Fuente: Pedro Santander* | Celag
Fecha: 15 de noviembre de 2019
Después de 2.365 heridos/as, 217 pérdidas de globos oculares, 6.000 detenidos/as, 57 agresiones sexuales a detenidas y 4 semanas de las más intensas protestas sociales que recuerde nuestra historia, la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria llegaron, de madrugada, a un acuerdo intentando destrabar la actual situación. Se abstuvieron de firmar el acuerdo el Partido Comunista y una parte importante del Frente Amplio (sólo 3 partidos del FA dieron su firma).
No está claro si así lograrán tranquilizar las calles, pues quienes firmaron son las mismas fuerzas políticas que han sido cuestionadas duramente por el pueblo chileno; son quienes no tienen conexión con el mundo social y su prestigio, según absolutamente todas las encuestas, está por los suelos. Por lo tanto, y todos lo saben, está aun por verse cómo reaccionará la calle.
Lo acordado implica que en abril del 2020 se realizará un plebiscito de entrada que pregunte si se quiere una nueva Constitución y cuál será el mecanismo: ya sea una “convención mixta” (50% de actuales parlamentarios y 50% de ciudadanos) o una “convención constitucional” (léase, Asamblea Constituyente). Luego, en octubre, coincidiendo con las elecciones municipales, se elegirán a los/las asambleístas. Finalmente, en un plebiscito de salida, con voto obligatorio (en Chile el voto es voluntario), se ratificará o rechazará la propuesta constitucional.
Hay sentimientos encontrados en el mundo social, y así lo han hecho saber las y los dirigentes de la Mesa de Unidad Social, organismo que ha liderado el movimiento y que logró, el martes 12 de noviembre, convocar a un exitoso paro nacional. Encontrados porque, por un lado, es indiscutible que por primera vez en la historia de Chile se está ante la posibilidad de elaborar una Carta Magna mediante Asamblea Constituyente (AC); además, la constitución del dictador Pinochet ha sido desahuciada, sin duda, y la nueva será discutida bajo la modalidad de “hoja en blanco”. Esto significa que la vigente Constitución pinochetista no tendrá jurídicamente ningún valor vinculante sobre la discusión constituyente (como al inicio de las negociaciones lo exigía la derecha). También es un éxito lograr un plebiscito de entrada y de salida (la derecha solo quería el de salida).
Sin embargo se trata, sin duda, de un acuerdo con la sombra de la represión militar, hecho a espaldas del pueblo movilizado y del cual no participaron los actores sociales que hicieron posible correr el cerco pinochetista que lastramos desde 1990. Ninguno de ellos y ellas fueron llamados a consulta, a pesar de que fueron quienes hicieron todo posible. Los peores fantasmas de una transición traidora -que la Concertación inició en 1989 cuando dio la espalda al mismo pueblo que derrotó a la dictadura y votó por ella- han comenzado a emerger rápidamente en las redes sociales, en las conversaciones entre amigos, en el rumor social.
Y la desconfianza es mayor si se considera que la derecha logró imponer una condición de triste tradición en Chile: lo que se apruebe deberá serlo por un quórum de ⅔. Este fue, justamente, el meollo del asunto por el cual el Partido Comunista y la mitad del FA no firmaron el acuerdo (ellos pedían 3/5). Porque, de este modo, al igual que como ocurre actualmente gracias a la Constitución vigente, se mantienen un quórum supramayoritario que le da a la derecha un poder de veto inmenso con sólo un tercio de los votos.
El asunto no es menor si, por ejemplo, queremos volver a nacionalizar el agua (100% privatizada en Chile) o los recursos minerales, como el litio: no bastará tener el 65% de los votos ya que la derecha, con un 33%, puede vetar estas y otras iniciativas.
El momento constituyente/destituyente
Nunca está demás recordar que somos el único país del Cono Sur que después de las experiencias dictatoriales del siglo XX mantuvo la Constitución del dictador; Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Ecuador y hasta Paraguay, con la derecha stroessnerista, la cambiaron. En Chile, ya entrando en la segunda década del siglo XXI aún (con)vivimos con el espíritu pinochetista y neoliberal de la Carta Magna, gracias a que los mismos que ayer firmaron su desahucio y que por 29 años estuvieron muy cómodos con ella.
Se inicia, entonces, un momento constituyente en nuestro país que permitirá abordar un problema constitucional objetivo, que la élite quiso desconocer por décadas y al que hoy apuesta como modo de apaciguar la asonada popular. Está por verse si se viene también un momento destituyente, es decir, que se logre destituir verdaderamente el espíritu pinochetista y neoliberal extremista que regula la convivencia social chilena.
Este es el próximo desafío, como también lo es enjuiciar a Sebastián Piñera, el presidente que nos declaró la guerra, por las graves, sistemáticas e inolvidables violaciones a los Derechos Humanos que en estas semanas se han cometido.
(*) Pedro Santander es doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile (Uch). Actualmente es director del Observatorio de Comunicación de la PUCV. Es profesor titular de la Escuela de Periodismo de esa universidad, donde está a cargo…
