Un tribunal moldeado por el Gobierno

Fuente: Irina Hauser | Página 12
Fecha: 20 de JUN 2018

Con la lógica de facilitar el armado de tribunales a medida que les inspiren confianza a la DAIA, al Gobierno y la derecha internacional, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal decidió apartar a la jueza Sabrina Namer y evitar su intervención en el juicio oral por el Memorándum con Irán, que se basa en la denuncia que hizo Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y otras personas por supuesto encubrimiento de los iraníes sospechosos del atentado a la AMIA. Namer fue recusada por la entidad judía y familiares de las víctimas después de resolver junto con su colega María Gabriela López Iñíguez la excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Jorge Kalhil. Antes de eso, cuando fue designada para el caso, nadie la cuestionó. Sin embargo, el argumento oficial fue que había intervenido ya como fiscal en la Unidad AMIA y eso impedía tener garantías de su futura imparcialidad. Los jueces Juan Gemignani y Gustavo Hornos abonaron ayer esa teoría. Mariano Borinsky votó en disidencia y la respaldó. Namer siempre sostuvo que la investigación del atentado y la de un supuesto encubrimiento son causas separadas, y que ella nunca se pronunció ni investigó el memorándum. Algunas de las defensas analizan llevar la discusión a la Corte Suprema. Igual todo indica que, mientras tanto, se sorteará un nuevo juez o jueza para integrar el tribunal de juicio.

El Gobierno ya había mostrado de manera explícita su interés en tener un tribunal afín para esta causa y otras contra CFK, cuando logró conformar y designar a dedo, a través de su mayoría en el Consejo de la Magistratura, al Tribunal Oral Federal 9 (TOF9). Fue tan irregular el procedimiento, que la Corte Suprema lo frenó con una acordada. Pero no era la primera señal de interés e intromisión del Ejecutivo en este caso: como muestran actas de la DAIA presentadas por la defensa de Héctor Timerman, ya en 2016 esa entidad y el propio presidente Mauricio Macri se reunían para hablar sobre la “estrategia” en todas las causas vinculadas al caso AMIA. El recorrido que hizo el expediente de la denuncia de Nisman, a partir de que el primer juez, Daniel Rafecas, estableció que no había delito (lo que fue avalado por la Sala I de la Cámara Federal) mostró que el objetivo primordial era conseguir jueces que mantuvieran viva la causa hasta llevar a juicio a CFK, sus ex funcionarios y otros personajes laterales. Es lo que se suele llamar “forum shopping”, elegir un tribunal conveniente. Para ese entonces, por si acaso, la dirigencia judía había logrado una causa paralela por “traición a la patria”. Todo quedó en manos de Claudio Bonadio, que ordenó detenciones y mandó el caso a juicio oral.

Cuando no pudo prosperar el TOF9 armado por el Gobierno, fue sorteado el TOF8, que quedó a cargo de juzgar la causa del Memorándum. Sus integrantes son Namer, López Iñíguez, Nicolás Toselli, aunque este último se excusó desde el principio y fue designado José Antonio Michilini. Ninguno fue cuestionado por las partes, hasta después que las jueza decidieron dejar en el liberta a Zannini, D’Elía y Kalhil, mientras que a Fernando Esteche lo dejaron detenido por otras causas. El fallo de ayer de Casación tiene argumentos y planteos sorprendentes. Gemignani y Hornos coinciden en la presunción de que las querellas pueden dudar de la imparcialidad de la jueza, que fue integrante de la UFI AMIA después de la muerte de Nisman, que es la unidad que investiga el atentado ocurrido en 1994. El Código Procesal Penal establece en el artículo 55 una lista de causas específicas para apartar a un juez, pero ambos jueces de Casación decidieron flexibilizar el criterio. Gemignani sostuvo que no se pueden separar los expedientes sobre el atentado y los que tengan que ver con otras maniobras posteriores. Pero no contempló, por ejemplo, que nunca se declaró la conexidad de los distintos expedientes, porque –además– como es evidente, son hechos bien distintos. Gemignani acusa a Namer de “desconocer que entre el hecho principal y su encubrimiento existe una relación tan íntima” y que actuar en uno “le impide actuar en el otro”.

Con ese criterio, no se entiende por qué fue avalado en su momento Bonadio para continuar con la causa “por traición al a patria”, dado que había intervenido durante cinco años en el expediente sobre irregularidades, del que incluso fue apartado por cajonearlo. Tampoco queda claro por qué podría intervenir Hornos en el propio fallo de ayer, dado que fue fiscal en los inicios de la investigación del atentado. A la hora de fundamentar, Hornos dijo que la participación de Namer “no permite brindar garantías suficientes de imparcialidad para las partes” porque ya estuvo implicada en el tema y eso es “incompatible con la posición de neutralidad”.

El voto de Gemignani tiene un agregado que causó estupor en tribunales: dijo que el Consejo de la Magistratura debería investigar a López Iñíguez, a Michilini y a la propia Namer porque al rechazar la recusación, según su punto de vista, “evidenciaron desconocimiento del derecho”. Agrega que en el Consejo, Luis Cabral (consejero juez) debería excusarse porque intervino como subrogante en una resolución que sellaba el cierre de la causa que estaba a cargo de Rafecas, porque había desistido el fiscal de Casación, Javier De Luca, quien coincidía en que no había delito. Que el Memorándum no podía ser delictivo, que fue aprobado por el Congreso, que no se aplicó, y que jamás estuvieron en peligro de levantamiento las alertas rojas que pesan sobre los iraníes. Junto con Cabral, firmaron Ana María Figueroa y el propio Hornos. No tenían otra opción que cerrar la causa. Pero Gemignani también le reprocha a Cabral que pese a esta intervención, después no se excusó en el Consejo a la hora de analizar una denuncia contra Rafecas.

De casualidad, no denunció también a Borinsky, que ayer firmó en disidencia. Este juez señaló puntos clave: que nadie objetó en un comienzo a Namer sino después de las excarcelaciones; que las excarcelaciones quedaron firmes, y tampoco fueron cuestionadas; una cosas es el expediente sobre el atentado a la AMIA y otra es el del Memorándum, tramitan separados, en tribunales distintos, no hay conexidad declarada y la Corte ya refrendó que son causas distintas. Namer solo intervino en AMIA, nadie pudo demostrar que haya tenido actitudes o pronunciamientos que hagan suponer que no será imparcial sobre el Memorándum.

Cerca de la ex presidenta Cristina Kirchner calificaron el fallo como “un escándalo sin precedentes porque quieren crear un tribunal ad hoc para juzgarla a ella, tribunales a medida como en el ‘55”. Su abogado, Roberto Boico, dijo que por “todos lados la resolución es escandalosa y desintegra un tribunal que fue sorteado sin objeciones”. El abogado de Oscar Parrilli, Aníbal Ibarra, es uno de los que analiza plantear un recurso extraordinario para llegar a la Corte porque “afectan la garantía de juez natural, que es un derecho constitucional”. “El de Casación es un fallo político –señaló Ibarra–, en una causa inventada donde han puesto jueces por la ventana y sacado a otros sin motivo. En el caso de Namer, el verdadero motivo es que firmó las excarcelaciones y no les daba seguridad en su objetivo de que se condene a la ex presidenta, no les parecía confiable por eso”. Alejandro Rúa, que defiende a Héctor Timerman junto con Graciana Peñafort, señaló que “la decisión sobre Namer no es más que  la continuación de un proceso que se inició con la asunción del actual gobierno, que procuró apartar a todos aquellos jueces y fiscales que tenían una posición desincriminatoria o que podían tratar este caso  su relativa independencia, para reemplazarlos por otros que estuvieran decididos a llevar adelante la persecución penal  y la condena sin ningún miramiento. Así va a transitar este caso, hasta que pueda ser desactivada la maniobra”.

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