Moneda Falsa

Fuente: Horacio Verbitsky | El Cohete a la Luna
Fecha: 07 de OCT 2018

¿Qué hacía Bonadío de sobremesa con Eskenazi en La Pecora Nera?

Las fotos no son de buena calidad y están tomadas desde más lejos que las del encuentro entre Fabián Rodríguez Simón y Martín Irurzun, pero no tienen menos valor. El encuentro ocurrió en el sofisticado restaurante La Pecora Nera, de Recoleta. Los contertulios son el Doctor Glock y el empresario Sebastián Eskenazi.

La semana pasada, el diario La Nación consideró “curiosa” la ausencia de los Eskenazi en la causa de las fotocopias de los cuadernos. La observación pertenece a Carlos Pagni, quien tiene una larga historia de antagonismos con Sebastián Eskenazi y su padre, Enrique, que incluyó filmaciones clandestinas y denuncias cruzadas.

Para la diputada cívica libertadora Mariana Zuvic, “Eskenazi es Kirchner”. Su protectora, Elisa Carrió, afirma que en la nómina de los encuadernados faltan Enrique Eskenazi y Jorge Brito.

En su edición de junio, la revista de negocios Forbes mencionó a Enrique Eskenazi y sus hijos entre las mayores 13 fortunas del país. Sólo son precedidos por Paolo Rocca y familia con 9.700 millones de dólares, Alejandro Bulgheroni, Gregorio Pérez Companc, el desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, Eduardo Eurnekian, la familia Werthein, Edith Rodríguez de Rey (de Pluspetrol), los empresarios farmacéuticos Sielecki, Roemmers, Hugo Sigman y Silvia Gold; Marcos Galperín, Javier Madanes Quintanilla y Jorge Brito.  Con 1.300 millones de dólares, los Eskenazi figuran empatados con los Braun, del Banco Galicia y La Anónima, y por encima de otros 36 potentados. Entre ellos los aceiteros Vicentín y Urquía, Héctor Magneto, Luis Pagani, los hijos de Ernestina Herrera de Noble, los Macrì, Nicolás Caputo, los Born, los Blaquier, los Miguens, Alfredo Coto, Alfredo Román, los Bagó, Marcelo Mindlin, Alfredo Tabanelli, los Garbarino y Amalita Amoedo. El viernes 5, Bonadío indagó a Paolo Rocca, quien negó hasta lo que había admitido en un foro empresarial.

Según Forbes, los Eskenazi ganaron posiciones en el escalafón de las mayores fortunas del país a partir de la década de 1990. “A través de Petersen Inversiones, tiene el 70% del Banco de San Juan, mediante el cual domina otros tres bancos provinciales, entre ellos, el Nuevo Banco de Santa Fe y el de Santa Cruz. A su vez, es dueño de Petersen Thiele & Cruz, la constructora donde mutó de ejecutivo a dueño en los años ’80 y a partir de la cual empezó a construir su actual patrimonio”. La propiedad real de ese conglomerado se discute desde hace exactos 25 años, cuando revelé en un recordado diario porteño que el paquete mayoritario de la constructora había pasado a manos de Laura Sammartino de Dromi, quien contrató luego a los Eskenazi como apoderados para que el cambio de titularidad no fuera evidente.

En su columna dedicada a la causa que Bonadío instruye a la ex Presidente CFK, Pagni mencionó la ansiedad por determinar “dónde está la plata” de las supuestas coimas. Para el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, “Cristina personalmente robó” una suma que estimó en 200.000 millones de dólares, una cifra fuera de escala con la magnitud del Producto Bruto y la totalidad de la inversión en obra pública entre 2003 y 2015, que apenas superó la mitad de esa cifra. La cuenta no cierra, así no se hubiera construido una escuela, un hospital o un kilómetro de ruta y todo el presupuesto hubiera sido apropiado por los gobernantes.

De allí la desesperación de todos los operadores oficiales y oficiosos por encontrar la ya mítica ruta del dinero K, y que una y otra vez se topan con los negocios turbios M. Según Pagni, “quienes pueden saberlo son los Eskenazi, a quienes curiosamente nadie llama”. La columna va más allá y alude a tres fuentes distintas, según las cuales Ernesto Clarens los nombró. Pero alguien que Pagni no identifica dijo: “Si querés no estar preso y aparecer como arrepentido, tenés que sacarlos”. La persuasión fue exitosa, porque como dice Pagni “no figuran los Eskenazi en la declaración de Clarens”. Cómo serán las actuaciones del juez Glock que entre los que se declaran escandalizados está el fiscal Carlos Stornelli, quien se reunió con el periodista de La Nación Diego Cabot primero en un café y luego en su casa. Según dijo Stornelli, desde ese momento de marzo “estuvimos trabajando codo a codo con el juzgado durante tres o cuatro meses”, hasta que Stornelli le avisó por teléfono al periodista colaborador que había llegado el momento de hacer la denuncia de los hechos que él ya conocía. Durante esos meses, tanto el fiscal cuanto el juez dejaron pasar la oportunidad de hacerse de los famosos cuadernos, lo que dio tiempo para que el grafómano del volante los quemara. Esto impide cualquier peritaje que explique las incrongruencias cronológicas de las imágenes escaneadas en La Nación. Ya son dos los empresarios que pudieron demostrar que recién ocuparon años después los edificios donde Centeno dijo haber llevado a Baratta: Sergio Tasseli y Jorge Rodríguez. El Corcho Rodríguez es uno de los íntimos amigos de Sebastián Eskenazi.

Cuando la investigación se hizo pública, el cronista de escándalos Jorge Rial narró dos encuentros de Angelo Calcaterra, uno con su primo el presidente Maurizio Macrì, y otro con el fiscal Stornelli.

En la última semana del año pasado, Juan Manuel Ducler y su abogado Alberto Sánchez Kalbermatten fueron detenidos por intento de extorsión a Sebastián Eskenazi, a quien le pidieron 20 millones de dólares para no revelar información comprometedora. Tal vez no lo era tanto, ya que Eskenazi los denunció, los filmó y les entregó un anticipo en billetes marcados por la policía, por lo cual fueron detenidos y se recuperó el dinero. En libertad a la espera del juicio, Ducler entregó a Bonadío un pendrive con un informe redactado por su padre, el extinto financista Aldo Ducler, en el que acusa a los Eskenazi de una estafa millonaria contra YPF y la Nación Argentina. También apuntaba al ex Presidente Néstor Kirchner, porque decía que los fondos que Santa Cruz recibió por deudas de YPF cuando su privatización, se usaron como respaldo para que los Eskenazi llegaran a tener el 25% del paquete accionario de la petrolera. En mayo de 2017, Papá Ducler había ofrecido a la Unidad de Investigación Financiera información detallada sobre esa operación que considera fraudulenta. Invocó para ello dos artículos de la ley 27.319, de Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos: el 13 establece la obtención de un beneficio económico por el aporte de información y el 14 prevé medidas de protección para salvaguardar la vida y la integridad física del informante y su familia. En este caso, Ducler reclamó el 10% del ahorro que lograría el Estado argentino, dado que los Eskenazi vendieron el derecho a juicio por la expropiación de YPF en 2012. Ducler hizo la presentación el 30 de mayo, y el 3 de junio se desplomó fulminado en la calle por un infarto masivo. Pero cinco meses después su hijo trató de extorsionar a Eskenazi para no difundir lo que decía saber.

Las fotos de la sobremesa en La Pecora Nera son tan explícitas como los tweets de Jorge Rial, que nadie intentó desmentir, por lo cual no requieren comentarios.

Hipnotismo

Ocurre lo contrario con las iniciativas del presidente Maurizio Macrì para hipnotizar a la opinión pública, con imágenes sobre sí mismo y su gobierno que no coinciden en absoluto con la realidad, pero que tienen consecuencias reales. Su anuncio de que se excusa de intervenir en cualquier tema vinculado con el juicio entre su empresa Correo Argentino y el Estado Nacional, la propuesta reforma de la ley electoral para evitar los aportes irregulares, el protocolo anticorrupción para contratistas del Estado, la propiedad de la constructora familiar y el ejército de trolls son apenas los ejemplos más recientes. Esto implica una perversión del lenguaje que contamina el debate político, porque los duros hechos se transmutan bajo esta lluvia de palabras y la realidad pasa a ser un dato accesorio. Veamos cada caso:

1. El Correo

Macrì invocó razones de “decoro, delicadeza y transparencia” para excusarse de intervenir en las actuaciones administrativas vinculadas con su empresa Correo Argentino. Pero lo hizo con casi tres años de retraso, durante los cuales operó en forma abierta en contra del interés público y a favor de la familia.

En 2003 el actual aliado presidencial Gerardo Morales, denunció judicialmente a Macrì por el vaciamiento de la empresa privatizada durante el gobierno de Carlos Menem y estimó el perjuicio al estado en 610 millones de dólares. A seis meses de comenzar la presidencia de Macrì, la empresa presentó una propuesta de pago que fue aceptada por el Estado a través de un funcionario de cuarta línea del Ministerio de Comunicaciones. Consistía en una quita del 98,8% de la deuda. La fiscal de la Cámara de Apelaciones Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó en diciembre de 2016 que la propuesta era abusiva y ruinosa y calculó que el perjuicio para el Estado sería de 70.164 millones al vencimiento de la última cuota, en 2033.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó a Macrì, como jefe y accionista de la empresa, y también al ministro Oscar Aguad ante el juez Ariel Lijo. En una conferencia de prensa, Macrì dijo que había ordenado volver la negociación a fojas cero, es decir anuló todo lo actuado.

El gobierno presionó a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó hasta obtener su renuncia y de inmediato consiguió que su reemplazante interino, Eduardo Casal, separara a Zoni de la causa, mientras desde la empresa y desde la Cámara de Apelaciones comenzaron las tentativas de apartar además a la fiscal Boquín, quien en su dictamen también descubrió que en el concurso de acreedores del Correo, un banco offshore de Odebrecht compró créditos del BID y del Banco Mundial contra el Correo Argentino por 400 millones de dólares, con la expectativa de recuperar sólo 8 millones. Según Boquín, el banco de Odebrecht “ha votado en forma contraria a su interés, por lo que su decisión equivale a la renuncia al cobro de su crédito”. Vale la pena recordar que Odebrecht es socio de Macrì.

Boquín fue víctima de amenazas y atentados. Al mismo tiempo, el diario La Nación publicó una serie de notas sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Lijo, quien fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Cuando parecía al borde de la condena, los representantes de PRO en el Consejo desestimaron la denuncia y la causa penal contra Macrì perdió impulso.

La Procuración del Tesoro debía dictaminar sobre el trámite. Su titular, Carlos Balbín, ya tenía preparado el dictamen contrario a la pretensión de Macrì de licuar esa deuda. El gobierno consiguió su renuncia y lo sustituyó por el abogado personal de Macrì, Bernardo Saravia Frías, quien defiende la posición opuesta. En este contexto, la excusación de Macrì es una burla. Michetti cumplirá ahora la misma función que Carlos Menem le endilgó a su vicepresidente, Eduardo Duhalde, cuando le hizo firmar durante un viaje suyo al exterior el nombramiento en la Aduana de Ezeiza de su cuñado Ibrahim al Ibrahim.

2. El financiamiento de la política

Cuando Juan Amorín descubrió los mecanismos ilegales del financiamiento de las campañas electorales de PRO, el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley electoral. Planteaba la bancarización de todos los aportes, que la ley vigente no impide (de hecho Unidad Ciudadana recibió 98 de cada 100 aportes por esa vía, exactamente al revés que Cambiemos). El proyecto oficial admite los aportes de personas jurídicas, prohibido desde la reforma de 2009 (para lo que importa, empresas privadas) sin control previo o simultáneo, mientras Máximo Kirchner propuso prohibir también los aportes de personas físicas, restringir el financiamiento al Estado y reforzar los controles, incluyendo al Congreso. Ante el rechazo general de los demás partidos, el gobierno aceptó retirar del proyecto la autorización a las personas jurídicas, pero con ampulosos gestos en favor de la transparencia insistió en el resto, es decir aquello que Cambiemos fue la única alianza que eludió.

3. El Protocolo Anticorrupción

El gobierno preparó un protocolo para contratistas del Estado, a fin “de prevenir, detectar y remediar hechos de corrupción”. En realidad debería llamarse protocolo para evitar las consecuencias de la corrupción. Elaborado por la amorosa Laura Alonso, recién se incluyó en un decreto presidencial cuando acogió las condiciones estipuladas por el equipo que Macrì puso a trabajar en el tema, integrado por Saravia Frías, Fernando de Andreis, Guillermo Dietrich y Fabián Rodríguez Simón: que los empresarios encuadernados deban alejarse de sus compañías pero que las constructoras no sean sancionadas y puedan presentarse en nuevas licitaciones. El foro empresarial del G20 hizo saber su contento con esta tangente, porque de otro modo quedarían descalificadas las principales empresas de obras públicas del país. Pero ello entra en colisión con la ley de responsabilidad penal empresaria, sancionada en diciembre y que entró en vigencia en marzo, cuyo articulado responsabiliza a la empresa por la conducta de sus directivos, empleados y terceros que obtengan beneficios indebidos para la empresa e incluye sanciones. Las penalidades son multas de hasta cinco veces la ganancia obtenida ilegalmente por la empresa, la suspensión total o parcial de actividades, la prohibición para participar en concursos o licitaciones estatales, la pérdida o suspensión de los beneficios estatales y la disolución y liquidación de la personería. El ardid encontrado es la irretroactividad de la ley, por más que la Cámara Federal de Casación Penal haya declarado imprescriptibles los delitos de corrupción.

4. Macrì, Calcaterra, Mindlin soterrados

Al asumir, el gobierno hizo saber que Macrì le pidió a su hermano espiritual Nicky Caputo que no se presentara a nuevas licitaciones y a su primo material Ángelo Calcaterra que vendiera la constructora familiar que supuestamente conducía. Meses después se anunció que se había concretado la venta a los hermanos Mindlin, por una suma equivalente a la que Marcelo Mindlin blanqueó gracias a la ley Macrì. Marcelo es el más íntimo amigo de Gianfranco Macrì, otro blanqueador récord.

Pero el dictamen firmado la última semana por el fiscal Franco Picardi, que me facilitó mi colega Ari Lijalad, consigna que la venta fue simulada y que Calcaterra y Mindlin son socios en una compañía offshore establecida en el estado norteamericano de Delaware, que es accionista de SACDE (el nombre con que renació IECSA, para que se perdiera mejor el rastro, una costumbre inveterada de los Macrì en sus negocios en todo el mundo).

Lijalad sintetizó así el impresionante entramado societario, típico de las operaciones de lavado de dinero y ocultamiento de identidad: “En 2007 IECSA tenía dos tipos de accionistas. Por un lado, los mayoritarios, que eran ODS y el propio Calcaterra. A su vez, ODS estaba integrada por Calcaterra y Latina Infraestructura Ferroviaria e Inversiones (Latifer). Latifer es una empresa del grupo italiano Ghella, otro de los socios en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Por otro lado, los socios minoritarios eran de nuevo Calcaterra y Latifer. En criollo, Calcaterra participaba en IECSA por 3 vías distintas. Por su parte, Latifer lo hacía por 2 vías, por su participación en ODS y como minoritario”. El 5 de mayo de 2016 se anunció que Calcaterra encomendó al banco de inversión internacional MBA-Lazard realizar la venta. Pero eso era falso. Dos días antes se había creado, en Delaware, Emes Energía Argentina LLC. El dictamen de Picardi consigna que integraron su directorio Calcaterra, Damián Miguel Mindlin, Raúl Warat, Santiago Ramón Altieri y Ghella Spa. Emes (¿un nombre que alude a los Macrì?) le compró ODS a Latifer (formada por Calcaterra y la misma Latifer). ODS controlaba a IECSA. Agrega que Emes constituyó un usufructo de los derechos derivados de su calidad de socio en favor de Marcos Marcelo Mindlin.

El dictamen de Picardi comprueba lo que revelé en la nota Alternativas el 22 de noviembre de 2009, en Página/12que Franco Macrì acusaba a sus hijos Maurizio y Gianfranco de haberlo despojado de su holding y afirmaba que también Ghella les pertenecía. En la actualidad, luego de sucesivos pases de manos, el soterramiento del Sarmiento quedó a cargo de “Ghella spa-Sacde Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA-Consorcio G&S-Unión Transitoria”, donde Ghella tiene el 71.11% de las acciones y Sacde el 28.89%.

El 15 de octubre de 2017 agregué (en mi nota Apotegmas) que las primeras actividades de Macrì como Presidente fueron un viaje a Brasil, donde gestionó un crédito del BNDS para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, y la recepción en Buenos Aires al primer ministro italiano Mateo Renzi, a quien llevó a ver esa obra. Como los brasileños no concedieron lo solicitado, Macrì otorgó por decreto 45.000 millones de pesos al consorcio, cuando la concesión original decía que el contratista debía aportar el financiamiento.

Picardi concluye que pese al cambio de nombre de la compañía y de las transferencias del paquete accionario, “los accionistas y las personas físicas detrás de las estructuras societarias señaladas, seguirían siendo las mismas”, a lo que atribuye la constitución de la sucursal argentina de Ghella Spa, que en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias consignó la misma sede social (Manuela Sáenz 323 Piso 8 of. 801) y el mismo contador (Mario Pablo Moreno) que IECSA. Su investigación incluye un cuadro en el que se ilustra este juego de cajas chinas con que los Macrì intentan que se pierda el rastro de sus trapisondas. Sánchez Caballero, Altieri y Garrone son viejos colaboradores de los Macrì.

 

El control de Calcaterra sobre ODS había sido anticipado hace veinte meses por el blog El Disenso, que reprodujo una comunicación a la Bolsa de Comercio sobre el paquete accionario, así constituido:

El viernes 5, por si quedara alguna duda, el jugador en equipo Leandro Cuccioli, Administrador Federal de Ingresos Públicos, despidió al titular de la Dirección General Impositiva, Horacio Castagnola, quien acababa de presentar una denuncia penal contra IECSA. Como indica el manual, el cambio se presentó como una renovación generacional y parte de un plan de tecnificación. El despido de Castagnola, sobrino de Graciela Fernández Meijide, designado en la DGI a pedido del líder radical Ernesto Sanz, llegó a la portada de Perfil el sábado 6. Emilia Delfino agrega que junto con Castagnola, Cuccioli (en italiano, cucchioli significa perrito faldero) desplazó a Jaime Mecikovsky y Carlos Bo, que según Elisa Carrió garantizaban “el avance contra la impunidad”. Mecikovsky era el abastecedor de información confidencial de las diputadas Margarita Stolbizer y Elisa Carrió.

El doctor Glock sobreseyó hace un año a ambas heroínas republicanas, a Castagnola y a Mecikovsky, aunque durante los allanamientos se encontraron carpetas oficiales e información confidencial en computadoras personales, cuya finalidad no es obvia. En la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de la AFIP queda registro de cada consulta a las bases de datos, que sólo puede hacerse con claves específicas de seguridad. Esa práctica tiene al menos tres décadas, cuando los jóvenes renovadores que llegaron con Raúl Alfonsín para cambiar la política descubrieron que antes debían financiarla.

Mecicovsky alegó que esa información fue plantada durante el allanamiento. Carrió dirigió una carta abierta a Macrì titulada “No volvamos al pasado”, en la que afirma que celebró la alianza con PRO con la condición de que Cambiemos fuera “el fin de la corrupción y la impunidad para siempre”, pero que hay “un sector del gobierno que por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena”. Lo hizo en respuesta al ministro de Justicia Germán Garavano, quien se sumó a los reparos de su asesor Ricardo Gil Lavedra sobre el uso que se está haciendo de la ley del arrepentido y de la prisión preventiva. Gil Lavedra no teme la contradicción: como abogado de Gerardo Morales defiende la prisión preventiva de Milagro Sala, que el emblemático 12 de octubre cumplirá 1.000 días privada ilegalmente de su libertad, la primera presa política del globismo.

Para marcar la fecha, el Frente Milagro Sala por el Trabajo y la Dignidad realizó un video que comenzó a distribuirse hace unas horas.

Y el mismo 12 de octubre se estrenará el documental Milagro, codirigido por Cynthia García y Martín Adorno.

La cesantía de Castagnola demuestra que no es “un sector del gobierno”, como finge Carrió, sino aquellos que responden en forma directa al capobastone Macrì. Su preocupación no es CFK, como simulan, sino Paolo Rocca, el primo Angelo y los demás constructores extorsionados por el doctor Glock.

5. El ejército de trolls

Durante el informe mensual de Marcos Peña Braun en la Cámara de Diputados, la jefa del bloque renovador, Graciela Camaño, lo acorraló con un aluvión de datos provenientes de la investigación “Troll-Center de Cambiemos. Una mirada a la industria del escrache”.

En la misma sesión el diputado kirchnerista Juan Cabandié denunció que entre 2010 y 2015 la Secretaría de Contenidos y Marcas de la CABA, dependiente de Peña Braun, pagó dos millones de dólares a Cambridge Analytica (la consultora especializada en la manipulación y la falsificación de datos para dirigir el voto en determinada dirección) y que lo hizo a través del publicista de Peña Braun, Joaquín Mollá. Cabandié dijo que se sumaron dos millones de pesos durante el 2015 en pleno período electoral. El diputado cívico libertador Fernando Iglesias corrió a abrazar al jefe de gabinete. Fue abucheado por eso, pero al salir a la calle la pasó peor y debió correr para ponerse a salvo de personas en actitud amenazante.

Cuando está guionada y editada, la gobernadora María Eugenia Vidal es un encanto.

6. Gases tóxicos

Complacido en su realidad propia, Macrì resolvió descargar en los consumidores de gas el peso de las devaluaciones de abril y septiembre, para compensar a las compañías. Además del aumento del 35%, habrá que transferir a las compañías gasíferas 10.000 millones de pesos en cuotas prorrateadas a lo largo de dos años. ¿Hace falta recordar que las más notorias pertenecen a Nicky Caputo, Marcelo Mindlin y Paolo Rocca?

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