Fuente: Jorge Elbaum | Nuestras Voces
Fecha: 02 de NOV 2017
Un 60 por ciento de los argentinos votó en la última elección contra las políticas de la Segunda Alianza, conformada por el PRO y el radicalismo que “baja las banderas”. A pesar de este guarismo potencialmente incómodo –e incluso explosivo–, los CEOs de Cambiemos han decidido redoblar sus esfuerzos por volver a convertir a nuestro país en un centro exportador de materias primas, complementado con un territorio fértil para un mercado de capitales “golondrina”, apto para la obtención de gigantescas rentas financieras: también como una geografía para inversiones gananciosas garantizadas con costos laborales mezquinos. Los tres objetivos coinciden con las exigencias del tipo de globalización neoliberal suscripta y exigida por las metrópolis internacionales y sus organismos multilaterales.
Este es el objetivo que Macri intentó exponer el último lunes 30 de octubre frente un conjunto de invitados escogidos para legitimar el relanzamiento del programa de la derecha argentina, redefinida desde 1975 hasta la actualidad, pero partícipe de un mismo patrón de jerarquización social. La escena grandilocuente fue planificada con altisonancias mediáticas y su eje central fue quebrantar la resistencia del mundo del trabajo. Los accionistas y gerentes de las empresas monopólicas, trasnacionales y financieras, que hoy controlan la administración del Estado, han asumido la moderada victoria electoral como una nueva oportunidad para darle continuidad a la tarea iniciada por Celestino Rodrigo, Martínez de Hoz, Sourrouille y el menemismo, consistente básicamente en quebrar la tenacidad de los sectores laborales, opuestos a primarizar la economía e insertarla en la globalización financiera y trasnacionalizada.
El contenido central del discurso de Macri el lunes último fue exponer el cambio de matriz de distribución del ingreso en favor de los empresarios, con el pretexto de la competitividad generada por los salarios (de los trabajadores) de los países emergentes. Las baterías de medidas anunciadas han sido promovidas y aprobadas por organismos como el FMI y los mercados financieros, porque básicamente buscan reconvertir a los trabajadores locales en sujetos privados de los derechos conquistados desde 1930 hasta la actualidad. El modelo de “apertura al mundo” del neoliberalismo no supone una incorporación de tipo industrial, ni basada en la sustitución de importaciones, y/o en la ciencia y en la tecnología. Pretenden una “competitividad” de salarios bajos, y una “complementariedad” con los países centrales –prometedores de inversiones– con fuerza de trabajo (asalariada) peor paga, con menos derechos, con menor formación profesional y, por lo tanto, menos “costosa”.
El componte básico para beneficiar a los sectores más acaudalados de una sociedad son la generación de desocupación, la caída de los salarios, la precarización y el disciplinamiento –o la compra– de los sindicalistas para que sus referentes pierdan –o limiten– su capacidad de respuesta frente a toda ofensiva empresarial. Las medidas específicas anunciadas en el marco de una espectacularización de la (pseudo) franqueza y con cuidados aditamentos de evangelización esperanzadora son:
- La disminución de lo que los CEOS designan como “costo laboral”, para convertirlo en “competitivo” en relación comparativa a países menos desarrollados del mundo, que –obviamente– carecen de sindicalización y se capitalizan sobre la base del trabajo deshumanizado y precarizado.
- Destruir el entramado jurídico-laboral que morigera la capacidad de los sectores empresarios para contratar, despedir, flexibilizar e indemnizar. Esto incluye tanto al foro laboral –histórica y mayoritariamente comprometido con los derechos de los trabajadores– como a los abogados laboralistas, asiduos encargados de defender a los asalariados. Lo que Macri denomina “industria” de los juicios laborales ha sido el retén jurídico ante el que la mezquindad empresaria tuvo que negociar despidos, indemnizaciones y la salvaguarda de derechos sociales conquistados.
- Reducir las jubilaciones en un 30 por ciento –mediante el revalúo del cálculo–, para subsanar el déficit (producto de la baja de las retenciones, la caída en la tributación y el creciente endeudamiento externo).
- Achicar el Estado –sobre todo en su sector operativo, no en sus niveles de dirección, subsecretaría y secretaría– con el objeto de limitar la capacidad de movilización de los gremios ligados a ATE, que han sido los más fuertes oponentes al desguace de los programas orientados a los sectores más vulnerables. Y reducir el Estado, además, para que sus recursos sean utilizados o cooptados por el mundo privado.
- Reducir la alícuota de ganancias para los empresarios que reinviertan utilidades, es decir, sus ganancias en su empresa. Este beneficio potencial supone caída en la recaudación impositiva y refuerza la inercia del achicamiento estatal propuesto por los CEOS.
- Disminuir las multas que el empresario abona cuando no registra trabajadores: dichas multas deben ser hoy garantizadas a los asalariados mientras que el macrismo propone que se reorienten a la seguridad social.
- Indultar, amnistiar –es decir, “blanqueo”– a todos los empresarios que no hicieron aportes sociales a sus empleados. Esta medida contribuye a desfinanciar el sistema jubilatorio, contribuyendo a legitimar delitos empresarios contra la seguridad social.
- Desfinanciar el sistema de obras sociales sindicales mediante la reducción de aportes patronales y el achicamiento de las coberturas dispuestas hasta el día de hoy dispuestos por el PMO (Plan Medico Obligatorios)
- Apertura de la posibilidad del empresariado para modificar las formas y modalidades de trabajo, incluyendo los horarios de revista, el no abono de horas extras y la reducción del cálculo indemnizatorio. A esto se le suma la creación de prácticas laborales para jóvenes –situadas para aumentar el “ejercito de reserva” (cantidad de desocupados) que sean capaces de aceptar trabajos con salarios miserables– para que el resto de los trabajadores se vean en la encrucijada de ingresar con remuneraciones “competitivas” (más bajas), equivalentes a las aceptadas por los jóvenes. El plan “laboral” incluye, por último, la habilitación discrecional del ministerio de trabajo para suspender gremios y sindicatos.
Todas estas medidas, algunas anunciadas por el presidente y otras por las carteras de Trabajo y Hacienda, son parte del programa que el neoliberalismo dispone para los países que se integran “pasivamente” a la globalización. Esta complementación marginal con los países desarrollados exige las políticas enunciadas por Cambiemos. El reverso de la trama supone un modelo de integración “activa” basada en el desarrollo del mercado interno, un Estado fuerte y activo, la permanente y creciente sustitución de importaciones, el sistemático incremento del salario, la oferta de créditos accesibles para las pymes y el establecimiento de un sistema financiero al servicio de la producción y no de la “bicicleta financiera”.
El disfraz del discurso macrista es la modernidad y la necesaria prevalescencía del sector privado sobre el público, cuando todos los ejemplos de desarrollo internacional muestran exactamente lo contrario. Dos modelos enfrentados. Uno que proviene de la lógica rentista de los “unitarios” que fue legitimada por a la generación del ochenta haciendo de la Aduana su negocio de privilegios exportadores. La otra, nacida con la necesidad de sobrevivencia de las economías regionales y continuada con los procesos migratorios que ganaron las primeras pequeñas industrias. Las primeras, aliadas hoy a las trasnacionales y los mercados financieros, legitimados por el paragua ideológico del neoliberalismo, que quiere acoplarse a las demandas expoliadoras de los países centrales, exigiendo precarización y reducciones salariales como extorción para inversiones que nunca llegan. Los segundos, resistiendo desde hace doscientos años las imposiciones –con derrotas y victorias– y tratando de integrarse regionalmente en América Latina, construyendo modelos soberanos de desarrollo autónomo.
José de San Martín y Bernardo O´Higgins fueron dos de los fundadores de la Logia Lautaro que tuvo desde sus inicios el objetivo de la independencia de América Latina. El nombre de Lautaro fue instituido en homenaje al cacique mapuche Toqui, que se enfrentó a Pedro de Valdivia durante parte del siglo XVI. Lautaro y sus descendientes mantuvieron la independencia de la Araucanía hasta 1860 cuando en Chile y en Argentina sendas “campañas al desierto” lograron suprimir su autonomía, a sangre y fuego. Lautaro había sido criado y cristianizado por españoles. En su juventud decide abandonar la casa de los conquistadores para liderar a los mapuches y enfrentar a los conquistadores. El resentimiento de Lautaro se basaba la estupefacción que le generaba la atracción desesperada por el oro y las riquezas materiales que tenían los invasores, y –simultáneamente– el desprecio por las mujeres y hombres humildes. Cuando en 1553 Lautaro enfrenta a Valdivia y lo vence –cuenta la leyenda– decide que ingiera polvo de oro hasta su muerte, para pagar el sufrimiento que ese mineral había generado entre su pueblo. Ese Lautaro es quien San Martín eligió como divisa para liderar un proyecto de independencia. Son dos proyectos: el de la mezquindad de las riquezas que patrocina el ahogo de la humanidad, o Lautaro. Nuestros patriotas supieron elegir.
