Fuente: Memoria Activa
Fecha: 03 de ABRIL 2017
Los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA nucleados en la asociación civil MEMORIA ACTIVA queremos denunciar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado decisiones muy graves que ponen en peligro la posibilidad de obtener verdad y justicia en este crimen que permanece impune después de 23 años de promesas y frustraciones.
Pareciera, señor Presidente, que lo que se busca desde el gobierno es encubrir a los encubridores que están siendo juzgados, desde agosto de 2015, en un juicio oral y público por irregularidades en la investigación, y entre los que se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex Secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el entonces juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex Presidente de la DAIA, Rubén Beraja y el ex Jefe la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios.
Como consecuencia del nuevo posicionamiento tomado por la querella que representa al Estado Argentino en esta causa, los apoderados de la misma —Mariana Stilman y Ezequiel Strajman— presentaron su renuncia al ministro de Justicia de la Nación y alegaron haber sufrido “presiones” por parte del ministro Germán Garavano que les impedirían ejercer el rol de querellantes “con libertad y probidad”. Esto, según señalaron, podría llevar a la Secretaría AMIA a defender “intereses opuestos” o a “declinar” la búsqueda de la verdad, lo que causa verdadero estupor.
Es así que nos preguntamos: ¿qué “intereses opuestos” puede tener una parte acusadora si no es explícita o implícitamente salvar a los imputados?
Y, en el mismo sentido, si los ahora ex apoderados de la querella no se dejaron presionar, ¿quiénes sí lo harán?
Frente a este panorama, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación e indignación por el hecho de que mediante estas maniobras obstructivas de la búsqueda de la verdad y la justicia se procure también afectar la imparcialidad de los jueces que intervienen en este caso.
A su vez, queremos señalar que la pretensión del ministro Garavano de diferenciar la querella de la Secretaría AMIA de las de los familiares alegando la búsqueda de un perfil “objetivo”, no resiste el menor análisis. Resulta una subestimación ofensiva y sugiere que las querellas de los familiares son “subjetivas”, como si ellos fueran fruto de nuestros sentimientos personales y no de nuestras reflexiones maduras. Como si nos movilizara un primitivo ánimo de venganza y no la aplicación civilizada de la ley y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.
En verdad, esa aludida pretensión del Ministro expone una visión prejuiciosa y retrógrada del rol de las víctimas en el proceso penal y, fundamentalmente, no se corresponde con el testimonio que ha dejado nuestra lucha histórica en este caso.
Justamente, quienes frente a la búsqueda de la verdad y la justicia antepusieron intereses “subjetivos”, personales, económicos, políticos y coyunturales no fueron precisamente las víctimas del atentado a la AMIA. Sino que, por el contrario las actitudes más mezquinas y los hechos más bochornosos de este caso han provenido (y provienen) de funcionarios inescrupulosos de los tres poderes del Estado y de la dirigencia comunitaria judía.
Los familiares que participamos en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA hemos demostrado con creces nuestro compromiso con la verdad y la justicia, compromiso que de ninguna manera autoriza al Estado Argentino a descansar sobre el esfuerzo de los damnificados y justificar un actuar reticente de la Secretaría AMIA, o a tener actitudes que no están a la altura de la responsabilidad que este caso exige.
Sin lugar a dudas, estas maniobras que aquí denunciamos vulneran flagrantemente los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmados en el Decreto Nº 812/05, de garantizar la investigación efectiva del atentado y su encubrimiento, apoyar la investigación y fortalecer el trabajo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El Estado se comprometió también a impulsar como querellante el proceso en el que se juzga el encubrimiento del atentado a la AMIA (cfr. Decreto Nº 229/06).
Es en ese sentido y dada la gravedad de la situación, que denunciaremos estos incumplimientos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Por último, reiteramos nuestro rechazo al proyecto de ley de Juicio en Ausencia, que el Gobierno negocia en el Senado Nacional y que presentó después de meses de tramitarlo en secreto. Lo hace aún conociendo el público rechazo de las organizaciones de familiares de las víctimas del atentado al mismo y de personalidades académicas y jurídicas contrarias a este intento de simular un juicio a iraníes en ausencia de los acusados, de testigos y de pruebas.
El único objetivo de todas estas maniobras es claro: cerrar la causa AMIA de nuevo, inventando otra “historia oficial”.
Justicia, justicia perseguiremos…
MEMORIA ACTIVA