Los tres gobiernos kirchneristas han sido respetuosos a la observancia de la división de poderes. Pecaron de déficit, de no introducir una reforma para controlar uno de los poderes que no es representativo ni republicano, el Poder Judicial. Mi crítica es que hay que pensar primero en la Constitución Nacional, no hacer parches. Por ejemplo, se introdujo un nuevo Código Civil y Comercial, cuya parte civil es bastante buena en lo que hace a la persona y cuestiones de familia. Pero en lo que hace a la parte económica, es deplorable, la postura de (Dalmacio) Vélez Sarsfield es de patriota frente al texto actual. No se pueden revisar los laudos arbitrales, ya sean nacionales o de organismos internacionales, entre los que está el CIADI, la Bolsa de Comercio de Londres o de Nueva York.
Lo desvío: ¿qué opina de esos organismos?
Yo fui asesor de la Procuración del Tesoro de 2011 a 2015. Fui a la mayoría de las audiencias del CIADI. Son animales y delincuentes, no hay otra manera de calificarlos. Los señores árbitros son de una ignorancia jurídica palmaria, únicamente entienden de archivos de Excel para calcular perdidas. Fuera de eso, de los conceptos jurídicos, Estado de necesidad, obligación, persona jurídica, nada. Nosotros (los argentinos) estamos condenados por Aerolíneas Argentinas a pagar 300 millones de dólares a quienes están presos en España por lo que hicieron entre otros a Argentina. Me refiero al Grupo Marsans. El arbitraje esta absurdamente iniciado por Air Comet, que no tuvo ningún acuerdo con Argentina, es una personería jurídica distinta (a Marsans). Un año después de esa maniobra, Air Comet y todas empresas del Grupo Marsans estaban quebradas, y en una quiebra culpable, que en nuestra legislación se llama quiebra dolosa. ¿Cómo puede un tribunal disponer pagar a alguien que está en quiebra? Con los propios libros de la experta española les demostramos que estaba incurriendo en falso testimonio, bueno… eso es el tribunal CIADI.
Usted tiene un perfil comunicacional crítico hacia el gobierno, similar al de Zaffaroni. ¿Le preocupa que el gobierno lo persiga, tal como le ocurre al ex integrante de la Corte?
Parece que alguien lo intentó en octubre del año pasado. A pesar de que no sea un juzgado de mis amores, el fiscal desestimó la denuncia. Dijeron que estaba encabezando una asociación ilícita. A este abogado lo voy a llevar a un estrado judicial a responder por esas acusaciones calumniosas. Gendarmería está persiguiendo a los abogados de la causa (Santiago) Maldonado. En lugar de buscar por qué se murió, están tratando de enjuiciar a los valiosos colegas. Mi solidaridad para con ellos. La política de este gobierno es perseguir a quien dice “el rey está desnudo”.