Fuente: Néstor Espósito | TiempoAr
Fecha: 07 de OCT 2017
El fallo que confirmó los procesamientos de dos personas que dijeron haber visto al juez Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos, en la antesala de una reunión con Cristina Fernández, invita a profundizar la investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de esa maniobra. Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, los dos procesados por “falso testimonio agravado”, corren riesgo de condena de hasta diez años de cárcel. Y, según se desprende del expediente, no les será fácil zafar. Ya no pueden argumentar que confundieron a Casanello con alguien parecido. No vieron a nadie parecido porque ni siquiera estuvieron en Olivos: “Las pruebas que desacreditan la visita del Magistrado a la morada presidencial revelan, al mismo tiempo, que ninguno de los imputados concurrió al complejo en la fecha declarada”, dice el fallo. Mintieron a sabiendas. El Código Penal lo define como “una divergencia entre lo que el (imputado) transmite y lo que conoce como verdadero”.
¿Hay alguna forma de mejorar sus situaciones procesales? Los difusos contornos del régimen de “delación premiada” no están pensados para el delito de falso testimonio. Pero las mentiras de ambos procesados parecían apuntar a apartar a un juez federal que está investigando un caso de presunta corrupción. Y para eso sí aplica la delación premiada.
Corizzo y Scozzino deberían, en ese caso, revelar quiénes pergeñaron la mentira, y para qué. Corizzo se presentó en el expediente como “un soldado del proyecto” kirchnerista. Pero el fiscal Carlos Stornelli (quien no puede ser considerado K) advirtió que su relato “significaba una acusación grave contra la persona que conducía el ‘proyecto’ con el cual se identificaba fuertemente”. ¿Quién es, en realidad, Corizzo?
El fallo de la Cámara aporta dos primeros nombres para una investigación ulterior y más profunda: Martín, uno de los hijos de Lázaro Báez, y su abogado, Santiago Viola. Pero la supuesta presencia de Casanello en Olivos y su relación con CFK sólo existieron en la literatura periodística, que luego fue reconocida por los propios autores de las notas como “pescado podrido”. Sin embargo, sobre la base de esos artículos que luego se revelaron falsos, Graciela Ocaña pidió el juicio político de Casanello ante el Consejo de la Magistratura. Peor aún: las publicaciones dieron cuenta de comunicaciones telefónicas reales que había sostenido el juez con parientes y allegados. Pero Casanello no tenía su teléfono intervenido por orden judicial. Es decir, lo espiaron ilegalmente.
Lo que resta investigar está en manos del juez federal Luis Rodríguez. Tirar de esa cuerda podría dejar al desnudo una vergonzosa operación político-mediático-servicial.