La DAIA y el encubrimiento

Autor: Dr Luis Kon / Comisión de Asuntos Jurídicos
10 de ENERO 2017
La reactivación de la denuncia formulada hace dos años por el fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, el excanciller Héctor Timerman y otros acusados, que fuera impulsada con gran empeño por la conducción actual de la DAIA, no tiene como objetivo lograr el esclarecimiento del atentado a la AMIA.

Pretenden —junto con otros objetivos relevantes que expondremos más adelante— desviar la atención del público y beneficiar a los acusados de encubrimiento que están siendo hoy juzgados por el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Luciano Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli.

Para llegar al actual juicio oral fue necesario que —luego de diez años— se anularan las diligencias tramitadas por el destituido juez Galeano quien montó un artificio para cerrar la causa acusando a inocentes de la autoría del atentado. Dicha escenificación parece haber contado con la complicidad de todos los que actualmente están siendo juzgados acusados de las diabólicas maniobras.

Uno de los implicados es el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, quien está acusado en el proceso que se tramita desde el 6 de agosto de 2015. La imputación que pesa sobre el exdirigente comunitario es el haber encubierto a los autores del atentado construyendo “pistas falsas” y desviando la investigación de modo intencionado, con detenciones arbitrarias, permitiendo la pérdida de diez valiosos años que demoraron el avance del proceso.

Los otros exfuncionarios acusados son el expresidente Carlos Menem, el exsecretario de la exSIDE, Hugo Anzorreguy; el comisario Jorge “Fino” Palacios; el exjuez Juan José Galeano; los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el testigo (comprado) Carlos Telleldín y el almirante Juan Carlos Anchezar también integrante de la exSIDE. Se suman a los procesados el abogado Víctor Stinfale y otros personajes menores.

Sin estar vinculados, formalmente, buena parte de los miembros de las comisiones directivas de DAIA —contemporáneos y sucesores de Beraja— mantienen indudables compromisos con quien fuera también titular del Banco Mayo. Como titular de esa entidad financiera fue juzgado y condenado por defraudaciones al Estado ejecutadas mediante autopréstamos, maniobras financieras en el exterior y otros delitos que provocaron la desaparición de la institución bancaria.

Es en este sendero de caída libre de la autoproclamada “representación política de la comunidad judía” en el que sus inescrupulosos operadores utilizan un suceso político para intentar borrar su trayectoria vergonzante.
La polémica decisión del gobierno kirchnerista de intentar avanzar en el proceso judicial firmando un Memorándum de Entendimiento con el gobierno iraní con la intención de lograr la declaración de los sospechosos presuntamente implicados en el atentado, le dio a la DAIA la pretendida oportunidad de disimular su bochornoso presente.

El Memorándum ha sido utilizado por la DAIA para victimizarse y generar una actividad judicial destinada, por un lado a lograr la declaración de inconstitucionalidad del tratado y, por otro, para plegarse a la denuncia del exfiscal Nisman contra la expresidente de la Nación. Dicha acción fue ejecutada en oposición a la opinión de las organizaciones de familiares de las víctimas que, sin mucho entusiasmo, apoyaban cualquier medida que sacara la investigación de su estado de parálisis, al tiempo que criticaban la actuación del fiscal Nisman a quien acusaban de (a) viajar mucho sin producir resultados, (b) acumular documentación inútil para el progreso de la causa y (c) dilapidar recursos.

La iniciativa de al DAIA se instaló en oposición al Congreso de la Nación que había ratificado el Memorándum para convertirlo en Tratado a pesar que el mismo no resultaba ser tan beneficioso para los propios iraníes quienes nunca llegaron a aprobarlo.

En 1996, mientras Beraja, el juez Galeano y el titular de la SIDE, con el aval del gobierno menemista, disponían una pista falsa, Cristina Kirchner integraba el grupo de legisladores —en conjunto con “Chacho” Álvarez y Federico Storani— que conformaron la Comisión Bicameral destinada a fiscalizar la investigación del atentado y evitar que terminara consagrando un estado de impunidad como había sucedido con el atento a la Embajada de Israel.

Durante aquel período, Cristina Kirchner firmó un dictamen en disidencia cuestionando la investigación sin referirse a la labor de Galeano por entender que quitarle respaldo supondría hacer caer el proceso. Ese proceder estuvo guiado por una conducta auténtica encaminada a esclarecer el atentado. Es más, dejó de respaldar a Galeano, mientras otros legisladores lo hacían, cuando las diferentes agrupaciones de Familiares de las Víctimas le advirtieron acerca de lo que sucedía en el Juzgado.

La DAIA no ignora, ni puede desconocer, cuál fue la actitud de la expresidente y los integrantes de esa Comisión. Tampoco puede eludir el motivo por el que las organizaciones de familiares —en abrumadora mayoría— tomaron distancia de la institución comunitaria y pasaron a denunciarla. No puede ignorar que carece de representación, incluso, en referencia a los familiares de las víctimas, salvo tres o cuatro a quienes usa como propaganda frente a la prensa. No lo ignora pero intenta simularlo una y otra vez y apuntando la mirada hacia otro lado.

Como coronación de ese comportamiento, y respondiendo a su actual posicionamiento al que fue arrastrada por una dirigencia cooptada por el oficialismo, con la complicidad de un enorme blindaje mediático, la DAIA se alinea con la derecha republicana de EE.UU. y la política exterior israelí, en consonancia con el flamante presidente Donald Trump y el reposicionamiento del gobierno macrista.

La dirigencia de la DAIA decide jugar —con aparente éxito publicitario— una carta que la convierte en denunciante de un encubrimiento inexistente. Frente a esos hechos, desde el LLAMAMIENTO Argentino Judío sostenemos que la DAIA sólo habla en nombre de un reducido número de argentinos judíos, aquellos que se encuentran complotados —únicamente— para desacreditar, escarmentar e inhabilitar políticamente a la expresidenta de la Nación.

Dr. Luis Kon
Comisión de Asuntos Jurídicos

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