Fuente: María Laura Carpineta | Revista Zoom
Fecha: 23 de DIC 2017
El gobierno de Mauricio Macri decidió cambiar una posición que Argentina mantiene desde hace medio siglo cuando este jueves se abstuvo en la votación de la Asamblea General de la ONU que ratificó que Jerusalén no es la capital ni de los israelíes ni de los palestinos hasta que firmen un acuerdo de paz y decidan juntos el estatus definitivo de esa simbólica ciudad. La resolución aprobada en las Naciones Unidas es explícitamente en contra del giro dado por el presidente norteamericano, Donald Trump y, pese a las amenazas de la Casa Blanca, 128 de los 193 países miembros la aprobaron. Sin embargo, Estados Unidos e Israel reivindicaron una victoria: haber logrado que 35 Estados se abstengan, uno de ellos Argentina.
La votación en el pleno de la Asamblea General –un cuerpo que no emite resoluciones vinculantes, pero donde todos los países tienen un voto y ninguno puede vetar la decisión de la mayoría– hizo recordar a las que año tras año rechazan al embargo estadounidense contra Cuba. Los únicos países que votaron en contra de mantener la posición de la ONU sobre Jerusalén fueron Estados Unidos e Israel, por supuesto, y una corta lista de aliados incondicionales: Honduras, Guatemala, las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo.
Legalmente no era fácil defender esa posición, por lo que tanto Trump como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apostaron por conseguir la mayor cantidad de abstenciones posibles. Convencieron a dos potencias regionales –Canadá y Australia–, cinco miembros de la Unión Europea –Croacia, República Checa, Hungría, Polonia y Rumania– y once países latinoamericanos –Argentina, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua-Barbuda y Jamaica–, entre otros.
“Aprecio el hecho de que un número creciente de países se negaron a participar en este teatro del absurdo. Lo agradezco”, sentenció después de la votación el premier israelí Netanyahu. Estados Unidos también dejó en claro que el gesto no pasaría inadvertido. Al día siguiente, la delegación norteamericana ante la ONU, envió una invitación para el próximo miércoles a la tarde a todos aquellos países que votaron en contra de la resolución, se abstuvieron o no participaron de la sesión “para agradecerles su amistad con Estados Unidos”.
Después de abstenerse, el embajador argentino ante la ONU, Martín García Moritán, tomó la palabra en la Asamblea General y explicó que su voto “no cambia en nada” la posición histórica del país en el conflicto israelí-palestino. Sin embargo, todos los compromisos asumidos por Argentina en Naciones Unidas y su política exterior de las últimas cinco décadas lo desmienten.
La resolución aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General rechazó el reconocimiento que hizo Trump de Jerusalén como capital israelí y lo hizo pidiendo que se cumplan los compromisos vinculantes de la ONU: “Todas las decisiones y los actos que pretendan haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tienen efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y deben revocarse en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. (…) Exige que todos los Estados cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Ciudad Santa de Jerusalén y no reconozcan actos o medidas que contravengan lo dispuesto en esas resoluciones”.
Argentina no sólo está obligada como Estado miembro de la ONU a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad, sino que aprobó algunas de ellas cuando ocupó un asiento en ese cuerpo.
En 1967, después de la victoria de Israel sobre sus vecinos árabes en la llamada Guerra de los Seis Días, que culminó con la ocupación militar de los territorios de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén este, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 242 que enfatizaba “la inadmisibilidad de la adquisición de territorio a través de la guerra” y exigía que Israel se “retirara de los territorios ocupados”. Argentina participó de esa votación.
Cuatro años después, en 1971, volvió a levantar la mano para aprobar otra resolución, la 298. “Confirma en los términos más claros posibles que todas las acciones legislativas y administrativas tomadas por Israel para cambiar el estatus de la Ciudad de Jerusalén, incluyendo la expropiación de tierra y propiedades, la transferencia de población y las leyes dirigidas a la incorporación de la parte ocupada, son totalmente inválidos y no cambian el status”, sentenció el Consejo de Seguridad.
Pese a estas advertencias internacionales, Israel siguió avanzando en su colonización sobre Jerusalén: en 1980 anexó unilateralmente la parte oriental de la ciudad que la ONU reconoce como territorio palestino ocupado y 20 años después comenzó a construir un muro de concreto para dividir a Jerusalén este de Cisjordania.
La ocupación militar israelí continuó profundizándose y dos levantamientos armados concluyeron con un liderazgo palestino diezmado y en parte tras las rejas. Por eso, desde hace más de una década la Autoridad Nacional Palestina se concentró en ganar la batalla diplomática internacional.
Entre 2010 y 2013, 16 países latinoamericanos reconocieron al Estado de Palestino. Argentina fue uno de ellos e, incluso, agregó “dentro de las fronteras definidas en 1967”, una fórmula comúnmente utilizada en la comunidad internacional para referirse a la delimitación geográfica previa a la Guerra de los Seis Días y a la ocupación militar israelí. La decisión del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner desató la furia de Israel, que la acusó de ser parcial en el conflicto. Para frenar las críticas, su canciller, Héctor Timerman, aclaró por Twitter: “La Argentina no reconoce a Jerusalén como capital de ningún Estado”.
El Estado argentino mantuvo esa postura, inclusive, bien entrado el gobierno de Macri.
El 6 de diciembre pasado, apenas horas después de que Trump sacudiera a Medio Oriente con su decisión de reconocer a Jerusalén como capital israelí –ignorando el reclamo palestino sobre la mitad oriental de la ciudad y la posición consensuada durante décadas en la ONU–, la Cancillería argentina publicó un comunicado para recordar su postura.
“El gobierno argentino entiende oportuno recordar su posición en favor de una solución de dos Estados conviviendo pacíficamente, en forma respetuosa, reconociendo las fronteras de 1967 y el estatus especial de Jerusalén de acuerdo a sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina reconoce el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, así como el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado libre, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociaciones”, reza el texto publicado en la página web de la Cancillería.
El gobierno argentino enfatizó que su posición hacia el conflicto israelí-palestino no cambió; sin embargo, eso no se sostiene ni en términos legales ni en términos políticos, como dejaron bien claro los gobiernos de Estados Unidos e Israel cuando agradecieron públicamente las abstenciones como una muestra de apoyo y un gesto de “amistad”.
Con Israel, el gobierno de Macri sedimentó una alianza que comenzó ni bien ganó las elecciones y el presidente electo se reunió con Netanyahu en el Foro Económico de Davos, en Suiza, y se consolidó en septiembre pasado cuando el premier israelí visitó la región y celebró el “restablecimiento” de las relaciones bilaterales con Argentina con millones de dólares en acuerdos comerciales como principal evidencia.
Todos los líderes que Netanyahu visitó en esa gira latinoamericana –el colombiano Juan Manuel Santos, el mexicano Enrique Peña Nieto, el paraguayo Horacio Cartes y el panameño Juan Carlos Varela– se abstuvieron como Argentina el jueves en la Asamblea General.
Con Estados Unidos, Macri también habló y celebró en estos dos años un presunto restablecimiento de relaciones. Este acercamiento se plasmó con la visita de Macri a Washington, por un lado, y con la de Barack Obama en sus últimos meses de mandato y la de dos enviados de Trump, su vice Mike Pence y su amigo y asesor en temas de la región, el gobernador de Florida, Rick Scott, a Buenos Aires, por otro.
Trump y su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, fueron agresivos como pocas veces en esta pulseada y hasta amenazaron públicamente a los países de todo el mundo con “tomar nota” de quienes “den la espalda” a Estados Unidos y hasta recortarles ayuda financiera. De los diez países que más dinero reciben de Washington, ocho votaron a favor de la resolución –entre ellos naciones muy pobres como Tanzania–, uno en contra (Israel) y uno no participó de la sesión (Kenia).
Quizás con la esperanza de convertirse finalmente en el principal aliado estratégico de la región o de conseguir la tan ansiada lluvia de inversiones extranjeras, el gobierno de Macri cambió una política de Estado en medio de un clima de amenazas explícitas de la mayor potencia global y a contramano de la amplia mayoría del mundo.