Fuente: Jorge Elbaum | El Cohete a la Luna
Fecha: 19 de MAY 2018
El domingo 20 tendrán lugar las elecciones presidenciales en Venezuela. El proceso electoral se ha desarrollado en el marco de una feroz ofensiva de Estados Unidos para quitarle legitimidad, deteriorar su economía —a través del bloqueo económico y el ahogo financiero— y amenazar su soberanía mediante provocaciones militares fronterizas. Los candidatos que disputan la presidencia para el periodo 2019-2025, son cuatro: Nicolás Maduro, Henri Falcón (propuesto por una alianza compuesta por Avanzada Progresista, Copei y el Movimiento Al Socialismo, MAS). El tercer candidato es el pastor evangélico Javier Bertucci (Esperanza por el Cambio). Cierra la lista Reinaldo Quijada (Unidad Patriótica Popular).
El resto de los partidos opositores se sumaron a un boicot promovido desde Washington y Miami, pese a que todos sus referentes habían llegado a un acuerdo político de participación en las elecciones con el MUD (Mesa de Unidadad Democrática), como resultado de acuerdos políticos alcanzados bajo la mediación del ex jefe de gobierno español José Luis Zapatero. Fue este último quien informó a los medios, mediante una carta pública, el 7 de febrero de 2018, mostrando su sorpresa y desazón frente al abandono de las conversaciones de Santo Domingo, en las que se debatían los formatos de participación electoral y se había alcanzado un principio de acuerdo de todas las partes. En aquella ocasión Zapatero señaló que: “De manera inesperada para mi, el documento no fue suscrito por la representación de la oposición”. A última hora, los referentes del MUD habían sido comisionados desde Miami –específicamente a través de integrantes del staff del senador Marco Rubio— para evitar cualquier compromiso con el chavismo. Frente a esta certidumbre, Rodríguez Zapatero señaló en su carta pública dirigida a la comunidad internacional: (…) Es por ello que le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el gobierno [de Maduro] se ha comprometido a respetar escrupulosamente lo acordado”.
El MUD no suscribió los acuerdos de Santo Domingo porque el gobierno de Trump y su encargado de monitorear las políticas de América Latina –Marco Rubio— lo impidieron, exigiendo a sus líderes el abandono de las conversaciones so pena de limitar o suprimir el financiamiento otorgable a la oposición al chavismo, a futuro. El MUD está conformado por los partidos Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia y desde esa renuncia se sumaron a la tarea de deslegitimar el proceso electoral, llamando al boicot de las mismas.
Las elecciones de este domingo están enmarcadas en una guerra no convencional entablada por las compañías petroleras, las elites económicas de Caracas articuladas con corporaciones trasnacionales —gran parte de ellas refugiada hoy en Miami—, el Comando Sur del Pentágono y el Grupo de Lima, integrado por países miembros de la OEA a instancias de Estados Unidos. Uno de los voceros y activistas de este grupo es Mauricio Macri, quien ha repetido en los últimos meses que no reconocerá el resultado de las elecciones. Mas de 20 millones de electores están convocados a sufragar en el marco de una situación económica crítica que incluye hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, cortes de agua y luz, migraciones hacia países vecinos y altas tasas de delincuencia persistentes. Estos penosos desajustes son parte de una estrategia liderada por el Pentágono, cuyas especificaciones tácticas han sido filtradas en 2012. Se trata del Manual de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales, conocido como TC-1801, inscripto en la doctrina de Guerra No Convencional del Departamento de Estado. [1]
Guerras No Convencionales
Esa guía de acción operativizada –entre otros destinatarios— contra la República Bolivariana de Venezuela, dice textualmente: “Las intenciones en los esfuerzos de guerra no convencional de los Estados Unidos buscan explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil, mediante el desarrollo y el sostenimiento de fuerzas de resistencia que cumplan con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos”. [2] Eso supone tanto la “producción de fragilidad” como el aprovechamiento de las debilidades endógenas del país a ser atacado. Hugo Chávez fue el iniciador, dentro de América Latina, de una oposición frontal al neoliberalismo, con posterioridad a su implantación a sangre y fuego con el golpe de estado contra Salvador Allende en 1973. Su liderazgo motorizó proyectos de integración regional y el acompañamiento del “No al ALCA” en conjunto con Néstor Kirchner, Lula y Evo Morales en 2005.
Esa Guerra No Convencional (GNC) incluye aspectos políticos, mediáticos, jurídicos, económicos y financieros. Uno de sus soportes es el que cuestiona el sistema electoral que llamaron a boicotear. Sin embargo, las razones institucionales no parecen ser de fondo a la hora de cuestionar a Caracas e intentar incluso (frustradamente) su reciente expulsión de la OEA. La preocupación de Estados Unidos sobre el sistema electoral de Venezuela no parece ser compatible –por ejemplo— con los cuestionamientos dirigidos a sus aliados de las autocracias teocráticas del Golfo Pérsico donde no abundan los modelos de representación política, desde hace casi un siglo. Ese rasero no se hace visible frente a los sistemas institucionales de los países cuya estructura y fortaleza militar generan respeto, como es el caso de la República Popular China. Tampoco, frente a ninguna de las dictaduras sangrientas (presentes y pasadas) con las que Washington ha entablado beneficiosas relaciones económicas, políticas y diplomáticas.
El Departamento de Estado nunca ha solicitado la expulsión de la OEA del Chile de Pinochet, de la Argentina de Videla, ni de la Guatemala de Efraín Ríos Montt, donde se asesinaron a 200.000 personas, mayoritariamente integrantes de pueblos originarios. El Departamento de Estado monitorea los sistemas políticos de acuerdo con el beneficio o perjuicio para sus intereses estratégicos y geopolíticos. En ninguna ocasión han juzgado un sistema sobre la base de meros parámetros institucionales, basados en el derecho local o internacional. El problema de Washington con Caracas no es de representaciones o de votos. Es de políticas emancipatorias que desafían los intereses que Estados Unidos considera parte de su patio trasero.
La doble vara queda en evidencia cuando ningún medio de comunicación ni foro ni think tank se aviene a reflexionar o cuestionar ninguno de los sistemas de representación de los países aliados a Estados Unidos. Ni siquiera el transitado por Washington: en las dos últimas elecciones estadounidenses el vencedor obtuvo dos millones de votos menos que quien fue derrotado. Trump perdió las elecciones con Clinton pero la geometría electoral de ese país titula como democrático ese sistema, sin que ningún tribunal internacional se atreva a cuestionar ese modelo, destinado a favorecer a los sectores más conservadores de esa sociedad. Lo que parece estar en juego es el concepto de soberanía de los Estados que no se someten a las reglas impuestas. Según Julio Escalona, “esta es una geopolítica que no sólo se propone reconfigurar y recolonizar el mundo derrocando gobiernos, asesinando líderes sociales y políticos como se hizo en el pasado (…) se va haciendo enemigo de los estados soberanos, que han establecido fronteras propias y han creado una sólida cultura nacional vinculada a la existencia de fronteras identitarias de carácter histórico. [3]
La GNC contra Venezuela incluye un virtual bloqueo económico-financiero que ha generado escasez de alimentos, medicinas e insumos para la modesta industria caribeña. Dos meses atrás, Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos por Venezuela, pidió que cese la persecución financiera y económica desatada por Estados Unidos, debido a que está afectando a los sectores más vulnerables, limitando el derecho a la alimentación y a la salud. Como ejemplos concretos de esta asfixia premeditada, el funcionario de las Naciones Unidas señaló que las sanciones han impedido que la empresa internacional BSN Medical (especializada en insumos médicos), cancelara la venta de los fármacos para tratar los casos de malaria en el país. Devoe sumó la denuncia del congelamiento –por parte de la financiera Euroclear— de 1650 millones de dólares dispuestos por el gobierno de Maduro para la adquisición de alimentos. También hizo mención al estancamiento en un puerto europeo de 300.000 dosis de insulina, dada la negativa del Citibank a recibir los fondos que el país sudamericano había depositado para pagar la importación de ese cargamento necesario para los pacientes de diabetes. [4] Solo en noviembre de 2017 se han cancelado 23 operaciones de pago por 39 millones de dólares en alimentos, porque bancos intermediarios de proveedores no querían aceptar recursos de Caracas.
Asfixia desde Washington
La caída internacional del precio del petróleo contribuye al aumento del endeudamiento, producto de usurarias tasas de interés regidas por los guarismos generados por las agencias de calificaciones aliadas al ahogo económico-financiero. En los últimos cuatro años Venezuela ha pagado 73.000 millones de dólares sin saltarse ningún vencimiento. Sin embargo el riesgo país se ha acrecentado con el objetivo de originar restricciones crediticias. Trump ha decretado varios instrumentos operativos de persecución financiera que le han impedido la realización de compras y de pagos, incluso de materiales quirúrgicos que suponen la pena de muerte para pacientes.
Esta ofensiva de cerco, que incluye sabotaje para la distribución de los productos básicos, se hace posible en una economía dependiente de las importaciones y de la moneda de transacción habitual para las mismas. Además, la restricción económica es el resultado de una baja internacional en el precio del petróleo, primer producto de exportación del país. Durante el año 2016, el país dejó de percibir 60 % de sus ingresos, en comparación con el año 2015. Este es el contexto en el que el Departamento de Estado pretende profundizar una campaña de desestabilización, sumada a amenazas de injerencia. A principios de agosto de 2017, Donald Trump afirmó que Venezuela debía ser invadida. El 8 de agosto se conformó el denominado Grupo de Lima ( Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) para cumplimentar los pedidos de Estados Unidos. El 14 de agosto de ese mismo mes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, sugirió la necesidad de aislar al gobierno de Maduro.
En febrero de 2018 el jefe del Departamento de Estado, Rex Tillerson, realizó un viaje para garantizar que el dirigente Chavista no estuviese presente en la VIII Asamblea de la OEA. Un mes después el titular del Comando Sur, el almirante Kurt Tidd visitó la frontera de Colombia con Venezuela en momentos que se desarrollaban confusas situaciones delictivas y acciones de “falsa bandera”. En la Asamblea de la OEA en Lima, Washington promovió sin éxito la expulsión de la República Bolivariana. Después de esta ofensiva se hace comprensible la sensación de frustración de quienes esperan la suspensión de las elecciones o una guerra civil al interior de Venezuela. Más aún cuando, como lo señala Paula Klachko, aparece en el horizonte un “cambio de curva” que se relaciona con “la recuperación del precio del petróleo y la baja de obligaciones de pago de la deuda externa en 2018. A diferencia del año anterior en el que se mantuvieron bajos los precios del crudo (es la primera vez en la historia que el petróleo baja por 5 años consecutivos) y muy altas las obligaciones de la deuda”. [5]
El neoproteccionismo aislacionista de Trump, sumado a su permanente pérdida de influencia en el contexto internacional (evidenciada en la continuidad del tratado de la República de Irán con los países europeos, más Rusia y China), supone al mismo tiempo un peligro y una oportunidad. Peligro de bravatas militares imprevisibles y oportunidades de autonomías (políticas), relativas y crecientes, en el marco de un mundo cada vez más multipolar, que empieza tímidamente a renegar del liderazgo del dólar, y de la imprevisibilidad de un magnate devenido en político.
[1] http://www.jornada.unam.mx/2014/05/12/opinion/023a1pol
[2]. Serafino, Wiliam y Vielma, Franco. La guerra económica y financiera contra Venezuela. Radiografía de un país bajo asedio. Página 17.
[3]. Escalona, Julio: Geopolítica del caos planetario Mimeo, 9 de marzo de 2018.
[4]. http://www.americanpost.online/2018/02/28/onu-pide-el-cese-de-la-persecucion-financiera-a-venezuela/
[5] Klachko, Paula: La lucha de clases en Nuestra América: Venezuela en el ojo de la tormenta.
