Fuente: Jonathan Heguier | El Destape
Fecha: 03 de NOV 2017
La Justicia impuso un nuevo modus operandi: meter presos a políticos sin condena por haber sido funcionarios y posible entorpecimiento de la causa, ya que el solo hecho de haber sido funcionarios provocaría tales complicaciones a las investigaciones.
Tanto en el caso Julio De Vido como Amado Boudou usó a ese riesgo procesal limitado y llevó a la cárcel a ambos ex funcionarios del kirchnerismo que se presentaron siempre a declarar por sus propios medios y no dieron señales de querer entorpecer la causa.
Hoy, en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a Boudou se lo detiene con preventiva por orden del juez Ariel Lijo por haber sido ministro y vicepresidente y «por las relaciones que conserva en el poder». «La función principal de Amado Boudou dentro de aquella se encontraba especialmente ceñida al ámbito público -en especial, a partir de su asunción como Ministro de Economía de la Nación y luego como Vicepresidente-«, afirma el fallo, similar a la determinación con el ex ministro de Planificación.
En sus argumentos, Lijo se basa en el fallo de la Cámara Federal por el cual ordenó al juez Luis Rodríguez detener a De Vido en la causa por el yacimiento de Río Turbio, de cuando era ministro de Planificación Federal. En ese fallo, la Cámara consideró que se debía tener en cuenta no solo si la persona se ajustaba a derecho sino si los lazos de los imputados creados en el marco de los presuntos ilícitos seguían vigentes y eso podía entorpecer la investigación.
Con este mismo procedimiento de la «doctrina De Vido-Boudou», la Justicia argentina podría y debería detener a funcionarios del actual Gobierno que están imputados, procesados o asumieron bajo ese estado judicial. Al ser hoy parte del Estado, les daría un poder privilegiado para complicar el andar de las causas judiciales en su contra, si se siguie esa línea argumental inaugurada recientemente. La lista que complica al Gabinete de Mauricio Macri y hasta al mismísimo Presidente.
MAURICIO MACRI
El Presidente de la Nación es investigado por la causa del Correo Argentino. ¿El juez? También es Ariel Lijo. Es en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos en el proceso del concurso de acreedores y del acuerdo que el Estado aceptó el año pasado para que el Correo Argentino salde su deuda millonaria con una quita del 98,8 por ciento.
El mandatario además asumió procesado por la causa escuchas ilegales, procesamiento confirmado por la Cámara Federal. Con la «doctrina De Vido-Boudou» no debería haber asumido o caer en prisión ya asumido.
Además, Macri acumula causas por encubrimiento por la desaparición de Santiago Maldonado, por el memorándum con Qatar, Panamá Papers y los casos Avianca y Fly Bondi. Todas bajo su presidencia.
GABRIELA MICHETTI
Imputada la vicepresidenta junto a Macri por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares. Se trata de un acuerdo que involucra fondos de Anses. Luis María Blaquier, uno de los funcionarios del gobierno nacional que firmó el Memorándum, renunció a su cargo al frente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
El juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa apeló y ahora está en manos de el fiscal Germán Moldes, quien debe impulsarla o dejarla caer.
JUAN JOSÉ ARANGUREN
El ministro de Energía está imputado por negociaciones incompatibles, ya que se inició una causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que hizo el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic, que ahora cambiaron nuevamente de nombre.
La denuncia pide que se investigue si Aranguren incurrió en los delitos de «abuso de autoridad» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas».
Según la denuncia, un funcionario «como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra» de las represas sobre el río Santa Cruz, ahora rebautizadas «Condor Cliff» y «La Barrancosa».
GUSTAVO ARRIBAS
El director de la AFI (ex SIDE) fue denunciado por recibir transferencias de parte del cuevero Gustavo Meirelles, en una fecha coincidente en la que se decidía el inicio de las obras por el soterramiento del Sarmiento, obra adjudicada a Odebrecht. Hubo documentación y declaraciones que los complicaban, además del propio testimonio de uno de los hombres clave del Lava Jato brasileño. El juez Canicoba Corral no solo no lo detuvo con la doctrina «De Vido-Boudou» sino que realizó un sobreseimiento exprés.
Como si fuera poco, el fiscal de Cámara Germán Moldes desistió de impulsar la investigación, pese a que él era uno de los más enérgicos críticos al cierre de la denuncia de Nisman.
LUIS CAPUTO
El ministro de Finanzas está denunciado por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
Durante el 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a un Fondo Común de Inversión que administró el propio ministro hasta un día antes de asumir como secretario, en 2015. La causa quedó radicada ante el juzgado federal número nueve, a cargo del juez Luis Rodríguez. Este magistrado es el primero que ordenó detener a De Vido, a expensas del fallo de la Cámara Federal.
El Fondo de Garantías podía, y de hecho lo hizo, comprar Lebacs sin pagar comisiones, pero prefirió tercerizar parte de esa operación al abonar comisiones al fondo FCI Axis Ahorro Plus, fundado por el titular de la cartera de Finanzas e integrado por él hasta diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación.
LUIS ETCHEVEHERE
El recién asumido Ministro de Agroindustria está denunciado por evasión, desvío de dinero y cuentas ocultas en Uruguay.
El Grupo Etchevehere está complicado por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias a través de maniobras irregulares con préstamos por $ 4,5 millones.
CARLOS MELCONIAN
El ex presidente del Banco Nación fue denunciado bajo su gestión en 2016 por darle subsidio al presidente de la Sociedad Rural, ahora ministro de Agroindustria. El establecimiento rural “Las Margaritas S.A.”, propiedad de los Etchevehere en Entre Ríos, recibió un subsidio de parte del Banco nación por $ 900.000.
FEDERICO STURZENEGGER
El titular del Banco Central asumió imputado. Fue por la causa del canje de bonos en la gestión de Fernando De la Rúa. hasta la Corte Suprema confirmó el procesamiento por el Megacanje. El 28 de septiembre de 2016 su sobreseimiento quedó firme cuando el Fiscal federal Germán Moldes no lo apeló. Debió pasar años detenido con la «doctrina De Vido-Boudou».
PATRICIA BULLRICH
La ministra de Seguridad está imputada en la causa por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. El fiscal Federico Delgado dio impulso a una denuncia penal y pidió informes a la Justicia de Esquel y al Ejecutivo. Macri y Pablo Noceti, jefe de gabinete de ese ministerio, también imputados.
ALFONSO PRAT-GAY
El ex ministro de Hacienda y Finanzas estaba denunciado por evasión fiscal en el marco de una presunta operación ilícita vinculada al banco HSBC cuando asumió. Recién en 2016 anunció que la jueza Straccia dictó su sobreseimiento en la causa.
SUSANA MALCORRA
La ex Canciller también estuvo imputada, junto al Presidente y la vicepresidenta por el escandaloso memorándum con Qatar por 1.300 millones de dólares.
MARIO QUINTANA
El vicejefe de Gabinete fue imputado en la causa del ‘dólar futuro’ iniciada tras una investigación de El Destape. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central, Pablo Curat y a él. Quintana «habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario (ROFEX) (…) el nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares», dice la denuncia.
También Quintana en el caso Fly Bondi. El fiscal Di Lello pidió investigar a Quintana para determinar «si guarda relación con la empresa aérea». El fiscal ya había imputado a Mauricio Macri, su padre y funcionarios por el caso Avianca.
SERGIO BERGMAN
El ministro de Medio Ambiente está denunciado penalmente en los tribunales federales de Comodoro Py por su actuación previa a los incendios forestales que azotaron a las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. El rabino habría contratado helicópteros «a dedo».
La causa recayó por sorteo en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, con intervención del fiscal federal Federico Delgado.
GUILLERMO DIETRICH
El ministro de Transporte está denunciado por un supuesto fraude al Estado que se cometería con la transferencia de la aerolínea Mac Air, de la familia Macri, a la colombiana Avianca, según la presentación en la que se advierte un posible conflicto de intereses por la promesa de otorgamiento de nuevas rutas aéreas ante el ingreso de las «low cost», un nuevo mercado que se abrió por decisión de los actuales funcionarios.
OSCAR AGUAD
El ex ministro de Comunicaciones y ahora titular de Defensa también está imputado por la causa Correo Argentino que tiene en vilo a Macri. Como ministro habría avalado el acuerdo de la empresa de los Macri con el Estado.
ANDRÉS IBARRA
El ministro de Modernización estaba denunciado en la Justicia federal por el acuerdo suscripto con Corea del Sur que supuestamente incluiría la compra de las máquinas de voto electrónico, un proyecto desactivado en el Senado. Fue sobreseído a los cuatro meses de la denuncia. Había sido denunciado en diciembre de 2016.
PABLO AVELLUTO
El ministro de Cultura fue imputado por irregularidades en las contrataciones que a través de su cartera se realizaron para la feria Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), que se desarrolló en Madrid en febrero.
El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar si cometió «defraudación a la administración pública”.
JULIO MARTÍNEZ
El ex ministro de Defensa, ahora senador electo en La Rioja tiene una causa abierta por el intento de compra de armamentos a EE.UU. que reveló El Destape.
El fiscal federal Franco Picardi lo imputó junto a los diputados oficialistas Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.
Es por la millonaria compra de un arsenal a los Estados Unidos que supuestamente hubiera implicado un fraude al Estado y generado beneficios para algunos de los involucrados.